Propone Presidente López Obrador que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. La militarización del país avanza no solo en el terreno de la seguridad, sino en el administrativo. La reforma planteada por el mandatario será aprobada aproximadamente en 2023. Creación de la GN planteaba devolver a militares y marinos a sus cuarteles en cinco años. Profesor investigador advierte riesgo de probables violaciones a los derechos humanos del ciudadano
Atrás quedaron las promesas de campaña del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que los militares habrían de regresar a los cuarteles, que no se militarizaría al país, que la Guardia Nacional (GN) sería una corporación civil y que su mando también recaería en una persona civil. Todas esas proposiciones resultaron incumplidas. Ahora, el mandatario pretende que dicha institución se convierta en una dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Primero se comentó el punto en una reunión con empresarios el 10 de junio, pero cinco días después, López Obrador lo anunció en su conferencia de prensa mañanera, al señalar que presentará tres reformas constitucionales. La primera para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que tenga el 54% del mercado nacional; la segunda para “renovar” al Instituto Nacional Electoral (INE) y la tercera para que se integre a la Sedena.
En tanto se oficializaron estas intenciones del Ejecutivo, el panorama nacional de la inseguridad y la violencia no da tregua. Los municipios, estados y el propio Gobierno Federal no encuentran soluciones a la gravedad del fenómeno delictivo en sus variadas manifestaciones. Incluso en el reciente proceso electoral fue más que evidente la mano negra de la delincuencia organizada que quiere intervenir en la vida política de diferentes regiones.
Como gran apuesta de la actual administración federal, la GN tampoco ha podido a pacificar a ese México de barbarie, con una alta tasa de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros, cementerios y fosas clandestinas. El cuerpo de seguridad militarizado se vino a convertir en una corporación más. Sustituyó con otro uniforme y mando militar a la extinta -y tachada de corrupta- Policía Federal. La GN es integrada por esos mismos ex agentes federales, policías militares y navales.
Es precisamente la justificación del Presidente López Obrador, quien no quiere que suceda lo mismo que pasó con la Policía Federal, “que se integró y se echó a perder, los elementos tenían que acampar, vivir en hoteles, manejaban muchísimo dinero con poca transparencia porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban”, recordando que hoy está preso Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“Entonces, no queremos eso. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. No. Por eso vamos a proponer en su momento, que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como existe la Fuerza Aérea, de la Defensa, una rama; porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país”, enfatizó el mandatario.
La pretendida reforma a la GN no tendría una aprobación a corto plazo, sino que se espera su análisis, discusión y que sea aprobada aproximadamente en 2023, cerca del quinto año del ejercicio presidencial y del plazo establecido para que la dependencia hubiese cumplido sus objetivos de apoyar a los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales, para devolver las tropas a los cuarteles.
El asunto es que el tiempo sigue transcurriendo y no se observa que dichas corporaciones evolucionen. Por su parte, a las Fuerzas Armadas se les han conferido más funciones en el terreno de lo administrativo como el control de Aduanas, Puertos, las Islas Marías y la construcción de obra pública en el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.
ORIGEN DE LA GN
Cuando en 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, e incluso una consulta ciudadana para tomarle parecer sobre el tema a los mexicanos, ya se tenía diseñado el uniforme. La iniciativa fue presentada ante legisladores en noviembre de ese año, pero el mandatario ya había hecho presencia ante unos 10 mil elementos del Ejército, a quienes anunció como un hecho el nacimiento de la nueva corporación, a la que se podrían inscribir para formar parte.
Poco importaron las voces y cuestionamientos de los expertos, de organismos de la sociedad civil defensores de derechos humanos, y de víctimas de abusos de elementos castrenses, en oposición. Uno de esos críticos, quien aún fungía como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. Reiteraba que nunca ha estado de acuerdo en que los soldados realicen tareas que solo corresponden a las policías municipales, estatales y federales. “Lo que tendríamos que estar haciendo es un programa muy serio de capacitación y entrenamiento de policías para que los soldados regresaran a sus cuarteles. No es función de un Ejército hacer lo que están haciendo. En ese sentido me pronuncio”, decía a ZETA el jurisconsulto.
Durante los primeros meses de 2019, cuando en el Congreso de la Unión se discutía la iniciativa presidencial para crear la Guardia Nacional, hubo una estira y afloja entre legisladores. Unos pretendían militarizar el nuevo agrupamiento policial, y los otros, darle un carácter totalmente civil. Se habló entonces de un Mando Mixto que estaría encuadrado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque la facción de Morena ya planteaba que la GN fuera parte de la Sedena.
