El 24 de junio de 2021, el Cabildo del Ayuntamiento de Playas de Rosarito aprobó por mayoría que la alcaldesa Araceli Brown Figueredo suscribiera un “convenio” para que de las arcas municipales se le “prestaran” temporalmente 34 millones de pesos a la administración del gobierno del estado encabezada por Jaime Bonilla Valdez.
Hecho que a todas luces es “ilegal”, manifestó Juan Marcos Gutiérrez, presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, quien observó que por haber avalado tal solicitud, funcionarios municipales habrían incurrido presuntamente en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y peculado.
Explicó que el municipio “sólo puede prestar” a sus entidades paramunicipales y las paramunicipales pueden prestarse entre sí siempre y cuando sean de un mismo municipio, pero no se puede estar prestando dinero entre municipios, ni del municipio al estado.
El municipio “no tiene atribuciones para hacer facultades financieras en el sentido de ser financiador” del gobierno del Estado según lo establecido en la Ley del Régimen Municipal, la Ley de Presupuesto, la Constitución de Baja California y la Carta Magna del país. En ese sentido, la autoridad sólo puede hacer lo que le sea señalado en las leyes, refirió.
“Bajo ese principio no puede, imagínate que una empresa le dijera ´oye municipio ando corto para la nómina de este mes préstame´ no hace ninguna diferencia con que sea el gobierno estatal. (El municipio) no puede hacerla en franco cristiano de banco”, abundó el especialista a ZETA este domingo 11 de julio.
En declaraciones a un medio de comunicación local, Bonilla Valdez reconoció hace unos días que la Secretaría de Hacienda estatal pidió a los Ayuntamientos recursos como parte de un “financiamiento temporal” para que la administración estatal pudiera pagar algunos de sus compromisos, como el pago de a los maestros por 160 millones de pesos al mes, así como otros pagos que deben hacerse de forma urgente y que según el mandatario son herencia del gobierno panista anterior, aunque no precisó el monto total de los préstamos que pretende le sean otorgados por los Ayuntamientos.
Afirmó que dicho “préstamo” no saldrá del presupuesto municipal sino de las participaciones federales y que la solicitud consistía en pedirle a los municipios más tiempo para poder entregarles el recurso.
En opinión de Gutiérrez la única opción del gobierno estatal -conforme a la fracción cuarta del artículo 7de la Ley de Deuda Pública del Estado- era pedirle un anticipo de las participaciones al gobierno federal.
HACIENDA PODRÍA HACE EL PAGO EN ESPECIE AL AYUNTAMIENTO
En la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Rosarito del 24 de junio pasado, Manuel Cermeño, tesorero municipal dijo el Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Hacienda solicitó un convenio de financiamiento temporal por 34 millones de pesos, a pagarse a más tardar el 30 de julio próximo.
Por este recurso, el gobierno estatal pagaría una Tasa de Interés Interbancaria (TIIE) a 28 días, que rondaba los 4.05%. Según el Banco de México (Banxico) actualmente la TIEE a 28 días se ubica en 4.58%.
“Una vez que recibimos la solicitud y la instrucción de la presidenta (Araceli Brown) nos dimos a la tarea de analizar y revisar las finanzas municipales y el flujo de efectivo para el cierre de administración y para el ejercicio fiscal resultando que es viable para la administración o para las finanzas municipales poder otorgar sin menoscabo de la situación que guardan este financiamiento temporal”, aseguró el funcionario municipal.
Al pronunciarse a favor, el síndico procurador, José Luis Zazueta Pérez destacó que el gobierno estatal podría hacer el pago en especie, en caso de que no pudiera finiquitar el “préstamo temporal” al 30 de julio.
“Si por alguna razón no pudiera. Tengo la fe de que sí puede, pero si no fuera así quiero pensar que tendremos la oportunidad de ver cómo podríamos en un momento dado que nos pague en especie. Pienso que estamos dentro de nuestra responsabilidad poder hacer. No veo mal apoyar al Estado cuando lo requiere sobre todo con esos elementos de protección”, agregó.
Ello, pese a que minutos antes había observado que la solicitud es “rara”, dado que siempre los municipios han sido los que piden dinero al Estado, sobre todo al inicio de las administraciones. “Esta vez es atípico que por lo que estoy viendo aquí en el oficio que giró el secretario de Hacienda (Adalberto González) solicitando esto. Bueno pues yo para poder tomar una decisión de esa magnitud digo si lo está pidiendo para qué lo ocupa, pero lo importante es si lo tenemos”.
Se espera que el próximo miércoles el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana trate la solicitud de Hacienda, aunque se desconoce el monto, y en los subsecuentes días el resto de Ayuntamientos aborden el tema.
