El Gobierno del Estado acumuló adeudos ilegalmente por participaciones por más de 50 millones de pesos con Tecate, 340 mdp con Mexicali y 800 mdp con Tijuana. Falta de recurso afecta a la ciudadanía y las arcas municipales no tienen dinero para gastos operativos, como pago de nómina y gasolina para patrullas, entre otras necesidades
El “préstamo” que el gobierno estatal pidió a los ayuntamientos de Baja California sacó a relucir la retención ilegal de participaciones federales y estatales que la administración de Jaime Bonilla Valdez ha hecho a las administraciones municipales desde hace meses, en un indebido ejercicio del gasto presupuestal que podría constituir desde faltas administrativas hasta delitos como desvío de recursos.
El desaseo financiero reflejado en la falta de liquidez hará que Bonilla Valdez deje “peor” las finanzas estatales de como las recibió, ya que, en lugar de restructurar, solo “pateó el bote”.
“Va a entregar unas finanzas públicas muy comprometidas, por no llamarles en quiebra técnica; es decir, no va a haber disposición de efectivo, en caja, los recursos suficientes para cumplir con los compromisos hacia finales de año, sobre todo las nóminas y aguinaldo”, advirtió el economista Enrique Rovirosa.
PAGO DE PARTICIPACIONES EN ESPECIE
El recurso federal y estatal que debió transferir sin condición ni dilación, ahora el gobierno estatal pretende entregarlo en especie, violentando nuevamente la Ley. Según una fuente que pidió el anonimato “el préstamo” solicitado a los ayuntamientos, se trataría de una simulación. Semanas atrás, funcionarios de la Secretaría de Hacienda tuvieron acercamientos con tesoreros municipales para plantearles un esquema para “saldar” los adeudos de participaciones.
“A los tesoreros les decían ‘Yo te debo tanto por participaciones, te los deposito en tu cuenta, posteriormente yo te pido un préstamo y me los devuelves, pero finalizado julio te voy a mandar un oficio en el que te diga que no te los puedo pagar en efectivo, que te los voy a pagar en especie’. Entonces se entregaba un catálogo de las cosas que puede hacer el Estado en vez de entregar el dinero de las participaciones, por ejemplo, adquirir chalecos y armamento para el Municipio en cuestiones de Seguridad. También se ofrecía que el Estado pague la obra que el Municipio tenía proyectada hacer con recursos propios, aunque en el caso del bacheo, el Estado no pone el material (el pavimento), solo la mano de obra”, relató.
En la transmisión matutina del gobernador por Facebook del 15 de julio, González Higuera volvió a abordar lo que llamó “convenio de colaboración” y que días atrás denominó “financiamiento temporal” (préstamo) que harían los municipios al Ejecutivo federal.
Con esta estrategia, la Secretaría de Hacienda pretende enfrentar el pago de los créditos de corto plazo y otros gastos como la nómina magisterial -según las propias palabras del funcionario-, sin que en ninguna de sus dos apariciones esta semana en la mañanera, haya precisado a cuánto asciende el saldo actual de los 13 empréstitos que se contrataron con siete instituciones financieras de agosto de 2020 a marzo de 2021, por más de 3 mil 700 millones de pesos; menos aún ha especificado para qué se utilizó el recurso.
El titular de Hacienda aseguró que los recursos que prestaría el Municipio al Ejecutivo estatal son “netamente” recursos estatales y de recaudación municipal. “No está interviniendo ningún recurso federal”, sostuvo.
Para justificar los “préstamos”, el auditor superior de la Federación, Jesús García, leyó la opinión técnica sobre el “convenio de colaboración” entre el Ayuntamiento de Tijuana y el Ejecutivo estatal, aseverando que es “viable” conforme a los artículos 81 y 85 de la Constitución del Estado; 65 y 66 de la Ley de Planeación de Baja California; y 41 y 49 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California. Además, dado que es un convenio de colaboración, los alcaldes pueden suscribir estos acuerdos directamente, sin pasarlos por Cabildo.
