La Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmChamber) encontró irregularidades en las solicitudes de investigaciones de Estados Unidos hacia México en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, previsto en el Capítulo 23 del T-MEC.
Los dos Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida que enfrenta México, son por posibles conflictos de contratación colectiva en plantas de la industria automotriz. La primera de General Motors en Silao, Guanajuato; y la segunda, de Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.
En una misiva enviada a la Oficina del Representante Comercial estadounidense, la AmChamber recordó que en agosto de 2020 el organismo ya había expresado su preocupación por la falta al debido proceso en los capítulos laborales y de solución de controversias del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Señaló que la guía procesal final aún no se ha publicado, por lo que cualquier acción sobre una petición, considera, es “inapropiada e injusta” para el propietario de la instalación cubierta y la parte demandada.
“Creemos que deben publicarse reglas claras y definitivas. El reglamento de procedimientos finales debe permitir que el propietario de una instalación que es objeto de una petición sea notificado e incluido en las consultas y esfuerzos de remediación resultantes de una revisión”, estableció el organismo.
Otra irregularidad señalada por la Cámara de Comercio de EU consiste en que una parte de las quejas laborales contra México corresponden a periodos previos a la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio de 2020.
“La posibilidad de imponer remedios a una instalación por incumplimiento del T-MEC antes de la entrada en vigor, es una violación al debido proceso y no debe tolerarse”, afirmó Gleen Spencer, vicepresidente de la División de Política de Empleo de la AmChamber.
Recordó que la reforma laboral en México será implementada en un plazo de cuatro años a partir de su publicación (1 de mayo de 2019), con lo que los compromisos laborales varían dependiendo de cada entidad federativa.
En ese sentido, cuestionó por qué el Comité Laboral está actuando sobre una petición en un Estado mexicano que aún no ha implementado la reforma laboral, lo cual implica una violación al derecho al debido proceso que sentaría un “precedente peligroso”.
