Al menos 50 personas cercanas al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron en una lista de posibles objetivos de espionaje con el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que permite a agencias de gobierno acceder a la memoria de los teléfonos celulares para captar, mensajes, llamadas, correos, geolocalización e historial.
Ayer domingo 18 de julio se publicó, en 17 medios internacionales, una investigación global encabezada por la organización francesa Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), que reveló la existencia de una lista de 50 mil números telefónicos seleccionados, 15 mil de ellos de México, como posibles objetivos de espionaje por los clientes de NSO, empresa israelí creadora del citado software.
Según el diario británico The Guardian y el medio digital mexicano Aristegui Noticias, entre el 2016 y 2017, años en los que fue utilizado el programa informático, Tomás Zerón de Lucio -hoy prófugo- era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, la investigación periodística no pudo confirmar si los teléfonos de las personas cercanas al político tabasqueño fueron hackeados con éxito o sólo estaban en la lista de objetivos, entre ellos la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, tres de sus hijos (Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán), tres hermanos del actual mandatario nacional (Pío, Pedro Arturo, Martín de Jesús), dos de sus antiguos choferes (entre ellos Nicolás Mollinedo Bastar) y hasta su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz Fernández.
En la citada lista también se encontraban aquellos que en los últimos años han sido el círculo más cerrado del actual presidente, entre ellos, Julio Scherer Ibarra, Alfonso Carlos Romo Garza, Rocío Nahle García, Manuel Bartlett Díaz, Defina Gómez Álvarez, Alfonso Durazo Montaño y Alejandro Encinas Rodríguez.
Además de Claudia Sheinbaum Pardo, Bernardo Bátiz Vázquez, René Juvenal Bejarano Martínez, Dolores Padierna Luna, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Monreal Ávila, Bertha Elena Luján Uranga, Arturo Alcalde Justiniani, Horacio Duarte Olivares, Gabriel García Hernández; Alejandro Esquer Verdugo, Zoé Alejandro Robledo Aburto; Mario Delgado Carrillo y Yeickol Polevsnky Gürwitz.
Asimismo, en la citada lista se encuentran Jesús Ramírez Cuevas, César Yáñez Centeno Cabrera, Laura González Nieto, Martha Ramírez González, Daniel Asaf Manjarrez, entre otros. Marcelo Ebrard Casaubón no aparece en la lista, pero en los registros está el número de su esposa y ex diplomática de Honduras, Rosalinda Bueso Asfura.
Además, según el diario británico The Guardian, en la lista también aparecen el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como su esposa y ex primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo. Aunado a ello, al menos dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, (GIEI) que elaboraron un reporte sobre el caso Ayotzinapa, también estaban entre los objetivos.
Lo mismo que profesores y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre ellos Santiago Ambrosio Hernández, quien en la actualidad preside del Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic), según reveló el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP).
Artículo 19 detalló que dentro de los 15 mil números con código de país de México -del total de 50 mil encontrados por la investigación Pegasus Project-, se incluyen los de “defensores de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y de más de 25 periodistas”.
Entre los números de periodistas, se encontraron los de “Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus; Ismael Bojórquez [Perea], Andrés Villarreal y Griselda Inés Triana López [viuda del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas], así como de Carmen Aristegui Flores, de sus familiares y su equipo de trabajo”.
Según el semanario mexicano Proceso, otros periodistas incluidos en la lista son Rafael Rodríguez Castañeda, Jorge Carrasco Aráizaga, Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil Rodríguez, Marcela Turati, Álvaro Delgado Gómez, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna. Asimismo aparecen los celulares del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y del entonces fiscal del estado, Xavier Olea Peláez.
Asimismo, el semanario Proceso señaló que en la citada lista aparecen, también, números de sindicalistas, líderes religiosos, académicos, médicos, así como familiares de políticos mexicanos, los cuales se darán a conocer en los medios integrados a Forbidden Stories en los próximos días.
