Los Centros de Justicia Penal ubicados en Ensenada, Tecate y Tijuana, cuya construcción se remonta a la administración de Francisco Vega de Lamadrid (20013-2019), siguen sin operar en su totalidad. Secretario general de Gobierno argumenta que el gobierno anterior heredó las edificaciones, no así los recursos para hacerlas funcionar. Presidente del Tribunal Superior de Justicia confía en que al menos dos de esos complejos podrán entrar en funcionamiento próximamente. Abogado litigante difiere y opina que el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, no aprovechó su relación con el Presidente López Obrador para inyectarle recursos al Poder Judicial; otra herencia de Bonilla a Marina, la habilitación de las ciudades judiciales
La administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, está a punto de finalizar sin que estén operando en su totalidad los Centros de Justicia Penal construidos durante el gobierno anterior, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid.
A lo largo de casi dos años, semejantes complejos, destinados a la operatividad conjunta de la Fiscalía General, Gobierno del Estado y el Poder Judicial, en su mayor parte han permanecido en desuso.
Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia, refirió a ZETA que por lo que respecta a esos inmuebles, el Poder Judicial no está operando conjuntamente con la Fiscalía y el Gobierno del Estado. Según detalló, el recinto ubicado en Ensenada, a pesar de ofrecer un avance de 95% en términos de construcción, presenta un problema de estacionamiento; de modo que no se ha otorgado permiso para su operación.
“Es un edificio ahora sí que de primer nivel, donde sí cambiaría la justicia, hay salas de audiencia, obviamente están vacíos, pero el Poder Judicial sí pudiera equiparlos, sí tengo recursos para mobiliario, para computadoras y todo eso”, indicó el entrevistado.
Del que se encuentra en Tecate, “ese sí va muy atrasado”, y dio pormenores: “Ese edificio, sí se requiere mucho más trabajo, y ese, la verdad, ni ellos (Gobierno del Estado) ni nosotros lo hemos tocado, dicen que ya, nosotros no lo hemos ocupado, creo que fiscalía tiene ocupado unos pisos, pero nosotros no”.
En cuanto al complejo ubicado sobre el Bulevar 2000 en Tijuana, “uno de los edificios está casi terminado, el otro está como un 80% y el de nosotros está vandalizado”, expuso Fragoso en alusión al estado que guardan cada una de las secciones que integran ese Centro de Justicia.
En entrevista concedida a ZETA el 3 de abril, un día antes de que iniciaran las campañas durante el proceso electoral 2020-2021, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, señaló que el retraso en la habilitación de los tres órganos jurisdiccionales obedecía a que la administración anterior heredó “unos edificios blancos sin recursos”. Acusó que las anteriores autoridades con competencia en el tema canalizaron el presupuesto destinado al funcionamiento de los Centros “para otra cosa”, circunstancia que, a su modo de ver, podía redundar en el delito de “peculado”, de acuerdo con el Código Penal.
Admitió que el Centro de Justicia Penal Ensenada presentaba dificultades para estacionarse, “por un terreno que está ahí conflictuado”. Pese a ello, aseguró que antes de que concluya la gestión de Bonilla Valdez (31 de octubre) estaría funcionando al 100%.
No se mostró igual de optimista en lo referente al complejo ubicado en Tecate. En alusión al que está en Tijuana, en cambio, presumió que ya contaba con agua, luz drenaje y está próximo a inaugurarse.
Para solventar los avances en materia de acondicionamiento, “lo que hemos estado haciendo nosotros, es sacando de aquí y allá”, adujo Rodríguez Lozano.
El funcionario estatal se dijo consciente de que sin la apertura plena de los Centros de Justicia, “los abogados que quieran solicitar revisión de sus casos tienen que ir hasta la ciudad de Mexicali, pagar abogados o despachos mexicalenses”.
El 11 de agosto, con motivo del onceavo aniversario de la implementación del Sistema de Justicia Penal en Baja California, la Secretaría General de Gobierno dio por sentado que los tres inmuebles aún guardaban estado de inconclusos.
“… la Secretaría de Hacienda autorizó un presupuesto de 206 millones de pesos para concluir las obras de infraestructura de los Centros de Justicia Penal de Ensenada, Tijuana y Tecate, y con ello, poder brindarle a la ciudadanía un mejor servicio”, citó la Secretaría General de Gobierno al subsecretario general, Luis Moreno Hernández, vía comunicado.
INSEGURIDAD PARA LA CIUDADANÍA
Para Álvaro Montaño Rubio, abogado litigante y presidente del grupo Unidos por Tijuana, la demora en la apertura de los tres complejos trae como desventaja “inseguridad para la ciudadanía”, en razón de que “el traslado de quienes están sujetos a proceso se sigue dando en medio de la ciudad, cuando debería hacerse directamente en estos Centros”.
Mencionó que, por otra parte, la situación concurre a que no se cumpla el precepto de justicia pronta y expedita, toda vez que “a veces los traslados no se pueden llevar a cabo porque las unidades no están en condiciones de circular (por múltiples factores), y eso hace que las audiencias se pospongan”.
Consideró que al mandatario estatal, le faltó voluntad para poner en funcionamiento los Centros de Justicia, e igualmente “desaprovechó la oportunidad de tener una excelente relación con el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador)”.
A propósito, explicó: “Hemos visto a lo largo de la historia que cuando el gobernador tiene una buena relación con el Presidente, se le apoya, se traduce en acciones concretas, y lamentablemente, pues hay gente que dice que fue una oportunidad desaprovechada porque no se tradujo en grandes obras para Baja California, para el Poder Judicial tampoco”.
Estimó que “el mucho o poco dinero que haya dejado la administración anterior” se utilizó “para otras cosas, pero no para obras en beneficio de Baja California”, como los Centros de Justicia.
