Centros de rehabilitación bajo fuego

Edición Impresa lunes, 9 agosto, 2021 12:00 PM

Sin apoyo gubernamental ni supervisión efectiva, los

centros de rehabilitación para adictos operan en la

anarquía. Poco interesa el asunto a los tres órdenes de

gobierno, que no gestionan centros públicos gratuitos.

Crece el consumo de marihuana y metanfetaminas,

pero se adolece de tratamientos. Grupos de la

delincuencia organizada aprovechan anexos para

ocultarse, esconder a personas reportadas como

desaparecidas o reclutar halcones, sicarios y

vendedores de droga. Esas son las razones de las

masacres en este tipo de lugares en Manzanillo,

Irapuato, Celaya y otros puntos del país

El problema está reconocido, sin embargo, parece no interesar a las autoridades ni a la sociedad, sólo a quienes están directamente relacionados con el fenómeno. Mientras tanto, el consumo de drogas como la marihuana y las metanfetaminas es tal, que en algunos estados del país ya desplazó a la ingesta de alcohol, sin que muchas de las personas adictas tengan acceso a un tratamiento adecuado.

Se trata de los centros de rehabilitación para adicciones, un gran pendiente del gobierno mexicano, que en campañas políticas o planes nacionales de desarrollo, únicamente queda como un propósito que no se materializa, pues lo consideran un paquete con el que ni los municipios, ni las entidades federativas o la Federación, están dispuestos a cargar. Menos ahora que se cerró la llave de los apoyos económicos a los organismos de la sociedad civil.

Incluso el tema ha sido utilizado como escudo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se le mencionan los problemas de la inseguridad y la violencia en México. El viernes 23 de agosto de 2019, el mandatario declararía durante una de sus conferencias matutinas que, antes de hablar de pacificación, es necesario reducir el consumo de drogas. Palabras que quedaron grabadas en los cientos de discursos mañaneros que no encuentran eco en políticas públicas.

Al preguntársele sobre el combate a las drogas en esa ocasión, AMLO respondió: “Si sigue creciendo el consumo, se nos va a complicar aún más. Tenemos que bajar el consumo y por ello la campaña de orientación a los jóvenes, luego que hagamos todo eso y que empecemos a tener más control y mejores resultados, entonces vamos a ver lo de la pacificación, la convocatoria para que se puedan llevar a cabo acciones de reinserción de quienes han tomado el camino de las conductas antisociales, quiénes podrían incorporarse, quiénes no, bajo qué condiciones”.

La campaña es realizada por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), con unos cuantos spots de radio y televisión como el de “No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú, resultado del alcohol”, que en lugar de conciencia, ha despertado risa por la dramatización empleada. Pero no hay acciones de tratamiento, mismas que se han delegado históricamente en la iniciativa privada, que con capital propio, préstamos o recursos de gobiernos anteriores, ha montado los centros de rehabilitación que persisten, a pesar de que muchos no están regulados y ni siquiera en el conocimiento de las autoridades.

La falta de supervisión y el desdén de los diversos niveles de gobierno, se hace evidente sólo cuando ocurren desgracias en los centros de rehabilitación, también llamados anexos, como son los frecuentes homicidios por exceso de violencia hacia los internos, la tortura o los internamientos forzados. Situación que se ha agravado con la presencia del crimen organizado que ha llenado esos vacíos, cobrando derecho de piso o utilizándolos para sus intereses en la expansión de sus ilícitos negocios, incluso perpetrando algunas masacres en su interior.

LOS PROBLEMAS

El orgullo cuando se inaugura una nueva instalación y se presume que es el primero con tales o cuales características, las primeras graduaciones de personas que presuntamente se deshabitúan en el consumo de drogas, y la buena voluntad de buenos samaritanos, se diluye con el tiempo ante la falta de apoyo y los problemas cotidianos que enfrentan los centros de rehabilitación, cuyo número exacto desconocen las autoridades.

Iraís Alcázar, asesora de un anexo en Ensenada, asegura que ni entre las personas relacionadas con estos lugares se sabe cuántos son en total, “porque surgen como hongos y así como muchos se abren por personas de buen corazón, que ellas o sus familiares pasaron por alguna adicción, hay otros que se instalan con intereses mezquinos que rayan en conductas delictivas y no hay quien les ponga un alto.

“Uno de los principales problemas por los que pasamos en los anexos, es la falta de corresponsabilidad de parte de las autoridades sanitarias que han dejado el fenómeno a la buena de Dios y se lavan las manos. Son pocos los centros que son propiedad de algún tipo de gobierno, porque saben que ahí no van a hallar negocio. Para ellos es como un barril sin fondo. Y ahora peor con las políticas de austeridad, porque si a las guarderías infantiles y otras instituciones les quitaron los apoyos, qué se podría esperar para los adictos de sustancias tóxicas”, señaló la entrevistada.