Aunque en ninguna de sus dos intervenciones de esta semana el titular de Hacienda ha esclarecido cuánto “financiamiento temporal” pidió a cada municipio y exactamente a qué rubros destinará esos recursos, y mucho menos cuánto debe por participaciones estatales y federales o el motivo de ello, Bonilla Valdez aseguró: “Lo que pasa es que estamos pasando por una etapa, un fenómeno donde un gobierno sí informa y a veces se ‘acalabra’ la gente, porque le estamos dando demasiada información, pero en realidad ha sido una actividad muchas veces”.
Luego de acusar a los medios de no entender bien y tropezarse, afirmó que en su gestión hizo muchas obras que eran municipales y “nunca les pedimos a los municipios por la razón de que estaban pasando por momentos difíciles que ellos hicieran las obras, las obras se tenían que hacer y ahora lo único que les decimos, es que nos ayuden porque tenemos que pagar los cortos plazos, y con el apoyo federal hemos estado cubriendo todos los compromisos”.
MEXICALI SIGNA CONVENIO POR 250 MDP
En el caso de Mexicali, el adeudo de participaciones suma alrededor de 456 millones de pesos. Víctor Daniel Alarcón Barragán, tesorero municipal en la Capital del Estado, apuntó que el gobierno estatal aún debe 116 millones de pesos de las participaciones federales que no se entregaron en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, más cerca de 340 millones de pesos que el gobierno de Bonilla Valdez ya traía de adeudo desde marzo pasado, cuando comenzó a retener las participaciones federales y estatales del Municipio.
El 30 de junio de 2021, ambas partes signaron un “convenio de colaboración administrativa” por 250 millones de pesos, con el cual el gobierno estatal se compromete a pagar cuotas y aportaciones del Ayuntamiento al Issstecali de julio a octubre próximo.
Convenio -dijo- al que se refirió la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñonez el lunes 12 de julio, y que no fue aprobado por Cabildo. Agregó que el gobierno estatal y el municipal están trabajando en otro convenio que implique 61 millones de pesos de obra y 24 millones de pesos en equipo de seguridad pública.
Refirió que los cerca de 180 millones de pesos de participaciones pendientes, podrían recibirse en efectivo, para que al final de la administración se hayan liquidado los adeudos. Versión que discrepa con la brindada por la presidente municipal, quien aseguró que la semana pasada, el secretario de Hacienda le solicitó formalmente retener 180 millones de pesos del recurso federal.
A decir del entrevistado, con la firma del “convenio de colaboración administrativa” del 30 de junio, se pretende “garantizar el pago, porque si no, nos pudiera pasar lo que pasó con ‘Kiko’ Vega, ahorita nadie nos ha podido responder por esas participaciones pendientes”.
Complementó que con el convenio también se pretende “cobrar esos recursos para no tener la doble erogación de pagar al Issstecali y no tener el recurso en caja, y de esa manera aligerar la carga financiera al Municipio”, para que el Ayuntamiento pueda tener dinero para hacer la reserva con la que se enfrenten los compromisos de fin de año, como los aguinaldos, y “de alguna manera” garantizar la liquidez a la próxima alcaldesa.
GOBIERNO DE BC PAGARÁ CON OBRA EN TIJUANA
A la alcaldesa de Tijuana, Karla Patricia Ruiz Macfarland, el gobierno estatal le pidió prestado 380 millones de pesos el 28 de junio de 2021. Según la funcionaria, había 50% de probabilidades de que el dictamen se “subiera” al Cabildo hoy viernes 16 de julio, toda vez que se estaba analizando jurídicamente.
