La reforma a dos leyes locales que transfiere las facultades de los organismos operadores del agua a los municipios, no es realmente una municipalización, considera el investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Alfonso Cortez Lara, quien duda de las intenciones de este abrupto movimiento administrativo; mientras que la diputada Eva María Vásquez, asegura que este movimiento de última hora tiene como objetivo “amarrar” contratos para la empresa Fisamex, aprovechando que al menos cuatro de los cinco municipios de Baja California, serán gobernados por bonillistas. El proceso causó gran conflicto político dentro de Morena, pues la bancada morenista dividió su voto, motivados por el choque político de los gobernadores vigentes, el constitucional y la electa. Aun así, la Ley de Agua de Bonilla no municipaliza y es negocio para Fisamex
En febrero de 2021, la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, presentó al secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección de Agua, Salomón Faz Apodaca, una solicitud formal para el traslado de los servicios de agua potable al Ayuntamiento.
Ofreció una justificación y aseguró que su administración y la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE) se encontraban en condiciones idóneas para transferir sus capacidades y cumplir con el Artículo 115 constitucional que otorga facultades y responsabilidades a los municipios del manejo del agua potable y los servicios inherentes.
Luego de reiteradas solicitudes, el 7 de abril, el funcionario bonillista respondió que el Estado puede mantener, previa autorización del Poder Legislativo, la operación de los organismos de agua, cuando su transición represente un riesgo para el servicio a la comunidad, advirtiendo que el Gobierno del Estado pretende continuar operando las diversas comisiones de servicios públicos.
El oficio SEPROA/0040/2021 refiere textualmente que “al ser el servicio del Agua una prestación que está vinculada a garantizar un derecho humano de los habitantes del estado, como administración estatal no podemos poner en riesgo el acceso a este derecho, al transferirlo a un Ayuntamiento que se encuentra en franca crisis administrativa y de gobernabilidad como el Ayuntamiento de Tecate”.
Tres meses después, el gobernador Jaime Bonilla Valdez nuevamente cayó en la contradicción, y sin previo aviso, firmó una iniciativa para ceder la operación de los organismos del agua a los municipios, entre estos al de Tecate, el mismo al que hace tres meses le negó esa posibilidad.
El documento, presentado el 23 de julio, se dio a conocer un día después por medio de una transmisión en vivo, desde la red social Facebook, del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien aseguró que con esta medida se cumpliría una promesa de campaña, además de respetar un ordenamiento constitucional que data de 1999 y lleva más de 20 años sin cumplirse.
Apenas tres días después de que se recibió en Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, encabezada por el ex priista y ex Movimiento Ciudadano ahora convertido en morenista, Elí Topete Robles, aprobó el proyecto de dictamen en una sesión fast track de 20 minutos y sin cambiarle una sola coma al documento. Tras una cuestionable dispensa de trámite, el miércoles 28 de julio, diputados -la mayoría ajenos a Morena- respaldaron la iniciativa por la mínima de 13 sufragios a favor, concretando así la victoria de Bonilla, pero dividiendo la bancada morenista, a escasos días de concluir la XXIII Legislatura.
Para Alfonso Cortez Lara, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), la propuesta del gobernador no es realmente una municipalización del servicio de agua potable, puesto que se limita a la operación del organismo, pero la planeación, política pública y gestión, continuará bajo el régimen del Poder Ejecutivo.
Mientras que la diputada Eva María Vásquez, arremetió contra la propuesta, afirmando que la intención de Bonilla no es más que un intento por perpetuar su poder en el manejo del agua, con la intención de beneficiar a la empresa Fisamex, la cual fue utilizada como una herramienta de extorsión a los sectores productivos para exigirles grandes sumas de dinero, bajo un supuesto adeudo de derechos de conexión de agua. En caso de no pagar, cortan el suministro de manera inmediata.
LA PROPUESTA
El proyecto de dictamen presentado por el Poder Ejecutivo el 23 de julio, consta de 14 páginas, cuatro de estas como parte de exposición de motivos. No cuenta con un estudio de viabilidad financiera ni una justificación más allá de la discursiva y política, pues hace referencia y responsabiliza a “los gobiernos del pasado”.