Por su parte, Aristegui Noticias indicó que Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio; y, Felipe de la Cruz Sandoval, padre de uno de los sobrevivientes, y vocero de los padres hasta finales de enero del 2021, cuando se registró por una diputación plurinominal por el partido Morena.
Durante las últimos días los periodistas participantes de Pegasus Project buscaron a las personas aludidas en el reportaje para conocer su postura. Patricio Heriberto Ortiz Fernández, cardiólogo de López Obrador dijo que el Gobierno anterior buscó toda la información sobre la salud del político tabasqueño.
“A través del hospital [Médica Sur], a través mío y no tuvieron nada más que lo que se sacó públicamente […] El único objetivo de espiarme era el candidato, yo era una herramienta. Yo pienso que es muy grave pero era la manera en la que pasaban las cosas en el país. Desafortunadamente, no estoy sorprendido […] No hablaba de la salud de López Obrador por teléfono para proteger la imagen del candidato, sabía que tenía que cuidar mucho la información que yo decía”, indicó el médico.
“En el caso mío no es nuevo, porque mi papá, mi familia siempre ha sido sometida a este tipo de acoso por el gobierno. Son las prácticas por las que hemos luchado siempre, por exterminar… Yo creo que todos en el entorno del licenciado López Obrador hemos tenido la seguridad de que éramos intervenidos”, señaló, por su parte, Scherer Ibarra, actual titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.
“El régimen anterior se dedicó a violar la intimidad de las personas. Como coordinadora de los diputados de la primera legislatura de Morena sabía que estaba en el ojo de gobierno, lo inadmisible es que también a mi hija- que está ajena a cualquier evento político estuvieran siguiendo sus movimientos y conversaciones. Afortunadamente el cambio llegó para bien en la cuarta transformación y esos ilícitos dejaron de ser prácticas del gobierno”, dijo, Nahle García, actual titular de la Secretaría de Energía (SENER).
Mientras que la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que durante la Administración Federal encabezada por Peña Nieto, había una “práctica persecutoria de espionaje político que usaba el antiguo régimen”.
En tanto que fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti, actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que en esas fechas no sospechaba ser víctima de espionaje, “que es una pandemia, la vacuna es la investigación. Falta un remedio drástico”.
LA INVESTIGACIÓN PEGASUS PROJECT
AI tuvo acceso a la lista de números telefónicos y la compartió con una red de periodistas a nivel internacional. La investigación contó con la participación de más de 80 periodistas de 17 medios: Proceso, Aristegui Noticias, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz y PBS Frontline.
En la citada lista figuran números de periodistas de medios de todo el mundo, como la Agence France-Presse, The Wall Street Journal, The Guardian, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters, Proceso, Aristegui Noticias y Voice of America.
Los números en la lista incluyen a más de mil personas que pudieron ser identificadas por la red de periodistas e incluyen al menos a 65 ejecutivos, 85 activistas, 189 periodistas y más de 600 políticos, además de 12 jefes de Estado, 500 diplomáticos, mil 200 funcionarios y 250 defensores de derechos humanos.
“Entre 2016 y 2017, más de 15 mil mexicanos aparecieron en la lista examinada por el consorcio de medios, entre ellos al menos 25 reporteros que trabajan para los principales medios de comunicación del país, según los registros y entrevistas”, señaló la investigación encabezada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional.
“Aunque no confirmará las identidades de ninguno de ellos, citando obligaciones de confidencialidad del cliente. El consorcio encontró muchos de los números de teléfono en al menos 10 países, que fueron sometidos a un análisis más profundo: Azerbaiyán, Bahréin, Hungría, India, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Citizen Lab también ha encontrado evidencia de que los 10 han sido clientes de NSO, según Bill Marczak, investigador principal”, indicó el reportaje.