Entre las principales dificultades, se encuentran la obsolescencia y falta de mantenimiento de las instalaciones; estancias inadecuadas, falta de higiene, la sobrepoblación que se tiene en algunos de los sitios; la promiscuidad entre internos hombres, mujeres y adolescentes; falta de capacidad y de capacitación de los operadores; trato violento, internamientos a la fuerza y la falta de recursos económicos que genera cobros a las familias de los anexados. Desde los 2 mil pesos mensuales, los más baratos, en adelante.

“Ya hace un tiempo se dijo que, tan solo en la parte Noroeste de Ensenada, había más de 50 centros de rehabilitación en adicciones, tanto para adultos como para chamacos, muchos más que el número de escuelas o parques públicos. Así está la demanda, por el creciente consumo de drogas. Y no hablamos de alcohol o tabaco, sino de marihuana y metanfetaminas que provocan daños irreversibles en esa población. El problema que se va a venir con la regularización de la marihuana y el egreso masivo de gente de las cárceles”, advirtió Alcázar.

Muchos de los centros para tratamiento de adictos se encuentran casi al tope y fuera de norma, “yo calculo, por los anexos que conozco, que un 40 por ciento de ellos tienen irregularidades manifiestas, incluso no sé si están registrados o son clandestinos, como tantos que hay, eso le corresponde verificarlo al Conadic, que tiene poco personal y al recientemente creado Instituto contra las Adicciones en Baja California, que igual es una dependencia fantasma”, argumentó.

 

LA VIOLENCIA

Al margen de los problemas comunes de operación de estos centros, pero como consecuencia de esa falta de control de las autoridades, la delincuencia organizada se ha posado sobre algunos de los cientos de centros de rehabilitación que existen en el país, registrados o clandestinos. Más allá de las actividades de financiamiento, que son mínimas de parte de los criminales, los han sumado a sus activos fácticamente.

Así, con base en sucesos, hoy se conoce que muchos de los anexos sirven para el almacenamiento de personas denunciadas como desaparecidas; son escondite o centros de operación de delincuentes que cuentan con órdenes de aprehensión o son buscados por las autoridades; se convierten en casas de seguridad para infligir torturas a deudores o adversarios; extorsionan a familiares de adictos económicamente pudientes; sirven de centros de reclutamiento de sicarios o distribuidores de drogas, y otros son punto de venta de las mismas. Solo así se entiende la violencia exacerbada en esas instalaciones, iniciando por los frecuentes homicidios por correctivos disciplinarios, hasta las grandes masacres que ha habido en el país.

El 24 de enero de 2015, cinco colaboradores del centro de rehabilitación CIDA en Ensenada fueron investigados por el homicidio de un adicto durante su traslado al edificio. El 31 de marzo de ese año, sujetos armados atacaron a tiros el centro Alcance Victoria, en la colonia Buenos Aires de Tijuana, hiriendo a tres hombres al interior.

El 12 de enero de 2016, afuera de un anexo en la colonia Chula Vista en Tijuana, apareció un joven muerto a golpes, por mencionar algunos de los hechos más cotidianos.

En 2018 aumentaron las agresiones. El 9 de enero, en Comondú, Baja California Sur, fue ejecutado el fundador del centro “Soldados Nuevos”, Adolfo Osuna. El día 28 de ese mes, en Tlajomulco, Jalisco, mataron a un anexado a golpes. El 11 de febrero, acabaron a tiros con la vida de un comerciante que estaba dentro de un albergue para alcohólicos. En El Salto, Jalisco, el 7 de agosto, otro interno fue muerto a golpes en el sitio que irónicamente tenía por nombre “Volver a Vivir de Nuevo”. Y el 25 de octubre balearon a dos mujeres y tres hombres frente a un anexo de la colonia Campos en Tijuana.

Sin embargo, a partir de 2019 aumentó la magnitud de los ataques. El 5 de abril, sicarios arrojaron una granada que no estalló en un centro de rehabilitación para adictos en Oaxaca y dejaron una cartulina amenazante. El 14 de agosto, un comando armado irrumpió en otro de estos sitios en la delegación de Santiago en Manzanillo, Colima, acribillando a seis internos.  El 5 de diciembre, en el centro “Dios es mi Salvador”, otra gavilla se llevó por la fuerza a 26 jóvenes adictos. Y en Ensenada, militares incautaron una tonelada de marihuana frente a un anexo de Maneadero.

El año 2020 fue atroz en la materia. El 14 de enero, autoridades liberaron a siete mujeres a las que dejaban encerradas y solas en un centro de rehabilitación de Tala, Jalisco. El 7 de junio, sicarios irrumpieron en anexo de Irapuato y asesinaron a 10 personas. El 1 de julio, en la misma ciudad, pero en otro anexo, fueron aniquilados a balazos 28 internos. Dos días después, huyen despavoridos por la violencia y amenazas, 25 adictos de un centro de Valle de Santiago, Guanajuato. El 24 de octubre, otro comando mató a cuatro personas en el anexo “Fuente de Vida” en Celaya.

