Eloísa Ibarra Cruz aún lleva el luto que le dejó la muerte de su esposo, el agente de la policía municipal Roberto González Ramos, quien falleció el 13 de diciembre de 2020 por contagio de COVID-19 en Tijuana. Aunado al dolor de la pérdida, desde el primer día tuvo que vivir el desdén de la burocracia al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) y el Ayuntamiento de Tijuana, quienes pretenden darle una cantidad inferior al finiquito que le corresponde por los años de servicio de su esposo.
En entrevista con ZETA, explicó que su esposo, Roberto González Ramos, de 53 años, quien los últimos 26 años estuvo activo en la Policía Municipal, fue hospitalizado el 1 de diciembre de 2020; estuvo 13 días internado, y falleció el 13 de diciembre por COVID-19.
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“A él le negaron los servicios médicos en Issstecali, por lo que tuve que llevarlo por mis propios medios al hospital, ya sin oxígeno, con dificultad para respirar, y donde finalmente murió”, explicó.
“Los siguientes días de diciembre fui a entregar toda la documentación; para eso, yo ya había entregado todo su equipo. Y hasta esta semana me dieron respuesta en cuanto al tema del finiquito, y me quieren entregar la cantidad de 16 mil pesos por 26 años laborados… no se me hace justo”, narró la viuda en entrevista.
Explicó que este último hecho le ocurrió cuando fue a firmar la documentación a la oficina de Oficialía Mayor en el Ayuntamiento de Tijuana, al ver la cantidad que pretendían darle, decidió no firmar ningún documento, y aunque tuvo la intención de tomarle una foto al documento, la persona que le atendió no se lo permitió.
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“Sé que eso que me quieren entregar no es lo justo, le corresponde más por el tiempo, porque de igual forma a él no se le había entregado su aguinaldo (que le correspondía en el mes de enero), porque se los entregan dos partes; y yo calculo que era un aproximado de unos 20 mil pesos lo que le correspondía de la segunda parte del aguinaldo, y no se lo entregaron. Para 16 mil que me quieren entregar, no va”, sentenció Ibarra Cruz.
Y agregó que, como ella, hay cerca de 40 viudas que están pasando por la misma situación, algunas con hijos pequeños, o desempleadas, como es el caso de Eloísa, quien se dedica a cuidar de sus dos hijas, una menor de edad, y una mayor, pero limitada por la epilepsia que padece.
Por parte de la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz MacFarland, aceptó que no es un pago justo, pero es lo que indica la ley; sin embargo, se comprometió a buscar un espacio para dialogar con las viudas afectadas y llegar a un acuerdo.
“Voy a platicar con ellas para ver cómo podemos darles solución, yo tampoco puedo dar de más porque a mí me regula una ley y ciertas cosas que se deben pagar, y no son justas. Claro que no se me hace justo el pago por el tiempo que dieron y se dedicaron, por eso ¿quién quiere ser policía? Voy a platicar con ellas porque soy de las personas que me quiero sentar a dialogar; no he dialogado porque también creo que se les debe dar su espacio porque han pasado por un duelo difícil”, mencionó la alcaldesa de Tijuana.
A pesar de los dichos por parte de la alcaldesa Ruíz MacFarland, en referencia que los pagos que hacen a las viudas fueron conforme a ley, la misma Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California refuta lo declarado por la presidenta municipal, toda vez que en el Artículo 181 indica que, “La indemnización consiste en la cantidad equivalente a tres meses de la remuneración que gozaba hasta antes de su separación definitiva o remoción del cargo”.
Sin embargo, a Eloísa Ibarra Cruz solo le quieren pagar un mes del salario de su esposo. Explicó que el último cheque de catorcena que recibió fue por ocho mil pesos, por lo que el pago de 16 mil que el Ayuntamiento le ofrece corresponde solo a 28 días, y no a los 90 días que indica la ley.
Por parte de Noe Ramírez Ibarra, presidente de la Asociación de Policías de Tijuana, este tipo de situaciones ocurren porque ante la Constitución Política Mexicana, los policías, al ser considerados prestadores de servicio, no tienen derecho a colectividad, certeza laboral ni el derecho a manifestarse en huelga. Mientras que Leonardo Pérez, representante jurídico de la Unión de Asociaciones Policiales de Baja California, aseguró que se están violando los derechos y garantías tanto de las viudas como de los oficiales activos.
