CESP: la disputa del poder entre Marina y Bonilla

Edición Impresa lunes, 9 agosto, 2021 12:00 PM

Más allá de los miles de millones de pesos que podría representar el control de los órganos operadores de agua en los municipios, para los gobiernos entrante y saliente de Baja California, encabezados por la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda y el actual mandatario Jaime Bonilla Valdez, ambos morenistas, mueven sus piezas, cabildean y amenazan a sus correligionarios para que se definan, pero nunca se confrontan directamente. Para el abogado Guillermo Rivera, existen elementos para presentar una solicitud de juicio político contra el alcalde de Ensenada por lo ocurrido en la sesión del miércoles 4 de

El lunes 2 de agosto se llevó a cabo una cordial reunión entre los dos gobernadores de Baja California. La gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el actual mandatario Jaime Bonilla Valdez, en la que posaron gustosos y felices.

El encuentro fue en las oficinas de gobierno de Tijuana, y significó el arranque formal del proceso de entrega-recepción, en el que todo se llevó a cabo con cordialidad y sin debatir temas escabrosos.

Al ver la imagen difundida por el equipo de comunicación social del Gobierno del Estado, nadie se imaginaría la lucha intestina que se vive desde hace varias semanas dentro de la administración pública, específicamente dentro de Morena y sus aliados, donde los bandos de ambos mandatarios mueven sus piezas, luchan, cabildean y amedrentan a regidores, síndicos y diputados, exigiendo definiciones.

El motivo es simple: Jaime Bonilla Valdez intentó madrugar a su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y por medio del Poder Legislativo, llevar a cabo una serie de reformas legales, de las cuales destaca la eliminación de restricciones en procesos de licitación y concesiones durante los últimos tres meses de la administración; la creación de un Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SATBC) autónomo y con una titularidad de siete años; la extensión del periodo de gestión del fiscal Guillermo Ruiz Hernández; y la municipalización -parcial- de los organismos operadores de agua. Este último es precisamente el que más conflicto ha generado entre los dos bandos.

Acta de Inconstitucionalidad en contra del decreto no. 289 en el que se aprueban diversas reformas a la ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado de Baja California

Estás con Dios o con el Diablo” es una de las frases comunes que se externan durante las reuniones secretas e individuales o los mensajes del sistema de mensajería WhatsApp, en los que se busca avanzar en las iniciativas -por parte de Bonilla- o contenerlas –en el equipo de Marina-.

La semana anterior, la lucha se dio desde el Poder Legislativo, donde se contuvieron varios temas, pero se concretó la municipalización parcial de los organismos operadores del agua. Ahora se atomizó a los cinco municipios del Estado, donde síndicos, regidores y hasta presidentes municipales forman parte de la lucha de poder.

El equipo de Bonilla utiliza tácticas de intimidación y amenazas para avanzar con la reforma, mientras que los marinistas emprendieron acciones de inconstitucionalidad y controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en busca de obtener una suspensión y eventualmente revertir el Decreto 289, que abre la posibilidad de crear las comisiones municipales de agua.

El primer proceso de entrega-recepción de gobiernos morenistas se ha vuelto el más turbulento que se recuerda, cuando restan tres meses para concluir la actual administración.

 

EL ENFRENTAMIENTO INTESTINO

El 31 de julio, la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio una declaración ante los medios de comunicación, confirmando su evidente rechazo al proceso de municipalización de los servicios de agua en el Estado, los cuales actualmente son funciones del Poder Ejecutivo mediante paraestatales.

Previo a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la XXIV Legislatura, Ávila Olmeda comentó que la empresa Fisamex “se va” y buscarían mecanismos jurídicos para dar marcha atrás al proceso de municipalización parcial de los servicios de agua.

Al día siguiente se dio a conocer algo que hace meses sería impensable puesto que uno de los últimos movimientos del pasado Congreso del Estado -de mayoría morenista- fue el interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 289 ante la Suprema, aprobado apenas el miércoles 29 de julio.

Los firmantes son Araceli Geraldo, Juan Meléndrez, Rosina del Villar Casas, Juan Manuel Molina, Víctor Navarro, Evangelina Moreno, Mirian Cano Núñez y Julia Andrea González, de Morena; Efrén Moreno, del PVEM; y Javier Robles, del PRI.

Los argumentos jurídicos son principalmente violaciones procesales:

– Durante la aprobación de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del 27 de julio, dirigida entonces por Elí Topete Robles, se aprobó el dictamen número 4 con la mitad de los integrantes, cuando el Artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que el quórum legal se concreta cuando existe más de la mitad de los integrantes.

– Se incumplió con el mandato constitucional de convocar por lo menos con cinco días de anticipación a los ayuntamientos para participar en los trabajos de la Comisión, debido a que se trata de un asunto inherente a sus funciones, lo cual se establece en el Artículo 30 de la Constitución de Baja California.

