La Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con ello, se extiende dos años el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF),
“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, se lee en el transitorio décimo tercero del DOF.
Hoy se publica en el @DOF_SEGOB la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (https://t.co/Q0YMOjl1Dp). La supremacía de la Constitución ante a los poderes constituidos, la vigencia del estado de derecho y la certidumbre jurídica, son desafíos donde el PJF debe cumplir. pic.twitter.com/Y2mDAUtFCx
— Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) June 7, 2021
SATISFACER SED DE SANGRE HARÍA DAÑO A DEMOCRACIA Y PODER JUDICIAL: ARTURO ZALDÍVAR
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, reconoció, el pasado 27 de abril, que la reforma al Poder Judicial de la Federación ha sido opacada por la inclusión de un artículo transitorio.
“Dicho precepto no formó parte del proyecto elaborado por el Poder Judicial y fue una adición de último minuto, cuya constitucionalidad ha sido ampliamente puesta en duda”, indicó Zaldívar Lelo de Larrea, en un artículo publicado en el diario Milenio.
“Desde su inclusión en la minuta del Senado, se desató una ola de pronunciamientos que exigían de mi parte declaraciones condenatorias, deslindes inmediatos y confrontación. El último reducto de institucionalidad -afirmaban- dependía de que yo saliera a descalificar a los otros poderes”, agregó el ministro.
“Pero en una democracia constitucional los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia constitución establece para su defensa. Entrar en confrontación política, en el momento histórico que vivimos, limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza del Poder Judicial, que es la de asegurar la fortaleza institucional necesaria para que los jueces y juezas de este país sean libres de hacer su trabajo con independencia y autonomía”, abundó el presidente de la SCJN.
“Actuar al margen de los cauces constitucionales y satisfacer la sed de sangre de quienes ven en mí un instrumento de la política partidista haría un daño a la democracia y al Poder Judicial, que muchos no han dimensionado. Si mi principal preocupación fuera mi imagen pública y mi popularidad entre académicos y comentócratas, hace mucho que hubiera cedido a esos llamados”, señaló el ministro.
“Nada hubiera sido tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional. Pero mi conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi deber y responsabilidad como juez constitucional y como Presidente de la Suprema Corte”, agregó el también presidente de la SCJN.
“Seguramente me hubiera ahorrado los insultos y las sentencias irrevocables que me condenaban a la ignominia; quizá me hubiera cubierto de gloria saliendo a emitir condenas anticipadas. Pero hacerlo antes de la conclusión del procedimiento legislativo hubiera implicado interferir en la deliberación parlamentaria, frente a la cual los jueces debemos permanecer neutrales. Hacerlo ahora, implicaría adelantar mi criterio sobre la constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la Suprema Corte”, adelantó.
“Es paradójico que quienes aducen que el orden constitucional ha sido subvertido, a la vez afirmen que la vía para remediarlo deba ser la confrontación política. No es así. Si el orden constitucional ha sido subvertido, tenemos un tribunal constitucional que desde hace un cuarto de siglo ha contribuido de manera decisiva a la construcción de nuestra institucionalidad”, afirmó Zaldívar Lelo de Larrea.
“Tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente que actuará con total imparcialidad, responsabilidad, diligencia y seriedad. Tenemos un tribunal constitucional que hablará a través de un fallo que deberá ser respetado. De eso va la democracia. Y de mantener la imparcialidad para que los controles sean legítimos, de eso va ser juez constitucional”, finalizó el ministro.
“Como juez constitucional no me mueve la opinión que de mí se tenga, sino un sentido de responsabilidad. Pese a los llamados a la politización, mi deber es mantenerme imparcial, para asegurar la legitimidad de los mecanismos de control constitucional”, escribió Zaldívar Lelo de Larrea, ese mismo día, en su cuenta de la red social Twitter.
SI NO LES GUSTA, QUE SE INCONFORMEN EN PODER JUDICIAL, DICE AMLO RESPECTO A #LEYZALDÍVAR
El pasado 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes estén en contra de la la ampliación de dos años del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pueden recurrir al Poder Judicial para inconformarse.
“Y bueno, si se aprueba esa reforma al Poder Judicial, si se aprueba el día de hoy, pues todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva, pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo que es mantener el statu quo”, expresó el mandatario nacional.
“Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que, si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.
“Porque desgraciadamente está muy mal el Poder Judicial, como estaba el Ejecutivo, muchos años de predominio de un grupo que tenía tomados los poderes, era una República simulada la que existía porque los poderes no formales eran los que mandaban y dominaban, eran los poderes reales los que mandaban en el poder ejecutivo en los que mandaban en el poder judicial, porque tenía cooptados a todos los funcionarios. En el caso del poder judicial, a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros”, criticó el político tabasqueño.
“Hacen falta las reformas, hace falta transformar y si no es por el presidente de la Corte, pues seguiría lo mismo, porque existen los del partido conservador que dominan, entonces quiénes son los opositores, pues los conservadores, los del partido conservador, lo que antes dominaban, eran los dueños del poder. El Gobierno estaba al servicio de una minoría, sigue estando, pues estamos ahora hay un juez que otorga amparos a empresas extranjeras que abusaban de contratos leoninos en materia de electricidad”, acusó López Obrador.
Ese mismo día, Con 262 votos a favor -de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, 182 en contra y 7 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, en lo particular, la ampliación de dos años del mandato del ministro presidente de la SCJN y del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
SENADO AMPLIA EL MANDATO DE ARTURO ZALDÍVAR
El pasado 15 de abril, con 85 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó una reserva durante la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación, para ampliar el periodo de la Presidencia de la SCJN hasta el año 2024.
La propuesta de iniciativa generó una discusión entre los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, luego de que la oposición afirmara que no conocían el dictamen avalado. La Constitución indica, hasta ahora, que cada cuatro años, los ministros de la SCJN elegirán de entre ellos a su presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
Sin embargo, con la reserva aprobada, el ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea -cuyo periodo debería terminar en enero del 2023-, ahora concluirá su mandato hasta noviembre del 2024, lo que violaría el párrafo 4 del artículo 97 de la Constitución.
La reserva hecha por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también pretende ampliar hasta 2026 el periodo de algunos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que es de 5 años, pero ahora concluirían funciones en 2026.
“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal durará en ese cargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, señalaba la reserva avalada en la Cámara alta.
Ante ello, la oposición pidió al ministro Zaldívar Lelo de Larrea, no acepte una ampliación en su periodo como presidente de la y del Consejo de la Judicatura, ante lo que consideraron como un “albazo” legislativo.
Los senadores en contra anunciaron que recurrirán ante instancias internacionales para denunciar que en México se busca someter al Poder Judicial de la Federación ante el Ejecutivo.
Sin embargo, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, defendió la propuesta y pidió a la oposición que busquen realizar cambios a la ley durante la discusión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Antes, con 94 votos en favor, 19 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyos ordenamientos también fortalecen al ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Durante la sesión de ese mismo día, los senadores también discutieron la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente López Obrador, con la que se busca combatir los privilegios, la corrupción, el nepotismo, así como el hostigamiento y el acoso sexual en el PJF.
