Hace unos días, empezó a filtrar información a medios de comunicación y hacer llegar cebollazos (notas a favor) en los medios de comunicación que desde el Gobierno del Estado controlan. Por ejemplo, en el periódico El Mexicano, apareció una fotografía, muy a modo, por cierto, de Amador Rodríguez Lozano, con el texto: Podría ser el próximo secretario general de Gobierno de Tijuana. Nada qué ver.
De hecho, el próximo secretario general del ayuntamiento que encabezará Montserrat Caballero, será Jorge Sandoval, una persona de la confianza de la alcaldesa electa, que además fue su administrador cuando dirigió el Congreso del Estado de Baja California, desde la Junta de Coordinación Política. Además, fungió como coordinador de la campaña de la diputada con licencia, y sí, muy cercano al servicio público de Caballero.
Como aquello no pegó, Rodríguez Lozano, quien aún es secretario general de Gobierno en la administración de Jaime Bonilla Valdez, ya anda en busca de otro hueso.
Ahora le dio por filtrar que será el fiscal general del Estado en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la próxima gobernadora de Baja California. Lo cual no suena legítimo, especialmente considerando que ella ha dicho en privado que por lo menos aquellos que están en el primer círculo del gabinete de Jaime Bonilla no entrarán en su administración. Particularmente el secretario de Gobierno, cargo para el que dicen, ya trae más que amarrado a Netzahualcóyotl Jáuregui, quien tuvo el mismo cargo, pero en la administración municipal que en Mexicali encabezó Ávila.
Algunos recordarán que Amador fue ministro de Justicia en el gobierno del nada célebre perredista Juan Sabines en Chiapas, y se le recuerda por un malogrado hecho. Aquella ocasión en 2008, cuando en un operativo del Ministerio de Justicia, presumió haber detenido a once personas y asegurarles dos granadas de mano, así como mil 824 paquetes, con peso mayor a un kilo cada uno de ellos, con un sello del Cártel de Sinaloa. El gran golpe: cocaína asegurada en quince costales color olivo que supuestamente pertenecía al ala de Ismael “El Mayo” Zambada y era resguardada por los detenidos.
Pero a los días del festejo al “gran golpe al narco”, Rodríguez Lozano salió a comunicar que lo que los once detenidos cuidaban celosamente en los quince costales y que estaba membretado al Cártel de Sinaloa, no era cocaína, sino lactosa, un polvo para preparar leche, pues. El fiasco de Amador fue nota nacional, y le persigue hasta la fecha.
Allá en Chiapas, suya fue la idea de la transformación de la Procuraduría General del Estado en Ministerio de Justicia, para encabezarlo él. Como acá en Baja California fue el artífice, entre otros, de la Ley para crear la Fiscalía General del Estado (FGE) y eliminar la Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
De hecho, célebres han sido sus encuentros con el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, a quien pretendió restarle facultades y quedárselas en la Secretaría General de Gobierno, como el Sistema Estatal Penitenciario, que el gobernador también sacó de su estructura y lo convirtió en una comisión “autónoma”; o las fiscalías de Delitos Electorales y Anticorrupción, que también ya están pasando a ser facultad de la FGE.
Abogado, Rodríguez Lozano no ha destacado en el gobierno de Baja California. Son más los problemas en los que ha metido a Jaime Bonilla Valdez, que las soluciones o proyectos que le ha acercado. Fue él quien lo convenció de que podría quedarse cinco años en lugar de los dos para los cuales fue electo, y, por tanto, el responsable del palo que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde lo exhibieron por intentar cometer un fraude a la Constitución.
Fue también notorio al inicio de la administración de Bonilla, cuando su nombre apareció en testimonios, grupos de mensajería celular y un acta ministerial, como uno de los funcionarios de la administración morenista que solicitaron moches a empresarios de Mexicali, a cambio de contratos en el Gobierno del Estado.
Todavía no tomaba posesión Jaime Bonilla cuando, de acuerdo con el testimonio de un testigo, Amador Rodríguez Lozano, Jesús Núñez y Cinthya García, ya estaban pidiendo millones de pesos a los empresarios para la fundación del hoy gobernador, con la promesa de entregarles contratos para que recuperaran su inversión. Específicamente, convenios para la proveeduría de alimentos en el Sistema Estatal Penitenciario.
De acuerdo con el testigo, el dinero lo hacían llegar en efectivo a las oficinas que, durante la transición, ocupó Amador Rodríguez Lozano y que pertenecen a la familia de Jesús Núñez, otro de los implicados. Ahí se repartían los billetes en partes iguales, lo cual se confirmó con capturas de pantalla de conversaciones de García con intermediarios de los empresarios.
Cuando el caso fue revelado en ZETA, el gobernador despidió a Cynthia García y a Jesús Núñez. La primera era secretaria de Desarrollo y el segundo oficial mayor. No tenían ni un mes en el cargo. A Amador Rodríguez Lozano, Bonilla lo protegió, pese a advertir que en su gobierno no había “vacas sagradas”, el secretario general resultó ser una de ellas, o la excepción que confirma la regla.
A la fecha, a pesar de los señalamientos, del brete en que metió al gobernador con la expropiación del Club Campestre de Tijuana y otras fallidas ideas, Rodríguez Lozano sigue en el primer círculo de Bonilla y es, emulando al gobernador, el ejemplo de la vaca sagrada.
Con estos desastrosos antecedentes, Rodríguez ahora está “filtrando” que él será el fiscal general del Estado en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien a la fecha no ha declarado nada al respecto, pues el actual fiscal, Guillermo Ruiz Hernández, fue electo por el Congreso del Estado para encabezar la FGE por un periodo de cinco años. Y hasta donde se sabe, ni le han abierto una investigación para destituirlo como corresponde en la Ley, ni la gobernadora electa le ha pedido que se retire.
Todo el caso termina en ser parte de una grilla más de Amador Rodríguez Lozano, que todavía no se va, pero ya quiere hueso en la próxima administración… y en realidad, deberían investigarlo, si como dijo Marina, irá con todo contra la corrupción. Por el bien de Baja California, que no merece tan nociva figura.