Pese a ello, Ruiz reconoció que el gobierno estatal adeuda participaciones al Ayuntamiento, aunque se desconoce el monto, dado que. al cierre de edición, jueves 15 de julio, no fue concedida la entrevista solicitada por ZETA con la tesorera Olga Angélica Alcalá Pescador. Funcionaria que al inicio de la administración de Bonilla fungió como subsecretaria de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y estuvo encargada del refinanciamiento por más de 12 mil millones de pesos que supuestamente darían mayor liquidez.
En febrero de 2021, al dejar la presidencia municipal, Arturo González Cruz denunció que el adeudo del Estado por falta de entrega de recursos federales sumaba 800 millones de pesos. En entrevista con este Semanario, el regidor José Refugio Cañada indicó que el “préstamo” solicitado por la Secretaría de Hacienda por 380 millones de pesos podría ser avalado siempre y cuando sean recursos propios, pues no podría prestarse el recurso federal, ya que incurría en un acto ilegal.
Expuso que el Gobierno del Estado pagará dicho “préstamo” con cinco obras de infraestructura. El Puente de la Vía Rápida Poniente, sobre el Bulevar Insurgentes, con un costo aproximado de 159 millones 843 mil pesos; Puente Padre Kino (77.6 millones de pesos); Puente Vehicular en Garita de Otay 1, salida de vehículos de carga (83.3 millones de pesos). Además del Cañón del Pato (41.2 millones de pesos) y el tanque desarenador Número 2 y obras de encauzamiento en ramal izquierdo subcuenta Los Laureles (20.9 millones de pesos).
A TECATE LE DEBEN 52 MILLONES DE PESOS
La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, dijo que desde el año pasado le han quitado de forma incorrecta 52 millones de pesos de participaciones, bajo la “justificación” de que con ese dinero se pagaría el Issstecali, sin que realmente el monto haya sido entregado al Instituto. Situación por la que el Ejecutivo federal abrió un expediente en la fiscalía, por el cual Adams tiene que ir a firmar una vez al mes.
Si bien, formalmente al gobierno no le ha sido solicitado el “préstamo”, supo del planteamiento de la Secretaría de Hacienda de pagar en especie las participaciones retenidas. Algo que rechazó y calificó como “una especie de transa” y “una mentira”.
“No sé si ahora que entre la nueva presidente municipal lo vayan a hacer, pero mientras yo esté en la presidencia, eso no va a pasar”, advirtió. “Lo que queremos es que, si ellos decían que (la retención) era para Issstecali, que lo manden a Issstecali”, agregó.
En tanto, el tesorero Martín Domínguez Chiu declaró que la operatividad de Tecate “se encuentra en riesgo”, situación que ha estrangulado las finanzas del Pueblo Mágico.
Aun cuando se hizo el compromiso de que se pagarían los casi 12 millones de pesos que quedó a deber el gobierno pasado, nunca se pagaron. “eso lo venimos arrastrando y cobrando a la Secretaría de Hacienda, y sin embargo, no hay respuesta de esos 12 millones”, reiteró.
“GARANTIZADO” EL PAGO A ROSARITO: GONZÁLEZ HIGUERA
El lunes 12 de julio, el titular de Hacienda, Adalberto González Higuera, indicó que “está garantizado” el pago del préstamo por 34 millones de pesos que concedió el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, y aclaró que dicha solicitud se hizo hace aproximadamente dos semanas.
En entrevista con ZETA, Manuel Zermeño Chávez, tesorero del Ayuntamiento, negó haberse reunido con funcionarios estatales que le hubieran planteado el esquema con el que el Ejecutivo estatal pagaría en especie las participaciones federales y estatales que adeuda.
“El gobierno estatal no tiene adeudos de participaciones y aportaciones federales. Está al corriente” con el municipio.
Incluso en 2019, la administración de Jaime Bonilla Valdez pagó las participaciones que habían quedado pendientes del gobierno pasado. En cuanto al préstamo, el funcionario local informó que el 2 de julio se hizo la transferencia electrónica de 34 millones de pesos al gobierno estatal, luego que el 24 de junio, Cabildo aprobara el “préstamo”, cuyo plazo de pago vence el 30 de julio.