El 19 de junio del 2017, el diario The New York Times, Artículo 19, R3D, Social Tic y Citizen Lab revelaron que el Gobierno encabezado por Peña Nieto había adquirido un software para investigar a criminales y terroristas, pero que se habría usado para espiar a periodistas y a activistas anticorrupción, quienes realizaron la denuncia correspondiente, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y organismos internacionales.
Según información del contrato, Pegasus funciona a través de un software malicioso que envía un mensaje o un enlace a correos electrónicos y teléfonos celulares, que al abrirlo da acceso a la información del equipo de la persona infectada. De esta manera, quien opera el programa puede acceder a mensajes de texto, fotografías, contactos, correos electrónicos, historial de llamadas telefónicas, historial de navegación en internet y redes sociales, ubicación, capturas de pantalla y grabaciones de la persona que está siendo espiada.
NSO Group, que también se conoce con el nombre de Q Cyber Technologies, es una compañía con sede en Israel que desarrolla y vende tecnología de software espía. Es propiedad mayoritaria de Novalpina Capital, una firma europea de capital privado.
ARTÍCULO 19 EXIGE A FGR INVESTIGACIÓN CON PERITAJE EXTERNO POR ESPIONAJE CON PEGASUS EN GOBIERNO DE EPN
La organización no gubernamental Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación independiente respecto al espionaje realizado contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos con el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que permite a agencias de gobierno acceder a la memoria de los teléfonos celulares para captar, mensajes, llamadas, correos, geolocalización e historial.
Ante ello, la ONG internacional instó al Gobierno encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a transparentar toda información relacionada al espionaje realizado en la Administración de Enrique Peña Nieto con el software de vigilancia, así como la colaboración absoluta con las investigaciones.
“Que el Fiscal General rediseñe en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos”, urgió Artículo 19 en un comunicado firmado en conjunto con R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC.
La ONG recordó que hasta ahora, la FGR no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, demandó que se impulse una agenda de reformas para establecer controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas por parte de las entidades de gobierno.
La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información criticó que a cuatro años de que se inició la investigación por este caso de espionaje gubernamental, aún no hay avances significativos para su esclarecimiento, por lo que llamó a replantearla y fortalecerla.
Aunado a lo anterior, Artículo 19, en su Oficina para México y Centroamérica, aseguró que le expuesto por la investigación publicada ayer domingo 18 de julio, pone de manifiesto la necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición de herramientas de vigilancia en territorio mexicano.
EMPRESA CREADORA DE PEGASUS RECHAZA ACUSACIONES SOBRE ESPIONAJE A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS
Un portavoz de la empresa israelí NSO Group -cuestionado por la agencia española EFE- calificó, este lunes 19 de julio, de “endeble” la investigación que implica a su software Pegasus en el espionaje de activistas, políticos y periodistas.
“Los editores decidieron seguir adelante con esta historia, incluso después de que quedó claro que sus fuentes no identificadas los habían engañado, probablemente intencionalmente”, afirmó la empresa, la cual sido señalada en anteriores ocasiones por vender el sowftware espía a países con déficit democrático y algunos diputados israelíes intentaron en 2016, prohibir legalmente los permisos de exportación para el grupo.
“Como NSO ha dicho anteriormente, nuestra tecnología no se asoció de ninguna manera con el atroz asesinato de Jamal Khashoggi. Podemos confirmar que nuestra tecnología no se utilizó para escuchar, monitorear, rastrear o recopilar información sobre él o los miembros de su familia mencionados en su consulta”, indicó la compañía israelí.
“Respaldamos nuestras declaraciones anteriores de que nuestros productos, vendidos a gobiernos extranjeros examinados, no se pueden utilizar para realizar vigilancia cibernética dentro de los Estados Unidos, y a ningún cliente extranjero se le ha otorgado tecnología que les permita acceder a teléfonos con números estadounidenses”, indicó la empresa, que aseguró, además, que “continuará investigando todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomará las medidas adecuadas en función de los resultados de estas investigaciones”, lo que incluye “apagar el sistema de un cliente”.
