Pese a que familiares han hecho prácticamente toda la investigación, ambas mujeres tienen tres y dos años desaparecidas, y los presuntos responsables -también identificados por consanguíneos- no han sido molestados por la autoridad. Fiscalía General del Estado ha ignorado las pesquisas de los familiares de las víctimas, quienes han tenido que protegerse e incluso dejar Baja California para no ser afectados
Aída Calderón Robles y Araceli Guadalupe Tafoya Madrigal, son dos mujeres víctimas de desaparición forzada entre particulares. El paradero de ambas se desconoce desde los años 2017 y 2018, respectivamente, y a partir de ese momento, la vida de sus familias cambió para siempre.
Mientras la hermana de Aída ha emprendido una búsqueda implacable por todos los medios posibles para dar con ella, familiares de Araceli tuvieron que desplazarse y refugiarse en Texas, Estados Unidos, ante la posibilidad de convertirse en nuevas víctimas del presunto responsable.
En ambos casos, los círculos cercanos señalan directamente a quienes sospechan son los responsables, con la intención de que la Fiscalía General del Estado (FGE) asuma las investigaciones, pero en ninguno les han tomado la palabra; incluso en el caso de Aída, su hermana Elba asegura que ha sido revictimizada, puesto que los funcionarios la han cuestionado sobre si se fue con alguna pareja fuera de BC.
Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, Baja California está por encima de la media nacional en materia de desaparecidos, desconociendo el paradero de mil 372 personas, de las cuales el 35% son mujeres, teniendo como principal rango de edad entre los 15 y 19 años. Sin embargo, existen al menos 28 casos de niñas y niños ausentes con una edad inferior a los 4 años; y otros 33 con edades de 5 a 9 años.
Irma Leyva, activista y representante del colectivo Madres Unidas y Fuertes, denunció que la FGE mantiene un trabajo deficiente en torno a la búsqueda de personas, puesto que no participa en las búsquedas de campo, no avanza en las indagatorias por el miedo de sus agentes a resolver los casos y no cuenta con equipo necesario para realizar un eficiente tratamiento de pruebas de ADN.
No conforme con ello, durante el último año se ha generado un severo problema dentro de los servicios médicos forenses de Baja California, los cuales se encuentran saturados -algunos de ellos- casi en un 200%, debido a que la FGE se niega a liberar los cadáveres, argumentando que no desea revictimizar a los familiares de personas desaparecidas, haciéndoles pagar una fuerte suma de dinero para inhumar cuerpos enterrados en fosa común.
En estos momentos, el 70% de los cadáveres que se encuentran bajo resguardo en las distintas morgues de la entidad, ya debería estar en fosa común. Incluso hay cuerpos desde 2018 que no han sido liberados, ante la posibilidad de que algún familiar lo reclame o por dilatación para extracción de material genético.
AÍDA Y ARACELI, VÍCTIMAS DE LA INDOLENCIA
Por medio del relato de su hermana Elba, se pudo conocer que Aída es una mujer de 55 años de edad que se dedicaba a cuidar a un menor de edad con capacidades diferentes, y tras la muerte de su esposo Jorge Contreras Mota, comenzó a vivir un escenario difícil.
Aída no tenía hijos ni oficio; su marido nunca le permitió trabajar, por lo que cuando murió, se le vino el mundo encima.
La hoy ausente reside -o al menos hasta el día de su desaparición- en el domicilio marcado con el número 1398 de Avenida Jiquilpan de la colonia Lázaro Cárdenas, y a un costado reside la familia de su difunto esposo.
Elba recuerda que su hermana le comentó que durante los dos años previos a su desaparición, los hermanos y la madre de su marido, le hicieron la vida imposible por medio de amenazas e intimidación, afirmándole que no tenía derecho a ninguna de las propiedades de su hermano, el cual contaba con su vivienda, un jardín de eventos ubicado justo en la parte trasera de la casa de sus familiares, y un taller en los alrededores.
Ante el hostigamiento, Aída decidió iniciar un juicio para asegurar la propiedad donde vivía, para así evitar un posible despojo por parte de sus cuñados y suegra. La intención de Aída era apropiarse de la casa y venderla para huir del hostigamiento.
Después de ganarle el juicio a los cuñados y recibir una serie de amenazas por ello, puso la propiedad en venta, pero a escasos cinco días de iniciar el trámite de compraventa, Aída desapareció.
Elba recuerda que ese 7 de noviembre de 2017, su esposo y ella se encontraban en una papelería cercana a la casa de Aída, donde la vieron pasar caminando, hasta ingresar a una frutería donde compró las croquetas de sus canes y finalmente se quedó platicando aproximadamente por una hora a las afueras de su vivienda con una vecina. Ella fue la última persona que la vio antes de desaparecer.