“Para otras cosas que no se sabe cuáles fueron, porque siempre se manejó este gobierno con mucha opacidad, hubo mucho cambio de secretarios de Hacienda, de oficiales mayores, no hubo mucha claridad en el manejo de los recursos públicos”, aseveró.
En referencia a Bonilla Valdez, valoró: “El gobernador ya se va, y este gobernador, lo que lo caracterizó fueron las declaraciones más que las acciones”.
Además, criticó que, durante su administración, “siempre le estuvieron dando (al Poder Judicial) un presupuesto muy menor, de menos del 2% del presupuesto total”, de ahí que, a su modo de ver, Bonilla Valdez no mostró debido respeto a esa institución.
Montaño vislumbró que para cuando el político tijuanense desocupe el cargo, las llamadas ciudades judiciales aún no van a estar operando. “Va a ser una de las tareas que va a dejar pendientes como muchas otras, y esperemos que la nueva gobernadora (Marina del Pilar Ávila Olmeda) sí los concluya, porque ella es abogada, sabe la importancia y los valora”.
Finalmente, advirtió ser preciso que “los diputados federales que van a tomar posesión el 1 de septiembre”, destinen una partida especial para la implementación de la Reforma Laboral en Baja California, enmienda que entra en vigor en octubre.
“Es una reforma de índole federal, ahí es donde ellos tienen que hacer su labor”, en lo referente a “la instalación de los jueces laborales y todo ese sistema”, que sustituye las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
AVANCES Y PENDIENTES
El magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso mencionó que el 12 de agosto, el Congreso del Estado hizo un exhorto a las secretarías de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT) y General de Gobierno, así como a la administración en manos de Jaime Bonilla Valdez, para que se agilice la apertura del Centro de Justicia en Ensenada.
En tal inmueble (aparte del espacio para estacionarse) “falta solamente la cuestión eléctrica”, y dijo que la instalación “ya está presupuestada” y en cuestión de financiamiento “no es nada lo que falta”.
En cuanto a sus propias gestiones, afirmó: “Hablé con el contratista del Ejecutivo, nomás falta que bajen el recurso, ya lo tiene Hacienda, es un millón 800 mil pesos, es menos de 2 millones”.
También indicó haber hablado con Bonilla Valdez, los titulares de la Secretaría General de Gobierno y la SIDURT, Amador Rodríguez Lozano y Karen Postlethwaite Montijo, respectivamente, así como con la subsecretaria de Infraestructura, Edith Méndez, en el ánimo de que el Centro comience a operar.
“Estoy convencido que lo podemos sacar en un mes, o sea, es nomás que digan ‘va’ y ya”, profirió.
Admitió que “el de Tecate sí necesita mucho”, con el inconveniente de que a las autoridades indicadas para sacar adelante el proyecto “el tiempo se les va”.
De ahí que recalcara: “Creo que solamente podemos sacar el de Ensenada y La Encantada”.
En lo concerniente al que se encuentra en Tijuana (La Encantada), manifestó que tanto él como el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, han venido impulsando su puesta en marcha. Compartió que en una reunión que sostuvo con el gobernador, este le dijo que a finales de agosto se haría la entrega correspondiente al Poder Judicial.
Entre sus planes para la operación de la institución en el complejo penal, tiene contemplado asignar “10 jueces de Control nuevos”, para lo cual solicitó una ampliación presupuestal. En ese sentido, “se nos dio viabilidad en Hacienda”, aseguró.
FUNCIONAMIENTO PARCIAL
En un recorrido efectuado por ZETA, se constató que, de los tres Centros de Justicia Penal, el ubicado en Tecate está funcionando de manera parcial.
El complejo cuenta con distintas áreas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado. A saber: Laboratorio de Genética; Oficina Regional; Médico Legista; Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia; Informática; Servicios Periciales y Psicología. Todas estas con estatus de habilitadas, tal como confirmó una empleada asignada al turno de guardia.
En el complejo, además hay oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno. En el caso de la primera, un espacio para la Coordinación de Evaluación, Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad, mientras que en el de la segunda, para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Defensoría Pública. Todo ello ubicado en una misma sección, done hay espacio para el Poder Judicial, el cual se encuentra inutilizado.
Los últimos tres pisos de ese pabellón, que en total consta de cinco, al momento de hacer el recorrido, se encontraban desocupados.
Cruzando la calle hay otro edificio, destinado al Juzgado de Control de Ejecución.
RETRASOS EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
En opinión del magistrado presidente Fragoso López, el hecho de que las instalaciones ubicadas en los tres municipios bajacalifornianos se encuentren en desuso parcial desde años atrás, ha repercutido en la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial, esquema en que las partes comparecen ante un juez y entablan un debate oral.
Uno de los principales problemas para implementar semejante modelo, es la falta de infraestructura.
Observó que en Ensenada, Tecate y Tijuana, el Poder Judicial no contó con los recursos que en su momento se tuvieron en Mexicali para echar a andar el Sistema Acusatorio Adversarial.
En la Capital bajacaliforniana “sí hay salas de audiencia, ahí sí hay instalaciones”, y, en términos generales, el problema principal del Poder Judicial es que no ha recibido “apoyo para contratar jueces encargados de sala, encargados de causa”. Ello trae como consecuencia “un retraso o una efectividad, para mejor llamarle así, de un 50%”.
El sistema de justicia “ahorita en la Zona Costa, sobre todo, no tanto en Mexicali, pero en la Zona Costa, creo que está trabajando a un 50% de lo que debiera trabajar, y me atrevería a decir que a lo mejor menos”, remató Alejandro Isaac Fragoso.