La única base jurídica recae en el Artículo 115 de la Carta Magna, donde claramente refiere que el otorgamiento del servicio de agua potable es responsabilidad de los municipios.
El proyecto de reforma que modifica los artículos 1, 14, 15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 101, 108; y adiciona 122 123 y 124 de la Ley que Reglamenta los Servicios de Agua Potable del Estado de Baja California, así como el Artículo 38 BIS de la Ley de Administración Pública del Estado de Baja California. Básicamente otorga a los municipios la responsabilidad de los organismos operadores del agua.
El Artículo Primero quedaría de la siguiente manera:
“El diseño, planeación, gestión y coordinación de las políticas públicas en materia de agua en el Estado de Baja California estará a cargo del Ejecutivo del Estado, quedando la proyección, dirección y ejecución de las obras de captación, conducción y distribución de los Sistemas de Agua Potable para el servicio público de las poblaciones del Estado, a cargo de los Organismos señalados en la presente Ley”.
Según Alfonso Cortez Lara, prácticamente le “amarra las manos” a los ayuntamientos, toda vez que les otorga las obligaciones más complicadas a los municipios, pero los temas importantes quedan a cargo del Estado, como el diseño, planeación, gestión y coordinación de las políticas públicas en materia de agua.
El investigador de El Colef cuestionó cómo se puede fijar una tarifa o tener una total disposición del manejo del agua, cuando la planeación es un tema estatal, limitando a los municipios a ser ejecutores.
“Si esta propuesta fuera una municipalización, debería integrar todo esto, pero es una transferencia parcial de funciones, todavía no está con el diseño de la política, esa se mantiene todavía en el Estado, en la Seproa (Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua) y también en la parte de las tarifas se quedan todavía en el gobierno estatal. En la iniciativa dice que hay un plazo para que creen una parafinanciera, que es para la parte financiera, una paramunicipal, pero le veo riesgo en eso, porque estamos en cambios de administración”, refirió el experto.
En el recién agregado Artículo 123 de la misma Ley, se confirma la ambigüedad respecto a quién cobrará el agua y los servicios respectivos, puesto que no otorga facultades de cobro al organismo operador -algo que sí se define en la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California-, con lo que a juicio del consultado, queda abierta la posibilidad de que los servicios que ofrezca el órgano operador del agua sean pagados al Ayuntamiento, pero la definición de las tarifas, el cobro de las mismas y el servicio del vital líquido quede en las arcas estatales.
En dicha reforma también se contempla que los titulares de los órganos operadores de agua sean propuestos por la presidencia municipal, pero avalados por dos terceras partes del Cabildo. Sin embargo, sus facultades serán limitadas porque se subordinará al diseño y política pública y gestión de la Seproa.
Otro de los puntos que define y endurece, es el mecanismo para cobro de deudas, donde define de una forma más clara el procedimiento de exigencia de pago e incluso de embargo de inmuebles cuya deuda sea sostenida.
“Respecto de las cantidades que no hubieren sido cubiertas directamente al organismo encargado del servicio, el cobro se realizará a través del procedimiento económico-coactivo. El importe del cobro que se recupere del procedimiento, deberá ingresarse al patrimonio del referido organismo que corresponda”, lo que básicamente es otorgar más herramientas en materia de recaudación.
La reforma en sus artículos transitorios también define que a más tarde en 30 días naturales se cree una Comisión Especial, dirigida por la Secretaría General de Gobierno, Seproa, Hacienda, los representantes de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos (CESPS) y un representante del Ayuntamiento para que lleven a cabo el proceso de transición, definir los tiempos para trasladar todos los bienes inmuebles a los ayuntamientos, fijando además un plazo de 60 días para crear al organismo y hasta seis meses para que se lleve a cabo la reglamentación de cada organismo por parte de los cabildos.
La excepción se da en los municipios de Rosarito, San Quintín y San Felipe, a los cuales se otorga un año para crear dicha institución; mientras no se concrete, los ayuntamientos más grandes como Tijuana, Ensenada y Mexicali, seguirán a cargo de ofrecer el servicio.
