La simulación de los gobiernos de la Cuarta Transformación en torno al combate a la corrupción, ha sido constante y sistemática. Las promesas de cambio en torno a la tolerancia de los actos ilícitos por medio del poder, se han perdido en el aire, y al final prevalece la impunidad de este gobierno y del anterior.
A escasos meses de concluir la administración de Jaime Bonilla Valdez, no se ha detenido a ninguno de los implicados en los actos de corrupción cometidos durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid y solo se han iniciado algunos juicios por delitos menores.
A finales de abril de 2021, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presumió que la ex presidenta de DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, esposa del último mandatario panista de Baja California, pagaría un monto de casi 7 millones de pesos para resarcir el daño ocasionado por un supuesto desvío de recursos provenientes de dos asociaciones civiles que ayudarían económicamente para construir la Estancia Familiar de Tijuana.
El tema fue presumido con bombo y platillo, pero la realidad es que el gobierno de Morena negoció la protección de Ruacho a cambio de terminar con una prometedora investigación.
Pues resulta que CachanillaZ llevó a cabo dos solicitudes de transparencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría General de Gobierno para conocer a detalle los acuerdos firmados, así como los números de cuenta a los que se depositaría el dinero y las responsabilidades de las partes. Sin embargo, esta presunción del gobierno bonillista quedó en palabras, toda vez que ambas instituciones reservaron la información para que la ciudadanía no tenga conocimiento del acuerdo signado entre ambas partes, limitándose a responder -según los números de folio 00535121 y 0053522- que el acuerdo y proceso de pago aún no se ha concretado con la entonces imputada, por lo que determinaron decretar la información como “reservada”.
Esto quiere decir dos cosas: o Amador Rodríguez Lozano y el fiscal Guillermo Ruiz Hernández mintieron en torno a que ya se había concretado el acuerdo y concertado el pago por parte de la ex presidenta del DIF, o se trató de una simple simulación para proteger a Brenda Ruacho.
Un proceso tan sensible como la corrupción -sobre todo en un esquema donde se solicitó dinero a los sectores sociales, empresariales y políticos para fondearlo- debería ser transparente y claro para toda la ciudadanía, pero hablar de eso, tanto al gobernador Jaime Bonilla como al fiscal Guillermo Ruiz, es como explicarles en otro idioma.
El último movimiento que se hizo en la página de internet de la Estancia Familiar Tijuana, fue en marzo de 2020, cuando Ruacho de Vega ya no era parte de la administración estatal.
En esa ocasión subió una imagen con varios de los donadores a la fundación Cree en tus Sueños, operada por ella y uno de sus hijos, de nombre Frank, pero con el rostro cubierto.
Uno de ellos -destaca- es Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien de ser uno de los alfiles más cercanos a “Kiko” Vega, terminó siendo un operador para la 4T, debido a sus intereses personales.
En la imagen se observa que otorgó un cheque por 50 mil pesos a la fundación, proveniente del dinero del Poder Legislativo, para la construcción de dicha estancia. La impunidad no tiene partido.
SEGUNDO INFORME
Aprovechando la coyuntura, el fiscal Guillermo Ruiz Hernández intentó emprender nuevamente su embestida para apoderarse del Servicio Médico Forense (Semefo) y hacerlo parte de la “súper fiscalía” que actualmente dirige. Eso de darle más poder al poder nunca ha sido benéfico, mucho menos en la historia reciente de la política bajacaliforniana, pero aún así, insistió.
El tema fue planteado al gobernador Jaime Bonilla Valdez y se emprendió la maquinaria para que Amador Rodríguez Lozano analizara el tema para revivirlo en la Oficialía de Partes, digo, en el Congreso del Estado.
Sin embargo, tal parece que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezados por el presidente Alejandro Isaac Fragozo López, hicieron un frente y lograron convencer al mandatario de que no entrara en el tema.
Ruiz Hernández ha tenido un gran interés en apoderarse del Semefo Baja California, pues representaría una gran herramienta para facilitar los juicios a su favor y libertad absoluta para modificar las causas de muerte o las evidencias detectadas en los cadáveres, en beneficio de la hipótesis del caso, por encima incluso de la verdad.
También se apoderaría de los peritos especializados en la atención del Protocolo de Estambul para determinar casos de tortura dentro de los penales de la entidad, perpetrados -evidentemente- por policías custodios, así como la verdad absoluta en los peritajes en los juicios de interdicción, teniendo capacidad para declarar carente de facultades mentales a cualquier persona durante un juicio civil o penal.
No cabe duda que el fiscal quiere tener el poder y control absoluto, pero al menos de manera provisional, los magistrados lograron frenar el tema.
