Aunque no se les puede acusar penalmente, abogados consultados pueden fincarles cargos por fraude por incumplir la expectativa del cliente
De los 22 fraccionamientos que el alcalde Armando Ayala Robles tenía detectados como irregulares y que pretendía actuar legalmente en contra de sus constructoras, la cifra se redujo a tres porque el resto de los empresarios se acercó para cumplir con los requisitos necesarios.
Aunque dijo desconocer el delito que cometieron, Héctor Villalobos Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento, informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento interpondrá las denuncias penales en contra de las tres constructoras.
“No es un servidor el que hace la denuncia, sino la Sindicatura Municipal o Asuntos Jurídicos; yo solo facilito la información”, respondió el servidor público.
El funcionario comentó que el año pasado eran 22 los fraccionamientos irregulares, sin embargo 14 están en el nuevo municipio de San Quintín y le tocará a ese gobierno solucionar el problema de vivienda. En San Quintín se habla de que el 85 por ciento de los fraccionamientos son irregulares.
En el caso de Ensenada fueron seis fraccionamientos, dos de ellos de los más exclusivos como son Real de San Marino, de la urbanizadora Hillside S.A. DE C.V., y Loma Dorada sección Brisas, del Consorcio Inmobiliario El Dorado; ambos se encuentran en proceso de cumplir con los trámites.
En la lista también se encuentra Quinta Don Carlos de la Urbanizadora, Rosana García Mora, Mar de Ensenada y Mar de Cortez; las dos de la Inmobiliaria Mar de Ensenada S.A. DE C.V.
Los que están en proceso de denuncia penal son Juan Diego Residencial, Juan Diego Residencial II Sección, de Inmobiliaria Bahía Ensenada S.A. DE C.V., y Puerta del Mar de Promotora Sinaloense, de Vivienda S.A. DE C.V.; esta última donde sus habitantes más problemas han tenido con el abasto de agua y otros servicios públicos.
Villalobos explicó que en el proceso administrativo antes de considerar interponer una denuncia, a todos se les notificó y se les dio un periodo de cinco días hábiles para revisar su situación.
Los que no acudieron al llamado son los que en este momento se encuentran en un proceso legal, mientras el resto trabaja en realizar las mejoras, tanto físicas en el fraccionamiento o tramitando los permisos necesarios.
Abogados consultados por Semanario ZETA en Ensenada, coincidieron en que uno de los delitos por los que pueden denunciar a una constructora es por fraude, cuando la empresa incumple con las expectativas del cliente.