Uno de los puntos más polémicos, es el Transitorio Noveno: “Los procesos judiciales, administrativos y laborales, así como los demás asuntos jurídicos que se encuentren en proceso, incluyendo los derivados de la determinación y cobro de contribuciones derechos y sanciones a nombre de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Ensenada, Tecate y Tijuana, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, corresponderá atenderlos a las actuales comisiones estatales de servicios públicos, según corresponda, en tanto se crean los Organismos paramunicipales”.
Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, precisó que este es uno de los puntos más delicados en materia financiera, puesto que los pasivos, pensiones, laudos y hasta las virtuales derrotas jurídicas por los indebidos cobros de Fisamex, serían cubiertos por los organismos operadores cuando sean creados.
ZETA solicitó información al respecto a Salomón Faz Apodaca y dijo no contar con ellos, pero refirió que son pocos los procesos que se han perdido en torno a Fisamex.
Precisamente por esa razón, consideró que los estudios de viabilidad financiera eran necesarios para analizar las condiciones en que se recibirán los organismos, para saber sí los municipios tienen posibilidades de solventarlos.
QUIEREN MANTENER EL NEGOCIO PARA FISAMEX: PAN
Tanto el presidente de la Coparmex Mexicali como el doctor Alfonso Cortez Lara, consideraron que la municipalización de los servicios de agua potable debe concretarse, pero dudaron de las condiciones en que se llevó a cabo, con una propuesta, una sesión de comisión exprés, una dispensa de trámite para subirlo a cinco días de haberlo enviado al Congreso del Estado.
Sin embargo, la única que ofreció motivos específicos para llevar a cabo esta reforma, es la diputada Eva María Vásquez, quien criticó que la intención sea mantener el proyecto Fisamex operando, pero ahora en los municipios.
Aseguró que el gobernador Jaime Bonilla Valdez, sabe que el siguiente mandato morenista a cargo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, no pretende incluir a dicha empresa en sus planes de cobro, por lo que se busca delegar la función de operación y cobro de ciertos servicios a los ayuntamientos afines al mandatario en turno.
Y es que consideró que los alcaldes de Ensenada y Rosarito, Armando Ayala y Araceli Brown; y los electos de Tecate y Tijuana, Edgar Darío Benítez y Montserrat Caballero, son afines a Bonilla, por lo que la llamada municipalización sólo está motivada en mantener la operación de dicho negocio.
Acorde con el doctor Cortez Lara, este tipo de esquemas de cobro son perjudiciales para los organismos públicos, los cuales recaudan una fuerte suma de dinero para obtener deudas que la misma institución puede cobrar.
“Acuérdate de los ‘borrones y cuentas nuevas’, obviamente dejaste deudas, hubo perdón de tarifas a sectores industriales, manejos de manera arbitraria las tarifas, claro que promovía que se generara deuda, y luego llega esta administración y lo ve como un botín, no es algo que induzca el buen uso y la confianza en las instituciones; si empiezas con ese tipo de dudas, va a afectar la gestión rápido”, refirió el investigador.
Por su parte, Octavio Sandoval López, de la Coparmex Mexicali, expuso que hay un pasivo laboral que se debe reconocer, como las pensiones que deberían estar fondeadas para enfrentar el pasivo laboral, o de lo contrario, el Ayuntamiento sólo recibiría deuda.
Sin embargo, la principal preocupación de la Confederación es que las comisiones de servicios públicos de Tijuana y Mexicali cuentan con un importante número de demandas por los cobros indebidos de Fisamex, que aproximadamente en 2022 podrían estarse resolviendo en su mayoría, muy probablemente, cuando ya los organismos de agua pertenezcan al municipio, el cual se convertiría en responsable de devolver el dinero que nunca llegó a sus arcas.
DIPUTADOS DE MORENA SE OPONEN
La modificación legal presentada en el Dictamen 4 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, dejó en evidencia la ruptura de un gran sector de Morena con el actual gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien se hizo de sus aliados e incluso de partidos que habían marcado una oposición, para alcanzar los 13 votos.
