En memoria de Eliseo Arturo Sandoval
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El 1 de agosto se ejercitará un derecho ciudadano para sacudir la memoria histórica, en una práctica inédita de preguntarle al pueblo, en un marco constitucional vinculatorio, si está de acuerdo o no con procesar a las cabezas de los grupos políticos de las cuatro décadas recientes, que hundieron al país en una deuda espantosa, en una crisis económica, educativa y moral; en construir un nido de corrupción que se convirtió el estado en sus tres niveles (además del Poder Judicial, tan descompuesto).
Llegar al gobierno no significa la toma del poder; los dueños del poder siguen controlando los medios de comunicación, capital, inversiones, cadenas comerciales y centros de producción. Sí, la derecha está moralmente derrotada, pero a la derecha le vale la ética; ellos quieren ganancias, aun manchadas de sangre. Si les importara la moral, el narcotráfico no existiera, pero los bancos, bienes raíces, constructoras, iglesias, centros turísticos, casinos, hoteles, son para el lavado de fortunas.
El INE pide el 40% de la participación popular en la consulta del 1 de agosto para enjuiciar a los cinco expresidentes, pero hay gobiernos que ejercen un mandato con menos del 10% del padrón. El juicio es cosa que también compromete la administración de AMLO; y podría enjuiciarse en el futuro su sexenio y a gobernadores Jaime Bonilla y su grupo, que cubre las fechorías de Kiko Vega.
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Esto lo deben comprender y razonar los que tienen sembrado un pensamiento de derecha, aunque siendo clase explotada, y a esa ciudadanía moralmente obligarla a votar contra expresidentes delincuentes que gestaron en 36 años de neoliberalismo, destruyendo parte del alma del país.
En 1993 las policías comunitarias de Oaxaca salieron a tomar las calles y las armas, y desplazar al Estado en torno a la Inseguridad y Justicia. ¿Por qué los que se robaran caballos, burros, gallinas, vacas, y objetos de valor de campesinos quedaban impunes? Se avanzó, rectificó y se arregló parcialmente el problema de la impunidad en esas comunidades que transformaron las relaciones de equidad y justicia.
En México el 95% de los delitos quedan en la impunidad porque las policías y el aparato de justicia están podridos. Los ministerios públicos son una mina de lucro. El que tiene dinero sale ganando (o limpio de responsabilidades civiles o penales).
El votar para solamente nombrar representantes que hagan y deshagan en 3 o 6 años es una democracia cavernaria muy desfasada de las complejidades actuales de la democracia. Hoy debe de inmiscuirse, con la mejor información, la participación popular, buscando expresiones auténticas de su voluntad.
Es el momento de traer cortos y bajo presión a los funcionarios públicos. Despertando del largo letargo de llegar apoltronados a los puestos, sin siquiera intentar resolver los problemas con todos los recursos de la intervención democrática.
El INE no usará papel de seguridad en la boleta del domingo 1 de agosto; por ello, nada garantiza que no haya fraude en esta fecha. Nada impide que no se compren los votos, que no haya acarreados, quema o robo de urnas. Por eso se requiere registrarse como observadores electorales, para reportar irregularidades del proceso, donde el INE tiene interés de que no participen al menos 37 millones de mexicanos en esta consulta con carácter vinculatorio, y continuar con la ruta crítica que lleva a juzgar a los expresidentes que desmantelaron las empresas del Estado desde 1982 y aceleradamente desde 1988, con Salinas de Gortari y los impresentables Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
La estructura del actual INE tiene conflicto de intereses, doctorado en fraudes y maestría en darle atole con el dedo a la ciudadanía, especialmente funcionarios que en su mayoría fueron designados por los expresidentes en la mira de la justicia y memoria popular.
No terminará ahí el ejercicio. El 8 de agosto se harán movilizaciones populares en todo el país para, de acuerdo a la consulta, demandar que se continúe con la investigación, dentro de un debido proceso, a los cinco expresidentes que ya no sean impunes e intocables. Y seguir con jueces, diputados y senadores, gobernadores y alcaldes.
Si la consulta no resulta, no habrá sido por la voluntad popular. Sería porque no hubo las condiciones del INE: suficientes boletas, casillas, información clara… y se boicotea este ejercicio ciudadano democrático. La sociedad está ávida de hablar, de manifestarse en un proceso legal, organizado, limpio y responsable.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
