El gobernador Jaime Bonilla Valdez sólo tuvo dos años de gobierno. Así estaba determinado por la Constitución local. Aunque él, los diputados locales del PAN, los de Morena y sus aliados, hayan querido pasar por encima de la Ley (Catalino Zavala, de hecho, le tomó posesión por cinco años), al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Ley Bonilla era una violación y un fraude a la Constitución, y el ansiado quinquenio quedó en bienio.
Pero en tan solo dos años, Bonilla ha logrado lo que pocos. Hacer del primer año, el año de Hidalgo, y el segundo, el año de Carranza. La conseja popular anota que al final del sexenio -o trienio- entra la codicia a los gobernantes y hacen lo posible por sacar provecho del gobierno en beneficio propio.
Suena bastante mal, especialmente en estos tiempos de pluralidad, tolerancia y empoderamiento de la mujer, pero el año de Hidalgo se define así: “Piiip…piiiip…piiip… el que deje algo”. ¿Me entendió? O sea, algo así como “que le vaya mal al que deje algo”. Pero como los mexicanos son largos, y luego el tiempo pasa rápido, la misma conseja popular acuñó otra frase para enmarcar los actos de abusos, exceso y corrupción en el último año de gobierno: “El año de Carranza… porque el de Hidalgo no alcanza”.
Así, en sólo dos años, Jaime Bonilla vive en estos meses, el año de Carranza.
Si en su primer año destacó por los casos de corrupción en su círculo principal de colaboradores al inicio de su bienio, cuando fueron exhibidos y denunciados por cobrar moches a empresarios (a nombre de la fundación de Jaime Bonilla), a cambio de la promesa de entregarles contratos de gobierno, el segundo es notorio por el abuso del gobernador para ejercer a su antojo el poder del Estado.
Por ejemplo, con sus diputados y su leal Juan Manuel Molina, abrogaron la Ley de Transición que, promovida por el propio Bonilla, se aprobó en agosto de 2019, cuando era gobernador electo, para “amarrarle” las manos a Francisco Vega de Lamadrid, entonces gobernador constitucional.
Esa Ley indicaba que 90 días antes de concluir la administración estatal, el gobernador constitucional estaba limitado para la elaboración de convenios, contratos, concesiones, adquisiciones a largo plazo, endeudamientos y, en dado caso, debería contar con un testigo del equipo del gobernador electo, o sea, de Bonilla.
La Ley estuvo vigente desde agosto de 2019, hasta hace un par de semanas, cuando el actual mandatario estatal consideró conveniente eliminarla para, junto con sus colaboradores, seguir haciendo convenios, concesiones, contratos, endeudamientos y lo que les venga en gana, con total libertad, sin informarle a la gobernadora electa y sin tener a un representante de Marina del Pilar Ávila Olmeda en las negociaciones.
El ingeniero Bonilla promovió una Ley para amarrarle las manos a “Kiko” Vega, y la abrogó para liberarse de la misma. En esas condiciones, ni siquiera ha iniciado los trabajos de transición con Marina del Pilar, a quien ignora olímpicamente, y hasta se molesta si algún sector se acerca a ella y no a él, que sigue siendo gobernador.
Entonces, ya libre de la Ley que le limitaba, Bonilla está dedicado a entregar notarías, como lo hiciera su antecesor al final de su sexenio, y como otros goberladrones del PRI y del PAN para sacar provecho del poder estatal. Bonilla entrega notarías a sus ahijados, a sus allegados, a los hijos de sus padrinos, a quien se le antoje y decida, porque también modificó la Ley del Notariado para justificar la existencia de más notarías. Al final de su maniobra legislativa, tendrá más de 35 para entregar.
Luego, ya ensoberbecido de poder y quebradas las arcas estatales, a pesar de que incrementó y creó nuevos impuestos, y que hizo cobros excesivos por conexión de agua y ninguna obra de gran calado en la que haya invertido el presupuesto, al Ejecutivo estatal se le ocurrió que para saldar sus deudas y tapar sus hoyos financieros, pediría prestado a los ayuntamientos sus participaciones federales.
Por suerte, imperó la decencia y únicamente dos de cinco ayuntamientos, accedieron a “prestarle” las participaciones, pues realmente no se trata de un préstamo, dado que no regresará el dinero en efectivo, sino en especie. Tijuana y Tecate se negaron a prestarle, considerando que, de hacerlo, caerían en responsabilidad jurídica por desvío de recursos y daño patrimonial. Mexicali y Rosarito sí dieron el dinero de los ciudadanos para uso de la administración bonillista.
Después, como si ya sus excesos no fueran tan notorios, resulta que don Jaime “pretende”, a su iniciativa y nada más, ampliar el periodo del fiscal general del Estado, de cinco años para los cuales fue designado, a nueve años en el cargo. Y eso de que es a su iniciativa, se basa en que el fiscal, de viva voz, dijo no haber sido notificado previamente sobre la intención de dejarlo nueve años en el cargo, además, que no lo promovió él.
Pero hay más. En el año de Carranza, del cual le quedan escasos meses a Bonilla, ahora envió una iniciativa para “entregar” a los municipios, las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, proveedoras del sistema de distribución del agua y del líquido.
Y como siempre, en el Congreso del Estado los diputados actuaron agilizando los trámites, para que en cuestión de días, sin consultar a los ayuntamientos, sin un estudio de factibilidad financiera -de hecho sin estudio alguno-, los deseos del gobernador se cumplieran. Pero como siempre hay un pero cuando se trata del gobernador, no entregará en su totalidad las comisiones de Servicios Públicos a los ayuntamientos, sino solo una parte. La sección más importante, la generación de políticas públicas y las tarifas del agua, las seguirá rigiendo el Estado, a través de un ente que crearán para la coordinación de los servicios públicos.
Detrás de todos los excesos de Jaime Bonilla Valdez en su segundo año de gobierno, y su año de Carranza, hay un común denominador: acotar el poder de la gobernadora electa, próxima gobernadora constitucional, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Por ejemplo, no le dejará notarías para entregar, aunque como él en 2019, podrá dar para atrás a las entregadas por Bonilla. Le “quita” las comisiones de Servicios Públicos para, a través de los ayuntamientos, seguir sosteniendo a Fisamex y los cobros excesivos que Ávila está considerando eliminar. Y bueno, pretende dejarle un fiscal por un periodo de nueve años para, como lo ha hecho hasta ahora la Fiscalía General del Estado, le respondan a él, abran las investigaciones que proponga el gobernador y, por qué no, cuidarse las espaldas en futuras denuncias.
Ahora sí que Bonilla no está dejando nada para el inventario. El año de Carranza en su máxima expresión.
