La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California (FEBC) dispuso la apertura de una carpeta de investigación a propósito del video en el que la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la gubernatura, María Guadalupe Jones Garay, afirmó que se le hizo un ofrecimiento de cinco millones de dólares para que declinara a favor de su contrincante del Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon.
La Fiscalía General del Estado informó que en acatamiento a la instrucción de la FEBC el Ministerio Público procedió de manera oficiosa con la indagatoria, pues aun cuando Jones Garay no se presentó a interponer la denuncia correspondiente la Ley General en Materia de Delitos Electorales faculta al MP para iniciar investigaciones en todos los casos en los que se señalen delitos previstos por esa normatividad.
Con la apertura de la investigación el agente del Ministerio Público dio constancia de que tuvo conocimiento del caso “a través de un medio electrónico”. Sobre “la noticia periodística”, la FGE estableció que refiere “hechos que pudieran ser considerados violatorios a la ley en materia electoral”; de ahí que la FEBC, encabezada por Marina Ceja Díaz, haya dispuesto abrir el expediente, en un afán de llegar al esclarecimiento del asunto “y deslindar responsabilidades”.
En el video difundido por un medio nacional, Jones Garay aparece en un encuentro, con un grupo de personas, a quienes refirió: “me pusieron cinco millones de dólares en la mesa para que yo declinara a favor del candidato del PES”.
Tal como dio a conocer el mismo medio televisivo, el abanderado del Encuentro Solidario indicó que si se contaba con pruebas de que él hubiera intentado comprar a alguien que se presentaran.
Con todo que para iniciar la investigación la Fiscalía Especializada no requiere que la parte ofendida acuda a denunciar, está facultada para citarla, de tal manera que “detalle circunstancias de modo, tiempo y lugar, de cómo ocurrieron los hechos que se están señalando, con la intención de abrir camino a la investigación”. Esa facultad quedó contemplada “dentro de las diligencias ordenadas por el Representante Social” en el marco de inicio de la indagatoria, asentó la FGE.
