La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró a José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del delito de enriquecimiento ilícito por el que fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en febrero del 2020.
Así lo informó, este lunes 19 de julio, el diario Reforma, que detalló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, que fue responsable de la investigación contra el magistrado presidente del TEPJF, cerró la respectiva carpeta desde el pasado 15 de junio, por lo que se reservó el ejercicio de la no acción penal en contra de Vargas Valdez.
En su denuncia del 21 de febrero del año pasado, la UIF señaló un presunto enriquecimiento ilícito de Vargas Valdez por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019, período en el que el magistrado tuvo gastos comprobables por ese monto en tres conceptos: pagos con una tarjeta de crédito, pago de colegiaturas y compra de bienes inmuebles.
Sin embargo, la FGR estimó -a 16 meses de iniciada la indagatoria-, que no había evidencias de delito. Según fuentes vinculadas a la indagatoria, citadas por el rotativo, la Fiscalía General de la República dio por acreditada la licitud de los bienes y operaciones investigadas.
Asimismo, Vargas Valdez alegó ante las autoridades ministeriales, que los bienes denunciados como suyos en realidad son de su esposa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de la empresa transnacional PepsiCo.
Sin embargo, señaló el Reforma, la mayor parte del monto corresponde a los pagos con una tarjeta American Express a nombre del magistrado, por 29.7 millones de pesos, mientras que sólo declaró ingresos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 16.7 millones de pesos en el mismo periodo.
“Desde noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos [Borja], dio indicios de la decisión que tomó respecto a Vargas, que como presidente del TEPJF ha tomado decisiones favorables a Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador”, agregó el mismo diario.
“La Fiscal indicó en ese entonces que la UIF no había presentado pruebas para sustentar la acusación y que ella giró apercibimientos a distintas dependencias de gobierno que por la contingencia sanitaria no habían respondido a sus requerimientos”, abundó el citado rotativo.
Mientras que Vargas Valdez señaló que las imputaciones hechas por la UIF confundían su evolución patrimonial de 2012 a 2016, cuando no desempeñó un cargo público, con sus ingresos desde noviembre de 2016, en que ocupa el cargo de magistrado del TEPJF.
En diciembre del 2020, el diario Milenio reveló que la UIF detectó que el magistrado presidente del TEPJF compró residencias en Miami, Florida, Estados Unidos, movimiento valuado entre los seis y 10 millones de pesos. Además, adquirió una propiedad en Valle de Bravo, Estado de México por siete millones 100 mil pesos.
Vargas Valdez también compró residencias en Lomas de Chapultepec, por seis millones 800 mil pesos; y Polanco, por tres millones 511 mil 900 pesos, ambas colonias de la Ciudad de México, sin que estos montos coincidan con los ingresos anuales que reportó por dos millones 400 mil pesos.
También, según el mismo rotativo, se encontraron depósitos por 500 mil pesos en efectivo, sin que existiera justificación alguna para este movimiento, ya el magistrado presidente del TEPJF se encuentra constitucionalmente impedido a tener ingresos adicionales a su labor de juzgador electoral.
Sin embargo, Vargas Valdez dijo a Milenio, que compartía bienes con su esposa. No obstante, insistió el mismo rotativo, el sistema financiero mexicano y la UIF no encontró justificación en la adquisición de estas propiedades, a las que ahora se suma un esquema de creación de empresas fachada.
UIF DENUNCIA A MAGISTRADO JOSÉ LUIS VARGAS POR SUPUESTA RED DE EMPRESAS FACHADA
La UIF -cuyo titular es Santiago Nieto Castillo-, impugnó la decisión de la FGR de cerrar el caso del magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, por enriquecimiento ilícito y presentó una nueva denuncia por una red de empresas fachada con las que el magistrado y un familiar triangularon depósitos al extranjero.
En un breve comunicado, la UIF confirmó que presentó un recurso de inconformidad que ya fue admitido, y el 22 de junio interpuso una nueva denuncia que implica a seis personas: dos físicas y cuatro morales. Las nuevas investigaciones, en las que se sustenta esta denuncia, determinaron que el magistrado, junto con un familiar, un grupo de personas físicas y morales “operaron instrumentos financieros y corporativos”,
Ello para realizar transferencias bancarias y depósitos en las cuentas de un familiar, y que en ningún momento fueron declarados ante la autoridad hacendaria. Este mismo grupo de personas, entre las que se encuentra el magistrado presidente del TEPJF, realizó transferencia al extranjero.
Asimismo, según la UIF, Vargas Valdez y sus cómplices constituyeron empresas “cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.
Respecto a la decisión del Ministerio Público Federal de el ejercicio de la no acción penal el 15 de junio por el delito de enriquecimiento ilícito, la UIF explicó que tres días después, el 18 de ese mismo mes, la Dirección General de Procedimientos Legales hizo una solicitud de argumentación en la que le explicaron que se trataba únicamente del delito de enriquecimiento ilícito.
Además, conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la UIF impugnó ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, la decisión del Ministerio Público Federal.
El 29 de octubre del 2019, el diario Reforma reveló que en tres años como magistrado, Vargas Valdez había realizado 58 viajes con cargo al erario, por 3 millones 739 mil 552 pesos. La mitad de estos fueron al extranjero, siempre en Business Class o Clase Premier. El rotativo indicó, además, que algunos viajes “oficiales”, el ahora presidente del TEPJF los culminaba con “asuetos familiares pagados por los mexicanos”.
Un día antes, el 28 de octubre del 2019, el mismo diario Reforma detalló que en abril del 2013, cuando Vargas Valdez ejercía como abogado de asuntos electorales, declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos. Pero para 2017, ya como magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron, al reportar 7 millones 270 mil 317 pesos, según los documentos oficiales que fueron citados en el reportaje del rotativo.
¿QUIÉN ES JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ?
El 3 de noviembre del 2020, con 4 votos a favor y 3 en contra, el magistrado José Luis Vargas Valdez fue elegido como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sustitución de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien ocupaba dicho cargo desde enero del 2019.
Vargas Valdez es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Además, cuenta con estudios doctorales en Derecho Público con especialidad en Derecho Constitucional por la misma institución europea.
El 4 de noviembre del 2016 fue designado magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, además es encargado de impulsar y fortalecer la vinculación internacional del TEPJF, los programas académicos ofrecidos por la Escuela Judicial Electoral y funge como uno de los cinco miembros de la Comisión de Administración, órgano rector de dicho órgano judicial.
Como magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Vargas Valdez fundó la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE) y es miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la que ha participado como relator en varios estudios y opiniones.
Entre otros cargos, Vargas Valdez ha sido titular de Unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) del 2007 al 2010, así como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEADLE), con grado de subprocurador en la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), del 2010 al 2012).
También fue asesor de Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral (IFE), de 1996 al 2000); así como asesor Jurídico del Consejero Presidente del IFE, del 2005 al 2006; y Secretario Instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 2006 al 2007).
Asimismo, Vargas Valdez ha fungido como docente en el ITAM; el Colegio de México (COLMEX); el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM); el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); la Universidad Veracruzana (UV); la Universidad Pompeu Fabra; la Universidad Carlos III; y la Universidad Complutense de Madrid, entre otras.
Además, ha publicado en diversos medios de comunicación como El Universal, Milenio, Excélsior, Voz y Voto, Este País y Reforma Judicial. En el ámbito internacional, Vargas Valdez fue Consultor Senior en temas de delitos electorales y resolución de controversias legales para la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha participado en diversas misiones de observación electoral.