A las nueve de la mañana del día siguiente, Elba recibe una llamada de la mujer que empleaba a su hermana y le dice que se ha intentado comunicar con Aída desde las seis de la mañana, cuando habitualmente iniciaba su jornada laboral.
Reportan a los números de emergencia e ingresan al domicilio y descubren un desastre; la cama destendida, muebles en distinta posición y evidencia de que varias personas maniobraron en el lugar, pero nada sobre Aída. Ni sus cuñados ni su suegra escucharon gritos o movimientos violentos en el domicilio adjunto.
Inexplicablemente, la FGE inició la investigación por privación ilegal de la libertad, y durante tres años, el caso permaneció en la Unidad de Delitos Culposos, a cargo del coordinador David González Guerra, toda vez que -según Elba- el área especializada en investigación de personas desaparecidas, no quería recibir la carpeta, ya que el expediente estaba mal integrado y era desastroso.
Durante tres años, Elba no vio avances en su investigación porque nadie quería hacerse cargo de la carpeta; ni siquiera extrajeron ADN para cotejarlo en la base de datos de la FGE. Infinidad de vueltas tuvo que dar sin resultado, hasta que se unió a los colectivos de búsqueda, y tras interponer amparos y denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), su caso fue turnado al área encargada de la búsqueda de desaparecidos y se le extrajo material genético.
Sin embargo, la FGE se mantiene “paralizada” en torno a la investigación, puesto que Elba solicitó se investigue a la familia Contreras Mota, toda vez que después de amenazarla, son los principales sospechosos del crimen, además de que ambos predios se encuentran separados por una pequeña lámina, la cual pudo ser removida para ingresar a la propiedad de la víctima y extraerla por la parte posterior, donde se encuentra el parque de eventos.
ZETA hizo una revisión de la zona y confirmó que ambas viviendas son adyacentes, además de contar con un jardín de eventos con una puerta de grandes proporciones que conecta con la calle posterior.
El caso de Araceli Guadalupe -quien no excede los 30 años- es igual de increíble. La mujer desapareció en agosto de 2018, luego de salir de fiesta con dos de sus mejores amigas. Aquella noche, fue trasladada por sus amigas a su vivienda localizada en calle sin número, en el poblado Puente Treviño, en el Valle de Mexicali, donde vivía con su novio llamado Juan Manuel Bernal Ramírez, en ese entonces de 56 años de edad.
La hermana de Araceli, de nombre Leticia, comentó que sus amigas escucharon cuando la pareja comenzó a discutir al arribo a su vivienda, por lo que se quedaron por un tiempo en el lugar esperando a que nuevamente saliera, pero no ocurrió.
Al día siguiente, la madre de la hoy ausente acudió a visitarla, pero su novio dijo desconocer su paradero, por lo que reportaron el hecho e iniciaron las indagatorias.
Leticia comentó que su hermana fue violentada varias veces por su pareja, el cual siempre estaba armado y contaba con historial criminal, según su narrativa.
Poco a poco fueron descubriendo testimonios que apuntaban a que el último individuo que la vio con vida fue Juan Manuel, pero este insistía en que Araceli se había ido. Ante la constante amenaza del presunto agresor, la familia de Araceli optó por refugiarse en Texas e iniciaron las diligencias ante la FGE en busca de obtener el apoyo de la autoridad, pero este ha sido insuficiente.
Según Leticia, el año pasado, Juan Manuel fue detenido durante un cateo por la FGE, acusándolo de la desaparición de un joven; permanece preso por esta acusación, pero la FGE no ha iniciado una investigación que pudiera relacionarlo con el crimen.
Tampoco se le han practicado pruebas de ADN a ningún familiar, pese a que lo han solicitado, por lo que realmente no se ha iniciado una búsqueda científica sobre el caso y, luego de tres años de incertidumbre, la realidad es que la fiscalía estatal no ha realizado una investigación seria, aunque existe una denuncia por el caso.
NO HAY CERTIDUMBRE SOBRE NÚMERO DE DESAPARECIDOS
Los colectivos dedicados a la búsqueda de desaparecidos o ausentes, no tienen certidumbre sobre las personas cuyo paradero es incierto. La Comisión Nacional de Búsqueda establece que en Baja California se contabilizan mil 372 personas no localizadas, pero la activista Irma Leyva, de Madres Unidas y Fuertes, aseveró que no le sería descabellado hablar hasta de unas 6 mil personas ausentes en el Estado.