Hubo otros baleados y asesinados a golpes o estrangulados en anexos durante 2020. En Playas de Tijuana, el 13 de octubre; en Teuchitlán, Jalisco, el 20 de noviembre; y en Monterrey, el día 30 del mismo mes. Mientras que en 2021, un interno fue maniatado, amordazado y victimado a golpes en la colonia Polanco de Guadalajara; y otro adicto fue torturado y asesinado a golpes en un centro de tratamiento para adiciones en la Capital de Puebla.

 

RECLUTAMIENTO

Estos lugares han servido activamente a células de organizaciones criminales para reclutar a halcones, dealers y sicarios, como también se ha advertido en las escasas investigaciones policiales al respecto. Una de estas, en mayo de 2016, cuando la Fiscalía de Jalisco descubrió que en el centro de rehabilitación “Despertar Espiritual” se maltrataba y se tenía a la fuerza muchas de las 271 personas, 144 de ellas mujeres y 18 menores de edad, en el municipio de Tonalá.

El entonces fiscal Eduardo Almaguer señaló que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba detrás de la operación del anexo: “Quiero decirles efectivamente que hay una línea de investigación que nos hace presumir de manera muy clara la vinculación de la delincuencia organizada, toda vez que aquí estaban escondidas once personas, once sujetos con órdenes de aprehensión que opera aquí en el Estado, son un grupo de delincuentes y de criminales”.

Posteriormente, el levantón de un policía de Zapopan que estaba en su día descanso y un acompañante, el 21 de agosto de 2020, llevó a las autoridades de Jalisco hasta una finca en ese municipio, donde no sólo estaban las dos personas en una habitación, esposadas y muy golpeadas, sino que en el lugar, que era un centro de rehabilitación clandestino, había unos 100 individuos más internados, entre ellos mujeres y adolescentes. Doce sujetos fueron detenidos y cinco de ellos consignados a prisión, pero la fiscalía no reveló detalles del caso.

El asunto más reciente, que pone al descubierto la operación del narcotráfico en los anexos, es la detención de una docena de individuos fuertemente armados en Mexicali como presuntos miembros de una organización criminal, el 2 de noviembre de 2020. Policías municipales y estatales capturaron a los sospechosos en un inmueble de la colonia Independencia, donde fueron instalados por el grupo de “Los Salazar”, quienes están operando en Baja California para “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Presuntamente los jóvenes, en su mayoría adictos a sustancias tóxicas, fueron reclutados semanas antes de un anexo en Mazatlán, Sinaloa, que se llama “Oportunidad de Vida”. A cambio del pago de 2 mil pesos semanales, se trasladaron a Mexicali con la finalidad de apoderarse de los territorios que lidera Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega”, brazo ejecutor del capo Jesús Alexander Sánchez Félix “El Ruso”, al servicio de la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, del mismo cártel sinaloense, en pugna con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A los jóvenes se les vincula con diversos homicidios en la región.

Uno de los cárteles pioneros en el empleo de adictos de los centros de rehabilitación fue La Familia Michoacana en la primera década del nuevo milenio. Después les imitaría el Cártel de Juárez con los pandilleros anexados. Pero el caso de los michoacanos era más peculiar porque el reclutamiento implicada primero un adoctrinamiento de carácter religioso y emocional, como lo refirieron en su momento delincuentes que se convirtieron en testigos protegidos por la entonces Procuraduría General de la República.

Cada adicto reclutado por el cártel que operaban Nazario Moreno González “El Más Loco”, Jesús “El Chuy” Méndez y Servando Gómez Martínez “La Tuta”, tenía que llevar a tres o cuatro jóvenes más para participar en los retiros de superación personal denominados “Hombre a Hombre”, “Cuarto Paso” y “Quinto Paso”, que se realizaban a manera de congregaciones en ranchos o haciendas. También las células criminales tenían que enviar a seis de sus elementos por cada plaza en Michoacán.

A nombre de los anexos se inculcaban “valores” sobre la importancia de La Familia Michoacana y de Dios, ya que les adoctrinaban en el sentido de que “los sicarios recibían una orden divina para asesinar o secuestrar, pero que todo eso era porque Dios lo permitía”, coincidieron los testigos. Al terminar el curso, les regalaban varias biblias para que las compartieran con otras personas, así como la experiencia y se les invitaba al sicariato, lo que decidían voluntariamente. A los adictos que no mostraban interés, los devolvían a sus anexos.

Hoy se asegura que en algunas entidades, los actos de supervisión a los centros de rehabilitación los realizan los propios grupos criminales, quienes cuentan con bases de datos y pasan lista a los anexados. Versión que pareciera sacada de la ficción, pero sigue sorprendiendo a la realidad.

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