La titular de Capital Humano de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rosa Iliana Soto Quiñones, fue denunciada por robo de identidad ante la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la FGE, por el delito de usurpación y suplantación de identidad, por integrar a la nómina de la dependencia a una mujer que nunca laboró en ella, y además se le pagó más de medio millón de pesos.
Miriam Robles (como pidió ser identificada, para no afectar el proceso legal en contra de la funcionaria), fue dada de alta sin su consentimiento y conocimiento en la nómina de la FGE, bajo el cargo de Contralor Interno, con un sueldo mensual de 40 mil pesos; mismo que está subordinado por el cargo de Soto Quiñones.
Publicidad
La denuncia fue presentada el 28 de mayo de 2021 y desde entonces Miriam Robles no ha obtenido respuesta de las autoridades sobre la irregularidad. Presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la República, tanto en sus oficinas en Mexicali como en Tijuana, y la respuesta fue “no somos competentes”.
El 27 de mayo de este año también presentó una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra el Gobierno de Baja California y la FGE, a razón de ingresos no reconocidos y acumulados en 29 facturas emitidas durante 2020, con una suma de 653 mil 308.25 pesos que Miriam Robles no reconoce.
“No reconozco dichos ingresos y mucho menos una relación laboral con la dependencia. Nunca he recibido un salario o contraprestación de esta administración gubernamental ni de ninguna otra, por lo que solicité la cancelación de los CFDI y se procediera con una investigación en contra de la funcionaria”, declaró la denunciante.
Publicidad
El cargo directivo al que se dio de alta a Robles, tiene como activación el 7 de enero 2020 y fecha de finalización en 31 de diciembre del mismo año. La denunciante comentó que conoció en entrevista de trabajo a Soto Quiñones el 28 de febrero de 2020, y que después de aquella fecha nunca volvió a saber sobre la supuesta vacante que le ofrecían como administrativa.
La denunciante se enteró de esta irregularidad cuando llegó el momento de hacer su declaración anual ante el SAT y su contador le notificó que había inconsistencias por los ingresos no reportados, provenientes del Gobierno de Baja California, lo que le generó un daño fiscal.
ZETA buscó a la titular de Capital Humano de la Fiscalía General del Estado, Rosa Iliana Soto Quiñones, para tener su versión, pero nunca se puso en contacto con este Semanario.
