En la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de BC, se tiene por procedente eliminar las prerrogativas estatales a los partidos políticos por disposición del gobernador Jaime Bonilla Valdez. El presidente del órgano dictaminador, Juan Manuel Molina García, dijo no ver “impedimento” para proceder con el recorte presupuestario. Sin embargo, integrantes de distintas fuerzas opositoras manifestaron que la propuesta “no es viable”, toda vez que la Constitución federal privilegia el financiamiento público sobre el privado y que la Suprema Corte de la Nación ya estableció que esa preeminencia también aplica en el ámbito local
La propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez para eliminar las prerrogativas estatales a los partidos políticos, se encuentra sujeta a discusión en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California. El presidente del órgano interno, Juan Manuel Molina García, afirmó que el proyecto podría someterse a consideración del pleno en cuestión de semanas, y que hasta el momento él no ve “algún impedimento” para que trascienda a la modalidad de reforma.
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En contraparte, la diputada de Acción Nacional, Loreto Quintero Quintero, así como el dirigente estatal de ese instituto político, Enrique Méndez Juárez, refirieron que es improcedente reducir a cero el presupuesto público para las fuerzas políticas, en razón de que la Constitución federal establece que esa modalidad debe prevalecer sobre la de origen privado.
A su vez, el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Salvador Miguel de Loera Guardado, expuso que. por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, semejante disposición es extensiva al ámbito local.
La propuesta de Bonilla Valdez, encaminada a dejar sin prerrogativas a las fuerzas políticas, emergió una vez que las partidas presupuestales se redujeron en 50% con arreglo a una reforma aprobada el 26 de agosto de 2020. En su mayor parte, las fracciones parlamentarias, incluida la del PAN, votaron a favor de esa primera enmienda, pues aún dejaba margen para disponer de recursos del orden público.
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La actual iniciativa, consistente en disminuir en su totalidad el financiamiento, fue remitida al Congreso el 23 de junio. A propósito de su envío, el mandatario estatal manifestó que con los fondos otorgados a los institutos políticos a partir de distintas reformas, actualmente se encuentran en igualdad de condiciones para ser competitivos, “… la cantidad de recursos que se han destinado a través del financiamiento de los partidos han cumplido con la función de igualar ‘el campo de juego’ para quienes compiten por cargos de elección popular”, da cuenta el documento.
Además, Bonilla estimó que el presupuesto que las fuerzas políticas reciben de parte del gobierno estatal es excesivo. En tal sentido, detalló que lo que se les entregó al inicio del presente periodo de mandato, comprometió las finanzas del Estado, en razón de que se había recibido una administración bastante endeudada y con nimias reservas para enfrentar el total de sus obligaciones.
En el caso del ejercicio fiscal 2021, dejó sentado que para el rubro partidista se destinaron 296 millones 755 mil 481.98 pesos. Al modo de ver del político tijuanense, tal financiamiento “bien pudo haberse destinado a otras necesidades más apremiantes de la población y no a la clase política del Estado”, más aún cuando los institutos con registro nacional “tuvieron acceso a cuantiosos recursos que otorga la legislación federal (7 mil 317 millones 020 mil 133 pesos)”.
Bonilla Valdez se dijo consciente de que el régimen de financiamiento público de los partidos está instituido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arguyendo que, sin embargo, “el texto constitucional nacional no obliga a las autoridades de los estados a otorgar adicionalmente recursos estatales”. De ahí que plantee suspender la entrega de prerrogativas a esas organizaciones políticas.
El mandatario asentó y recalcó que, de cualquier manera, en México ya existe “un sistema de partidos consolidado”, además de que aquellos con registro nacional “obtienen abundantes recursos para ejercer sus atribuciones”.
FACULTADES
El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura de Baja California, Juan Manuel Molina García, afirmó estar de acuerdo con que las fuerzas reciban presupuesto público, aunque desde su punto de vista, los congresos locales no están obligados a fijarlo o autorizarlo.
“Es cierto que se deben establecer prerrogativas a favor de los partidos políticos, pero pues dice que las legislaturas de los estados tienen facultades para establecer estas o el monto, o inclusive podría ser no establecerlas, porque a final de cuentas los partidos políticos nacionales tienen sus prerrogativas nacionales, que no son pocas”, manifestó en entrevista.
Los integrantes de la Comisión dictaminadora están analizando si el Gobierno del Estado debe “darles o no a los partidos, y si esto representa un gasto excesivo que pudiera ser redirigido hacia otro tipo de rubros de la administración sobre todo de Bienestar”. Hasta el momento, los legisladores comisionados no ven “un impedimento legal para hacerlo”.
Asimismo, en el ánimo de proceder con la modificación, “habría que regular a la mejor un poco el tema del financiamiento privado”, ya que “también deben tener alguna forma de sostenerse”. De cualquier forma, la propuesta “está en análisis”, reiteró.
“Si me preguntas en lo personal, no lo veo con malos ojos, porque es demasiado el dinero que están recibiendo los partidos políticos y algunos de ellos de triste recuerdo, de triste desempeño y más triste resultado en las elecciones”.
En ese tenor, dijo, Morena no ha logrado su posicionamiento en las urnas a base de contar o no con presupuesto, “porque inclusive lo ha entregado a temas como el terremoto del sur del país, o a temas como la pandemia de COVID (-19)”, mencionó.
Con ello, el diputado local sugirió que cualquier otro partido pudiera posicionarse en términos electorales, aun prescindiendo del financiamiento.
Opinó que, a final de cuentas, los institutos políticos “han desaprovechado” el presupuesto público y “lo han destinado a sus burocracias partidistas, en diciembre, están desesperados haciendo eventos, para ver cómo se gastan el dinero y no regresarlo, entonces, también las multas hacia los partidos políticos, precisamente les cobran de sus prerrogativas, entonces les es muy fácil estar violando la Ley, porque a final de cuentas se paga con recurso público”.
