En septiembre próximo iniciará en Baja California el plan con el que se regularizarán los autos en condición irregular en la frontera Norte del país, prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante una gira por Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Es un medio necesario, entonces, vamos a buscar un acuerdo también para que no se afecte a las agencias, pero sí habrá plan de regularización”, reiteró.
Días después, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, confirmó que el plan de regularización podría hacerse mediante un decreto presidencial que imponga nuevas condiciones para importar automóviles y derogue el decreto de importación definitiva de vehículos establecido en 2011, vigente hasta el 24 de septiembre de 2024.
El decreto en mención, permite la importación de automóviles usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, observando condiciones físico-mecánicas y de medio ambiente, y ha sido prorrogado por diferentes administraciones federales, incluida la actual.
Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señalan que en junio de 2021 se importaron 14 mil 169 autos usados, un incremento anual de 72.1%.
A principios de semana, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas, declaró que no se necesitan esquemas de importación distintos al existente, y junto al director de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, rechazó la medida de López Obrador.
Rosales Zárate reprochó que la industria automotriz “no ha sido tomada en cuenta” por el Gobierno de México, ni se ha tenido respuesta por parte de Presidencia a la solicitud hecha para reunirse con el mandatario mexicano.
Aseguró que, tras el anuncio del titular del Ejecutivo, se ha “exacerbado” la introducción de autos usados de procedencia extranjera a México, y pidió a los tres órdenes de gobierno frenar el contrabando automotriz.
Por otra parte, el presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Rafael Crosthwaite, se pronunció en contra del otorgamiento sin transparencia de la concesión, por 15 años, a la empresa Worldwide Environmental de Verificación Vehicular, SA de CV (filial de la estadounidense Worldwide Environmental Products, Inc) para operar el nuevo programa de verificación ambiental de automóviles, que será obligatoria para todos los vehículos, incluidos los autos “chocolate”.