Los morenistas hicieron creer tanto a diputados y senadores opositores y a los ciudadanos, que no habría una guardia civil militarizada, sino que se tendría ese esquema híbrido para prevenir el delito y combatir la delincuencia. Una vez aprobada la reforma, las y los legisladores de la minoría se dijeron sorprendidos, pues algunas bancadas apoyaron el punto de acuerdo. Ya nada se podía hacer, pero la oposición mostró su inconformidad e insistió en que se trataba de “una militarización de la seguridad en el territorio nacional”.
En febrero de 2019, el decreto que creó la GN ratificó que se integrará por miembros de las corporaciones antes señaladas, estableciendo un plazo máximo de cinco años para que los elementos militares regresen a sus cuarteles. Además, contempló ordenar a los gobiernos estatales presentar un diagnóstico y un plan de fortalecimiento de las corporaciones policíacas a un plazo de seis años. El plan estará sujeto a evaluación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuyos resultados serán considerados para el ajuste del mismo.
En abril de ese año se aprobó la Ley de la Guardia Nacional, que además de normar el ingreso de elementos a la corporación, estableció un plazo de año y medio para desaparecer a la Policía Federal, cuyos agentes serían absorbidos.
El nombramiento del comandante de la GN no recayó sobre ningún civil. La mañana del 11 de abril de aquel año, fue designado el General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como presidente de la Junta Interamericana de Defensa en la Organización de Estados Americanos (OEA). Sus principales colaboradores: en la Coordinación Operativa Institucional, Xicoténcatl Azolohua Núñez Márquez en representación de la Defensa Nacional; Gabriel García Chávez por la Marina; y Patricia Rosalinda Trujillo por la Policía Federal.
A finales de junio y principios de julio de 2019 hubo una serie de amotinamientos, pues los policías federales se negaban a incorporarse a la nueva dependencia ante la pérdida de su antigüedad y estímulos laborales. Los inconformes encabezaron protestas y agredieron a la coordinadora operativa de la GN. También policías militares y navales se mostraron inquietos ante los cambios en sus prestaciones. Algunos federales y reclutas civiles que recibieron capacitación desertaron en pleno proceso. Con el tiempo la situación se tranquilizó.
MÁS MILITARIZACIÓN
La presencia de la Guardia Nacional, criticada por su falta de operatividad y calificada incluso como una estrategia fallida de seguridad, no mitigaba los indicadores delictivos que siguieron creciendo en todo el territorio nacional. Se advertía que el accionar del grupo élite aún en proceso de desarrollo no era suficiente, y que las corporaciones policiacas estaban rebasadas por las formas de criminalidad que se padecen en el país.
Así, en mayo de 2020 llegó otra dosis de militarización. López Obrador publicó un decreto que otorga facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria en México. La medida fue criticada nuevamente por actores políticos e investigadores especializados en el tema, quienes vislumbraban el fracaso anticipado de la GN.
El acuerdo emitido refuerza las actividades que en ese sentido realiza desde 2019 la Guardia Nacional, y que con base en un artículo transitorio, establece que durante los cinco años siguientes, mientras esta corporación desarrolla su estructura y capacidades, podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en actividades de seguridad “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
La legislación justifica que, mientras el periodo de implementación territorial de la GN se ejecuta en su totalidad para brindar la seguridad y resguardar el orden, “resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado”. Dicha participación de la milicia no debe exceder de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
El acuerdo expresa que, para el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos y las leyes relacionadas con su función, y se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana coordinarse con sus homólogos de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la GN.
Eduardo Barajas Languren, profesor investigador del Centro Universitario de La Ciénega de la Universidad de Guadalajara, destaca que las funciones de policías y militares son distintas totalmente, “en virtud de que el Ejército Mexicano está capacitado para llevar a cabo y desplegar estrategias de combate en caso de guerra, el cuidado de la Soberanía de la Nación y aspectos que tengan que ver con estrategias para esas actividades, pero nunca para tener un trato de primer respondiente, incluso al ciudadano o hacia la necesidad primordial, que es brindar seguridad pública”.
Además, “realizar acciones de prevención del delito, que fundamentalmente es la tarea de la seguridad pública, o sea, prevenir el delito, no es parte del ADN del soldado; entonces, creo que específicamente capacitados no lo están para la función policial”.
El problema no es solo que los militares no cumplan con las expectativas de contener la delincuencia, sino que “sin lugar a dudas, que esto puede generar probables violaciones a los derechos humanos del ciudadano, en virtud de que poco se habla en las Fuerzas Armadas, poco conocen del respeto a los derechos humanos, del respeto de los mismos, incluso en las propias corporaciones policiales”, concretaría el académico.