“LA ELIMINACIÓN NO ES ALGO VIABLE”: ACCIÓN NACIONAL
Consultada por ZETA, la diputada panista Loreto Quintero admitió que el año pasado, la fracción del PAN se pronunció por la reducción del financiamiento al 50%. “Pero la eliminación no es algo viable, porque de acuerdo con el Artículo 41 fracción II de la Constitución Federal, es una prerrogativa de los partidos políticos”, señaló.
Quintero Quintero citó la estipulación a la que hizo referencia: “La Ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.
Conforme a como lo esbozó Juan Manuel Molina García, el planteamiento del gobernador apunta a que el presupuesto de carácter privado prevalezca sobre el de índole pública para las organizaciones partidistas con registro nacional.
El dirigente estatal del blanquiazul, Enrique Méndez, coincidió en que operar sin presupuesto público “no es algo viable”, en razón del consabido artículo constitucional, alusivo a que ese orden de financiamiento, “es una prerrogativa (de las fuerzas políticas)”.
Consultado por este Semanario, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, asumió que detrás de la propuesta del mandatario estatal, hay una intención de “reducir la capacidad de funcionamiento de los partidos de oposición en Baja California”.
En tal sentido, insinuó que, con iniciativas de esa naturaleza, Bonilla Valdez busca “que no haya contraste a su operación de gobierno o a la operación de los gobiernos de Morena”.
En todo caso, “primero tendría que haber una reforma federal, porque esta reforma que está planteando el gobernador Bonilla contradice lo que dice la Constitución federal, entonces seguramente no va a proceder; cualquier recurso que los partidos promuevan, va a echar abajo la iniciativa local que está promoviendo Bonilla”, observó.
De acuerdo con el entrevistado, “llama mucho la atención que a unas semanas de que concluya su periodo como gobernador de dos años, (el político tijuanense) esté impulsando este tipo de iniciativas”.
Méndez Juárez planteó que sería preferible que Bonilla Valdez dejara “que sean las nuevas autoridades (a entrar en funciones el 1 de noviembre) las que analicen y determinen qué va a pasar con este tipo de cosas”.
En cuanto al ahorro que se pudo haber obtenido con la reducción al 50% aprobada en 2020 y la reorientación de fondos para el ejercicio fiscal de este año, el dirigente aseguró: “No informó el gobernador a dónde reorientó esos recursos que le quitó a los partidos políticos, no vimos absolutamente nada tangible, no vimos un solo resultado favorable en ninguno de los rubros”.
Tanto Loreto Quintero como Enrique Méndez, estimaron que, con la eliminación de las prerrogativas estatales, se correría el riesgo de que los partidos fueran financiados con dinero de procedencia desconocida.
“Otra desventaja es abrir la puerta a que haya financiamiento de origen ilícito”, comentó Quintero. En tal escenario, “hay que buscar que prevalezca” el presupuesto público sobre el privado, aludió por separado Méndez.
PREEMINENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO
El representante de Movimiento Ciudadano ante el IEE, Salvador Miguel de Loera Guardado, recordó que priorizar el presupuesto público respondió al propósito de evitar que los institutos políticos fueran financiados de manera ilícita.
“Establecer la preeminencia del financiamiento público sobre el privado recayó en la disyuntiva y exigencia de las minorías, respecto a la preocupación de que intereses ilegales o ilegítimos financiaran a candidatos o partidos políticos, que recursos públicos disfrazados de privados lleguen a influir en las campañas o gasto ordinario de los propios partidos”, refirió a este Semanario.
También expuso que la presunción de que solo en el ámbito federal se debe dar prioridad al presupuesto público, “se contrapone diametralmente a los antecedentes legislativos” de reformas constitucionales de 2007 y 2014. Incluso “en este tema ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, agregó.
Además, ya existe “todo un andamiaje jurídico creado para la fiscalización del financiamiento público a los partidos, el cual en reiteradas ocasiones lo ha sostenido el máximo tribunal electoral”.
En ese contexto, “el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral no solo es de orden público y de observancia general, sino que además tiene por objeto establecer la reglamentación relativa al sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los egresos de los recursos de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, alianzas partidarias, agrupaciones políticas y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local”, complementó.
Por lo que respecta a los institutos que solo cuenten con registro estatal, en cuyo caso no tienen acceso al presupuesto público federal, De Loera Guardado indicó: “Valdría la pena revisar el contexto en que se presenta (la iniciativa de Bonilla), pues con la última reforma en el Estado, en cuanto a la reducción del financiamiento público, quedaron intocados los derechos de los partidos locales, y para 2022 se iniciarán los trabajos de acreditación de al menos cuatro organizaciones que desde 2020 hicieron su solicitud”.
Sobre la posibilidad de que se filtraran fondos indebidos a los partidos políticos, el diputado Juan Manuel Molina finalmente argumentó que “ese es el esquema” al que se debe prestar mayor atención en el marco de análisis de la propuesta.
“Aquí lo que tenemos que hacer, es que precisamente eso se siga evitando y se abra la puerta a sus propios financiamientos, sorteos, actividades, colectas, aportaciones de sus militantes bien definidas, bien transparentadas; siento que estamos en una nueva era, precisamente de poder saber de dónde viene el recurso”, remató.
ARTÍCULOS Y LEYES
En términos de disposiciones, la iniciativa de Bonilla está encaminada a reformar el artículo 5 de la Constitución local; los artículos 24, 46 fracción XI; 129, 171, 354 y 384 de la Ley Electoral del Estado. Y derogar los artículos 42, 43, 44, 45, 46; así como la fracción II del Artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos de BC.