“El sistema ha querido aparentar que está integrado en la búsqueda de nuestros desaparecidos, pero no es así, es una pantalla donde nos ponen fiscales, nos dicen que revisarán la carpeta, yo te puedo garantizar que si vemos la carpeta de mi hijo, que tengo por escrito lo del caso, es lo mismo que hay ahorita; lo que hay en las carpetas lo integramos los familiares”, refirió la activista, quien busca a su hijo Diego Hernández Leyva desde el 11 de enero de 2007.
Esas más de mil personas ausentes se dividen en los cinco municipios, destacando Tijuana, con 744 de los casos totales en la entidad; Mexicali, 259; Ensenada, 131; Tecate, 56; Playas de Rosarito, 53; sin referencia de municipio, 92; y desconocido totalmente su último lugar donde fue visto, 37.
Como coincidencia, en 2017, cuando se desencadenó la violencia en Baja California, las cifras de asesinatos rondaron los mil y las denuncias para localizar personas también incrementaron, pues en 2015 solo se documentaron 10 casos y, en el año arriba referido, se superaron los 227.
A juicio de Irma Leyva, últimamente el gobierno ha intentado dividir a los colectivos, al grado de enviar una carta al domicilio de una de las madres que conforman el colectivo, acusando a Diego Hernández Leyva, hijo de Irma -desaparecido- de ser uno de los autores de la desaparición de otro joven, pero esto no se ha confirmado.
La intención de este y otros ataques, es precisamente que el señor Fernando Oceguera tenga la posibilidad de acaparar el tema de los desaparecidos en la entidad, el cual representa ingresos monetarios.
Aunque de manera oficial, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reconoce a poco más de mil personas desaparecidas y no localizadas, la FGE y la Secretaría General de Gobierno tienen “otros datos”.
El fiscal central Hiram Sánchez Zamora comentó que, de noviembre de 2019 a la fecha, 2 mil 613 personas no han sido localizadas, de las cuales, de mil 204, ya se conoce su paradero; el resto permanece ausente.
Datos que discrepan de los de la Secretaría General de Gobierno, que cuenta con una documentación de 3 mil 725 personas no localizadas en el mismo periodo, evidenciando la propia confusión en los datos proporcionados por las mismas autoridades.
“Habrá que ver con ella, para saber, porque definitivamente no coincide con nuestras cifras; nosotros tenemos en 2020, como mujeres que se denunció como no localizadas a mil 109, de las cuales 802 y 337 no localizadas”.
Sánchez Zamora enfatizó que se debe diferenciar entre las personas desaparecidas y las no localizadas, pues los primeros son relacionados a un hecho delictivo, mientras que los segundos son personas -la mayoría- en contextos de migración o que simplemente huyen de sus casas.
Tanto la FGE como la Secretaría General de Gobierno, no generan detalles sobre esto, pero la CNB divide a las personas bajo estos rangos y establece que la mayoría de las ausentes en Baja California, entran en el catálogo de “desaparecidos” -es decir, por hechos delictivos-, con una cifra de mil 342, de los mil 372 ausentes identificados.
Contrario a ello, Sánchez Zamora refiere que de los casos de desaparecidos identificados por la FGE, son muy pocos los plasmados de manera formal.
FISCAL CENTRAL, EN DISPOSICIÓN DE REUNIRSE CON FAMILIA DE AÍDA Y ARACELI
Respecto a los casos de Aída y Araceli, el fiscal Sánchez Zamora se declaró en la disposición de reunirse con cualquiera de las dos familias para aclarar cualquier situación en torno a la carpeta de investigación.
Sobre el caso de Araceli Tafoya, dijo que se analizaría el caso, y sobre el de Aída Calderón Robles, aseguró que se está trabajando, al grado que ya se cuenta con orden de aprehensión en contra de un presunto criminal, la cual pudo obtenerse gracias a que se recabaron huellas dactilares en la escena, mismas que coincidieron con la información de una persona detenida con anterioridad.
Sin embargo, reconoció que pudieran existir omisiones en el desempeño de los fiscales que atendieron el caso en un principio, puesto que la carpeta permaneció tres años por el delito de privación ilegal de la libertad, cuando debió ser reclasificada a desaparición, sin mencionar otra posible falla en la extracción de ADN, al tardar tres años en llevar a cabo el procedimiento, cuando debió hacerse de manera inmediata.
“No te quisiera afirmar si fue correcto el tiempo que duró la integración de la carpeta hasta que fue remitida en diciembre de 2020 a la Unidad de Investigación de Personas No Localizadas, pero me puedo comprometer a analizar y, si hay omisiones, dar vista correspondiente a la Visitaduría”, precisó el funcionario.