– El Dictamen 4 no se entregó a los diputados con tres días de anticipación, lo que se establece en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su Artículo 18.

– Se violó la autonomía municipal al invadir sus facultades de organización interna.

– Se incumple con el Tercer transitorio de las reformas al Artículo 115 de la Constitución Federal, al no existir una aprobación previa por parte de los ayuntamientos para asumir la prestación de este nuevo servicio.

Estos mismos argumentos fueron expuestos en las controversias constitucionales interpuestas por los ayuntamientos.

Como respuesta, el lunes 2 de agosto, el equipo del gobernador, encabezado por Amador Rodríguez Lozano, llevó a cabo un trabajo de cabildeo para que los ayuntamientos de Tijuana y Rosarito, dirigidos por Karla Ruiz Macfarland y Araceli Brown Figueredo, presentaran un acuerdo del Cabildo que arrancara con el proceso de creación de las comisiones de agua de dichos municipios.

Brown Figueredo lo aprobó sin problemas, pero Ruiz Macfarland -quien esa mañana dijo que su equipo se encontraba en un proceso de revisión de la iniciativa- se negó a respaldarla, solicitando tiempo para revisar el tema a detalle.

Ante la negativa, el Poder Ejecutivo tomó un acuerdo que el Cabildo fechado el 31 de octubre de 2013, con el objetivo de crear la Comisión Municipal de Agua de Tijuana, pero que no fue publicado por los ex gobernadores panistas José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid.

Aunque las condiciones eran totalmente diferentes, así como los objetivos, el gobierno de Bonilla Valdez aprovechó el acuerdo de hace ocho años para avanzar con su desbocado intento por municipalizar los servicios de agua que, según la hoy ex diputada Eva María Vásquez, tiene como objetivo asegurar el negocio a la empresa Fisamex con alcaldes morenistas afines.

La publicación de ambos acuerdos se concretó el 3 de agosto y, al día siguiente, los síndicos de Mexicali, Tecate y Rosarito, Héctor Ceseña Mendoza, Gonzalo Higuera Bojórquez y José Luis Zazueta Pérez, respectivamente, presentaron de forma independiente las controversias constitucionales, que prácticamente son una copia de la acción de inconstitucionalidad del Congreso.

Las alcaldesas Zulema Adams y Guadalupe Mora, de Tecate y Mexicali, así como los propios regidores, no tenían conocimiento de los actos emprendidos por sus síndicos. Sin embargo, la primera mencionada comenzó a cabildear con sus compañeros de partido y se unió a la petición de la controversia constitucional por medio del Cabildo, logrando el respaldo de diez de sus compañeros.

Esta acción fue replicada -previamente- por el Cabildo de Ensenada, y posteriormente por Tijuana, donde se peticiona a sus respectivos síndicos a que presenten recursos legales ante el órgano supremo jurisdiccional del país.

Hasta el cierre de edición, jueves 5 de agosto, ni Mora Quiñónez, ni los regidores del Ayuntamiento de Mexicali, habían emitido posicionamiento al respecto, e incluso desconocían detalles sobre el hecho.

SÍNDICOS NO TIENEN AUTORIDAD PARA EMITIR CONTROVERSIAS: RODRÍGUEZ LOZANO

El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, fue entrevistado por ZETA la tarde del miércoles, en un evento donde se formalizó la entrega del órgano operador del agua a la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.

La intención original era que Brown y su homóloga en Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, participaran en la firma de convenio para otorgar los órganos operadores del agua, y de paso, separar el organismo, toda vez que Tijuana y Rosarito comparten a la paraestatal.

El funcionario bonillista, artífice de todas las polémicas iniciativas del actual gobierno -de las cuales la mayoría fracasó-, aseguró que los síndicos no cuentan con facultades para presentar controversias constitucionales.

“En primera no se ha admitido; segundo, los que tienen la capacidad para decidir son los ayuntamientos, los síndicos solamente son los abogados de los cabildos; tercero, hay una disposición que dice que las leyes generales no se suspenden. En caso de que lo acepte la Corte, y luego, dentro de un año y medio vemos qué pasó”, refirió el ex priista y fiel alfil del mandatario estatal.

La reglamentación para el Artículo 105 Constitucional no define a detalle quiénes son los facultados para presentar acciones o controversias. Sin embargo, el Artículo 17 del reglamento de la administración pública para el municipio de Mexicali, otorga facultades exclusivas al presidente municipal para presentar controversias constitucionales.

El 1 de agosto, el propio secretario general de Gobierno aseveró que la gobernadora electa estaba en su derecho de manifestarse en contra del proyecto, pero recordó que el mandatario de Baja California es todavía Jaime Bonilla Valdez y no está obligado a revisar ningún tema con la futura encargada de la administración pública del Estado.