En caso de que el gobierno estatal no pueda pagar en efectivo, podría hacerlo en especie, “es decir, ellos tendrían que decir cuál es la propuesta de pago y nosotros a Cabildo, porque habría que hacer un nuevo convenio en el que el Estado reconoce ese adeudo y el ofrecimiento del pago en especie”, dijo.
Al asegurar que los 34 millones de pesos salieron de un fondo de libre disposición de las arcas municipales y que el préstamo al gobierno estatal “no genera ninguna complicación financiera”, el funcionario abrió la posibilidad de que Hacienda pague con obra que el Municipio ya contemplaba hacer con recursos propios por un monto cercano a 30 millones de pesos.
Norma Angélica Llamas, regidora de Movimiento Ciudadano, criticó el convenio del préstamo, ya que el Municipio tiene muchas carencias como para prestarle al Ejecutivo estatal. Tan solo en la Dirección de Salud Municipal, las “instalaciones están deprimentes”, no hay suficientes vehículos, equipos ni insumos.
En el inmueble que alberga Control Animal, “que ya es descontrol animal” y cuando llueve hay goteras, “van tres ocasiones que se les meten a robar porque no está bien asegurado el espacio, por poner un ejemplo de las necesidades del municipio”, denunció la única edil que votó en contra en la sesión de Cabildo del 24 de junio.
Por su parte, el tesorero defendió que el préstamo “está bien sustentado y legalmente es viable”, al no contravenir ningún supuesto legal. Refirió el Artículo 72, fracción III de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California “que nos dice claramente que no se consideran gastos los financiamientos temporales que otorga el Ayuntamiento a terceros para cubrir su objeto social”.
Por otro lado, “si vamos a la Ley de Hacienda municipal, te maneja que parte de los ingresos municipales son los aprovechamientos, entendiéndolo como los intereses generados en virtud de créditos otorgados por el Ayuntamiento a terceros; el recurso municipal debe estar en cuentas productivas o generar rendimientos, que es este caso”.
Además, “hay un financiamiento temporal al Ejecutivo del Estado, pero es también poner a trabajar este recurso municipal, ya que generará rendimientos”, por los que se obtendrá un ingreso de un millón y medio mensual, lo cual “implicaría pavimentar una calle más”.
Sin embargo, para Juan Marcos Gutiérrez, presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, por el aval de dicho préstamo, funcionarios municipales habrían incurrido en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y peculado.
Explicó que el Municipio “solo puede prestar” a sus entidades paramunicipales, y las paramunicipales pueden prestarse entre sí, siempre y cuando sean de un mismo municipio, pero no se puede estar prestando dinero entre municipios, ni del Municipio al Estado. “Por principio de legalidad, lo que no está escrito en la Ley está prohibido”, entonces, el Municipio solo puede prestar a sus paramunicipales.
Y resaltó, no está en su función esencial de Municipio “andarle haciendo de banquito”. “Dicen ‘no es préstamo que le van a retrasar sus participaciones’, esa es otra ilegalidad, según el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, y ellos van a pagar intereses, pero no convencionales, porque es una sanción que pone la Ley. Pero además es un fraude a la Ley porque hicieron una solicitud de préstamo, ya no les funcionó la figura y ahora se están viniendo por acá, y el Municipio tendría la obligación de reclamar a la Secretaría de Hacienda federal el envío directo de sus participaciones”, amplió Gutiérrez.
Recordó que por Ley está prohibido entregar en especie las participaciones a los ayuntamientos, en tanto los municipios serían responsables de omisión por la falta de reclamo, “fueran de otro partido, ya se hubieran interpuesto sendas controversias constitucionales, pero como están alineados, no lo hacen; el problema de que sean de un mismo partido político no debiera representar esa sumisión que perjudica a los ciudadanos, no hay un municipio que no tenga un déficit de algo”.