La tarde del miércoles 28 de julio fue analizada en el pleno la iniciativa de reforma a ambos estatutos, donde las diputadas Rosina del Villar y Araceli Geraldo, de Morena; Eva María Vásquez, del PAN; y Javier Robles, del PRI, exhibieron su inconformidad por el proyecto presentado por Bonilla.
Mientras que algunos como Evangelina Moreno aseguraban que se omitía a las comunidades indígenas del tema, la diputada Del Villar señalaba incumplimientos jurídicos por parte de los iniciadores del dictamen, aseverando que estaban de acuerdo con la municipalización de los servicios de agua potable, no así en el esquema que se pretendía.
Luego de aprobar la dispensa de trámite, cinco diputados se posicionaron para rechazar la iniciativa, pero nadie se atrevió a defenderla, ni siquiera Elí Topete Robles, quien dirige la comisión dictaminadora. Al final, sólo tres pudieron emitir una postura al respecto.
La votación quedó de la siguiente manera:
A favor:
La presidenta de la Mesa Directiva, Eva Gricelda Rodríguez; María Luisa Villalobos Ávila, Ramón Vázquez Valadez, Gloria Araceli Miramontes, Elí Topete Robles y Víctor Manuel Morán, de Morena; Claudia Agatón y Julio César Vázquez Castillo, del PT; los célebres diputados “sin partido” Trinidad Vaca Chacón y Miguel Ángel Bujanda Ruiz; Rodrigo Otañez Licona, de Movimiento Ciudadano; Víctor Hugo Gutiérrez Castro, del PRD; y Edgardo Leyva Pérez, del PVEM.
En contra:
Javier Robles, del PRI; Eva María Vásquez y Loreto Quintero Quintero, del PAN; Rosina del Villar Casas, Araceli Geraldo, Mirian Cano, Juan Meléndrez, Evangelina Moreno Guerra, Julia González y Víctor Hugo Navarro, de Morena; y Efrén Moreno, del PVEM.
El diputado Juan Manuel Molina se abstuvo.
Uno de los principales argumentos expuestos en contra por los legisladores, fue que se violó el proceso parlamentario al no hacer circular el dictamen con 72 horas de anticipación, según consta en el Artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, sin mencionar que el Artículo 30 constitucional determina que los ayuntamientos debieron ser citados con cinco días de anticipación para participar en la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos para emitir una opinión respecto a la posible municipalización de los servicios de agua.
En entrevista, la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez, confirmó esa información, pues aseguró que se enteraron a través de los medios de comunicación de la intención del mandatario estatal. Consideró que el Poder Legislativo cometió nuevamente un error al no invitar a los ayuntamientos para emitir un posicionamiento, puesto que sus gobiernos tienen mucho que decir al respecto, ya que -por ejemplo- en Mexicali se gasta el 73% del presupuesto en nómina, por lo que tendrían que analizar la carga financiera que representaría hacerse cargo del organismo operador del agua.
El debate no fue acalorado, pero sí hubo tensiones en algunos momentos, como lo ocurrido con el diputado Fausto Gallardo, quien ese día acudió a las instalaciones del Poder Legislativo con la intención de regresar al pleno, pues -según declaró- tenía interés en participar en la sesión debido al polémico tema que estaba en el Orden del Día.
Hay que recordar que Gallardo compitió en el pasado proceso electoral por una curul en la Cámara baja del Congreso de la Unión, donde resultó airoso, y desde ese momento no había regresado a su escaño en el Congreso local.
La diputada Eva Rodríguez no le permitió sufragar, argumentando que no entregó a tiempo el oficio de regreso a la presidencia, por lo que ya no podría participar en esta sesión.
SEPROA, EN DEFENSA DE LA REFORMA
A diferencia de lo expresado por el investigador de El Colef, el titular de la Seproa, Salomón Faz Apodaca, consideró que este es el mejor momento para llevar a cabo la reforma, toda vez que al inicio de la administración faltaba experiencia para la administración del agua y no había condiciones para que los municipios pudieran cubrir la operación del agua.
Sin embargo, a escasos meses de concretarse el cambio de gobierno, se aceleraron los trabajos, debido a que es una propuesta de campaña del gobernador.