ARMANDO AYALA, DESBOCADO POR CUMPLIR CON EL GOBERNADOR

La lucha de poder entre el marinismo y el bonillismo ha escalado de tono durante las últimas semanas, pero uno de los incidentes más polémicos fue el ocurrido la noche del 4 de agosto, cuando el Cabildo de Ensenada sesionó, pero fue suspendida al ver que no se contaba con los votos necesarios, reanudada a los pocos minutos y se convocó a una nueva sesión con menos ediles.

El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, llevó a cabo la sesión de Cabildo con carácter de urgente, por medio de la plataforma Zoom, con el objetivo de aprobar el reglamento para la creación del órgano operador del agua en ese municipio.

Luego de un breve análisis y lectura del proyecto, comenzó la votación en el Cabildo de Mexicali. El rostro de Ayala Robles lo decía todo al ver que los votos se esfumaban y respaldaban al equipo de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La propuesta del presidente municipal llevaba siete votos en contra de los regidores Brenda Valenzuela, Yolanda Navarro, Carmen Salazar, Marisol Sánchez, Adolfo Muñoz, Carmen Jiménez y Diego Arregui; mientras que a favor iba la síndico Elizabeth Muñoz, Cristian Dunn, Joaquín Moreno y Alejandra Camargo.

Con el sufragio pendiente de los ediles Raúl Verá, Leticia de la Rosa y Yancy Pérez, Ayala Robles decidió suspender la sesión, ante la molestia de los regidores de las diversas fracciones políticas, puesto que se trató de una irregularidad.

Minutos después se reanudó la sesión y se continuó con la votación, teniendo el resultado de 8 a 7, en contra de crear el órgano operador del agua.

Los marinistas ya festejaban la victoria, pero horas después, Ayala Robles volvió a convocar a sesión y con ocho regidores -el mínimo para quórum legal- logró sacar adelante el encargo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, con el respaldo de siete ediles.

A favor de la propuesta votaron el alcalde Armando Ayala, la síndico Elizabeth Muñoz y los regidores Cristian Dunn, Joaquín Moreno, Alejandra Camargo, Leticia de la Rosa y Yancy Pérez; mientras que en contra lo hizo la regidora panista, Brenda Valenzuela, quien llamó la atención porque, aunque no respaldó la medida, su presencia en el Cabildo permitió el mínimo legal de integrantes de la sesión.

La convocatoria fue sorpresiva y violatoria del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ensenada, pues en una sesión de extrema urgencia se debe notificar con al menos dos horas de anticipación cualquier sesión, lo cual no hizo el primer edil.

Firma entre la Secretaria General de Gobierno, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y la Alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, para la transición del organismo al municipio; cabe destacar que Rosarito no contaba con una Comisión municipal sino que dependía de la de Tijuana

La maquinaria del Estado se movilizó y, apenas se aprobó el acuerdo del Cabildo, en cuestión de minutos fue plasmado y publicado en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.

HABRÍA ELEMENTOS PARA JUICIO POLÍTICO: GUILLERMO RIVERA

Para el abogado Guillermo Rivera, del despacho De la Peña-Rivera, existen elementos para que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, pueda ser sujeto a un juicio político, o al menos a una sanción administrativa, toda vez que su actuar pone en riesgo la viabilidad financiera, económica e hídrica de su municipio.

Según lo que expresa el Artículo 58 del reglamento interior del Ayuntamiento de Ensenada, “la convocatoria para la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes deberá notificarse a los interesados por lo menos con veinticuatro horas de anticipación y con cualquier tiempo de anticipación tratándose de convocatorias consideradas de extrema urgencia, siempre y cuando sean convocadas para celebrar la sesión correspondiente dentro del horario de 08:00 a las 15:00 horas, fuera de ese horario tendrá que presentarse la convocatoria con al menos 2 horas de anticipación”.

De consumarse esta acción, se podría analizar la Ley de Responsabilidades Administrativas, para efecto de determinar si existe alguna sanción específica por violar el reglamento, aunque Rivera mantuvo sus reservas ante la posibilidad de que este artículo pudiera ser suprimido en los acuerdos del desarrollo de las sesiones de Cabildo durante la pandemia.

De no ser así, consideró que el simple hecho de cometer esa irregularidad generaría que pudiera ser sometido a una sanción por parte de Sindicatura Municipal. Sin embargo, pudiera haber elementos para un juicio político.

“Cuando entró el SEA (Sistema Estatal Anticorrupción) había en la Ley abrogada de responsabilidades el Juicio Político, pero en el transitorio de la nueva Ley, mientras no se emita, va a subsistir el juicio político abrogado; el día de hoy se le pudiera abrir un juicio político a los funcionarios, y en estos casos, lo que me queda claro, habrá que generar contexto, es que cuando una institución democrática o de gobierno pone en riesgo la operatividad, institucionalidad y la democracia de la institución, ahí cabe el juicio político”, refirió el letrado, quien advierte que la decisión del Cabildo podría representar un riesgo para la ciudadanía.

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