En opinión del abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, es posible que el Municipio pueda prestar al Estado, sin embargo, para ello se requiere acreditar la viabilidad financiera, que haya partidas y cálculos programáticos que así lo determinaron. “No es nada más que hoy necesito dinero y dame dinero. Se requiere que desde la programación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos municipal se programe ese gasto”.
Coincidió en que “no es legal que se retengan participaciones federales o estatales, y de ninguna manera se puede con un convenio limitar su entrega y justificarla con el préstamo; tampoco se puede matar saldos, es decir, te presto dinero, pero tú me debías dinero del Issstecali o de otra institución, y, por tanto, matamos los saldos ahí”.
Desde su perspectiva, el del Ayuntamiento de Rosarito al Ejecutivo estatal se trata de un préstamo “sin garantías, sin autorización del Congreso, sin justificación para qué se requiere ese dinero, pues no basta con decir que es para asumir compromisos financieros, sino que es necesario que se indique el destino de ese préstamo, lo cual no está satisfecho”.
ADELANTAN PARTICIPACIONES A ENSENADA
La regidora Carmen Salazar dijo a ZETA que en enero, el Gobierno del Estado adelantó participaciones al Ayuntamiento de Ensenada por alrededor de 80 millones de pesos, por lo que el Estado no debe recursos federales y estatales al Municipio. Hasta donde se sabe, el Ejecutivo estatal no ha hecho ninguna solicitud de préstamo al Municipio, añadió.
Un comunicado del Ayuntamiento -difundido hace un mes- informó que el gobierno de Ensenada presenta un déficit de 400 millones de pesos como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19, por lo que, según Tesorería, se “han buscado alternativas para cumplir con las obligaciones de nóminas, prestación de servicios públicos y obras municipales”.
Al primer trimestre de 2021, los tres municipios más poblados de BC están dentro de los 25 más endeudados del país. Tijuana ocupa el primer lugar, con 2 mil 591 millones de pesos; Mexicali el séptimo, con 954.6 millones de pesos; y Ensenada el 17, con 564.4 millones de pesos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Según este organismo de la Cámara de Diputados, de enero-mayo de 2021, Baja California recibió 8 mil 623.4 millones de pesos por participaciones, una contracción de 4.3% en términos anuales. Pero el monto de participaciones aumentó 7.6%, al sumar 12 mil 924.0 millones de pesos en el mismo lapso.
INCIERTO FUTURO FINANCIERO PARA BC
La situación que enfrentará la próxima administración se complicará más, considerando que el Banco de México ya aumentó la tasa de interés 25 puntos base y, antes de que termine 2021, la elevaría de nueva cuenta, con lo que aumentará el servicio de la deuda ya contratada.
Al final, la siguiente administración enfrentará una crisis financiera con más deuda y un mayor incremento en impuestos, servicios y derechos, afectando el bolsillo del ciudadano, previó el economista Enrique Rovirosa.
Por lo tanto, calificó el futuro inmediato de Baja California como de “incertidumbre respecto a la liquidez del Gobierno del Estado”, pese a que el secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, aseguró que “el gobierno de Baja California, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez garantiza el pago de las nóminas de burocracia, magisterio y pensionados hasta el mes de octubre, que es la culminación del gobierno de Bonilla, no debe haber incertidumbre, tiene que haber tranquilidad”.
De acuerdo con Rovirosa, “los hechos y acciones que plantearemos en los próximos meses nos llevará a cumplir ese compromiso”.
El especialista subrayó a ZETA que la indisciplina financiera del Estado es responsabilidad no solo del Ejecutivo, también del Congreso, que tiene la obligación de fiscalizar el gasto. “Hay una complicidad de las tres instancias gubernamentales del Ejecutivo, el Legislativo y por parte de los ayuntamientos, que no han alzado la voz y, lejos de ello, se prestan a una acción ilegal como son los préstamos, porque no están para prestar dinero cuando tienen una serie de necesidad terribles”, sentenció.