Comentó que el 13 de mayo se creó la Secretaría para el Saneamiento, Manejo y Protección de Agua, con la intención de coordinar los trabajos que se llevaran a cabo en materia hídrica.
“Cuando vamos a las colonias plantea temas de agua y drenaje, pero también de basura. Yo les digo que no es mi tema; los servicios son unos, agua, drenaje y pavimentación, basura, todos son municipales. Una sola entidad hace lógica que tenga la respuesta a unas soluciones”, expuso el funcionario estatal, quien aseveró que toda la planilla de personal de las diversas comisiones de agua ronda en las 5 mil personas: mil 732 en Tijuana y poco más de mil 200 en Mexicali.
Toda esa nómina tendría que incluirse en los respectivos ayuntamientos, los cuales ya se encuentran en una situación financiera crítica.
Asimismo, observó que tanto Tijuana como Mexicali son municipios que mantienen finanzas relativamente sanas y no tendrán problemas para arrancar la operación, aunque mantuvo ciertas reservas con Ensenada y, si bien elogió el trabajo realizado por su equipo de trabajo, reconoció que hay muchas situaciones complicadas en este municipio.
Al respecto, el doctor Cortez Lara, de El Colef, comentó que la situación de Ensenada es aún más crítica de lo que refiere el titular de la Seproa, toda vez que se encuentra en números rojos, según dictámenes que llevó a cabo, aunado a que la problemática hídrica de aquel municipio costero es diferente, sobre todo por las enormes extensiones de territorio y lejanía de algunas comunidades del Sur profundo.
Faz Apodaca habló poco de Tecate, pero Cortez Lara indicó que es el municipio con mejor eficiencia y capacidad para hacerse cargo de la Comisión de Servicios Públicos, debido al gran manejo que ha tenido la CESPTE.
Por ello considera que la municipalización de las comisiones de agua no debe ser una imposición como actualmente pretende hacerse, sino a petición de los municipios, máxime porque algunos tienen mejor infraestructura, distribución y control en el cobro del vital líquido.
Recordó municipios como Caborca y Guaymas, Sonora, los cuales tuvieron que regresar a la responsabilidad del Estado debido a que no tuvieron la capacidad para cubrir con las responsabilidades. Curiosamente -aseguró- ambos municipios fracasaron intentando imponer un esquema similar al que se está planteando en Baja California.
Faz Apodaca descartó que el problema de las tarifas fuera una situación de control estatal, ya que será previsto desde la Ley de Ingresos de los municipios. Sin embargo, reconoció que hay temas trascendentes que deben ser tratados en coordinación con el Estado, sobre todo cuestiones de préstamos, el diseño de la política pública en materia de uso, saneamiento y reutilización del vital líquido, además de fungir como intermediario con los organismos federales.
Respecto a los laudos, amparos y recursos judiciales pendientes, el funcionario aseveró que son pasivos contingentes, los cuales puede ganar o perder la institución, mismos que serán heredados a la administración municipal.
El titular de la Seproa dio a conocer que pelean aproximadamente cien amparos por los cobros arbitrarios de Fisamex, la mayoría de estos une a varias personas morales en un mismo proceso judicial.
Agregó que tiene conocimiento sólo de un proceso judicial perdido por 60 mil pesos, y que no tiene una sentencia definitiva, por lo que están peleando jurídicamente con la iniciativa emprendida por Bonilla.
El funcionario cree firmemente que este es el proceso correcto para solventar las necesidades hídricas del Estado, puesto que la secretaría que dirige, es la encargada de coordinar a los organismos de agua en una política pública dirigida hacia el mismo rumbo.
“La Seproa se dedica a eso, la política hídrica y agua en bloque lo va a seguir operando el Estado, concesiones de pozos viene de Conagua, en Tijuana tiene 20 pozos. Tijuana y Ensenada, el futuro es la desaladora”, enfatizó.
Durante la pandemia, el consumo de agua incrementó de manera sustancial, sobre todo en Tijuana, donde anualmente requerían alrededor de 100 litros por segundo extra de lo previsto en cada año, pero en 2020 se solicitaron más de 500 unidades, lo que redujo sustancialmente las proyecciones a los próximos 10 años en el consumo de agua en Tijuana.
