La diputada panista, Eva María Vásquez, anunció que en los próximos días presentará un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado, con la finalidad de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sea notificada del convenio de colaboración entre los ayuntamientos y el Estado, para “prestar” cientos de millones de pesos de las arcas municipales en beneficio del Poder Ejecutivo.
En entrevista para ZETA, la legisladora panista manifestó que el Congreso del Estado está al servicio del actual gobernador Jaime Bonilla Valdez por la evidente afinidad partidista, al grado que cuestionó la evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuya evaluación determinó viabilidad en el proyecto.
Cabe recordar que el pasado viernes, la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez, presentó -junto con el tesorero Víctor Amador Barragán, los pormenores del convenio de colaboración que tenía como objetivo brindarle mayor liquidez al Poder Ejecutivo, a cambio de subsanar un adeudo que tiene con el municipio de Mexicali.
El funcionario explicó que el Poder Ejecutivo tomaría 250 millones de pesos de adeudo por concepto de participaciones federales, y el Ayuntamiento de Mexicali las devolvería como un adelanto a las cuotas de ISSSTECALI. Es decir, prácticamente serían pagadas por adelantado.
Eva María Vásquez, consideró que este movimiento financiero es irregular e ilegal, mismo que dentro de uno o dos años, cuando la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo la revisión del recurso público otorgado, será motivo de observaciones, e incluso sanciones, pues dicho dinero federal no se erogó con esos fines.
“Huele a coperacha, tratos entre amigos cuando se trata de actividad gubernamental, de finanzas, recursos que vienen etiquetados a los municipios por parte de la federación, al no tener un proceso confiable, donde se solicita la Auditoría Superior de la Federación”, refirió la legisladora en entrevista desde las oficinas del Poder Legislativo, el cual permanece cerrado bajo el argumento de la pandemia, pero eso no impide que los diputados lleven a cabo eventos públicos y concurridos.
La ex candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, agregó que los Ayuntamientos tienen una situación financiera crítica, por lo que parece imprudente llevar a cabo un movimiento financiero de esta naturaleza, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo solicitó un préstamo de 3 mil millones de pesos y el Ayuntamiento de Mexicali reestructurar su deuda apenas en el año 2020.
A juicio de la parlamentaria, la intención de Bonilla es cumplir con los compromisos de préstamos cortos que debe pagar antes del 31 de julio, según la Ley de Disciplina Financiera, pues de lo contrario se harían acreedores a una responsabilidad administrativa y penal.
