El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, informó que de los 107 candidatos que buscan la gubernatura en 15 estados de la república, únicamente 13 accedieron a participar en un ejercicio para exponer sus propuestas en materia de seguridad y justicia, el cual fue coordinado por la organización, tal como lo hizo para las elecciones de 2018.
Subrayó que ninguno de los contendientes que se han visto favorecidos en materia de preferencias electorales participó.
“Pese a que en los últimos años hemos visto el aumento de la violencia, estas elecciones han sido particularmente violentas, en una elección en donde hemos visto la absoluta frivolidad de los candidatos que bailan, que cantan, que violan (leyes) electorales, que amenazan, unos candidatos a otros, o incluso candidatos violadores que amenazan al INE, estamos viendo en este contexto el desprecio de los candidatos”, hacia ejercicios de esa índole, lamentó.
Con todo y que se buscó a los 107 abanderados vía redes sociales, con más de 60% de ellos no se logró establecer contacto, indicó.
El director de la organización advirtió que cuando se renueva un cargo público, la violencia tiende a exacerbarse, de ahí que a su modo de ver los candidatos deberían “contar con propuestas basadas en evidencia” en el ánimo de “mitigar los riesgos en los primeros seis meses de gobierno”.
Quienes decidieron remitir sus propuestas en materia de seguridad y justicia son contendientes en los estados de Colima, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua y Zacatecas. En tanto, de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Sinaloa no participó un solo contendiente.
Rivas estimó que tratándose de Baja California y Sonora, es inconcebible que los candidatos no hayan participado, que no le rindan cuentas a los ciudadanos y que “no tengan un plan de seguridad”, siendo que ambas entidades “viven una terrible crisis” en materia de seguridad.
De Colima, Nuevo León y Tlaxcala sólo accedieron a exponer sus propuestas Leoncio Morán (MC), Adrián de la Garza (PRI-PRD) y Eréndira Jiménez (MC). De Chihuahua, Alejandro Díaz (FxM) y Carlos Arrieta Lavenant (PES). Por lo que respecta a San Luis Potosí, Francisco Rico (Nueva Alianza), Arturo Segoviano (independiente). En lo referente a Sonora, Rosario Fátima (FxM), Ernesto Gándara (PAN-PRI-PRD), Temo Galindo (RSP), y tratándose de Zacatecas, Claudia Anaya (PRI-PAN-PRD), Fernanda Salomé (RSP), Flavio Campos (PAZ para desarrollar Zacatecas)
Rivas detalló que la consulta a los contendientes respondió al objetivo de establecer qué proponen “para resolver los problemas fundamentales de seguridad y justicia” y “si piensan crear nuevas instituciones, si piensan reformar las que ya están, si piensan fortalecerlas y cómo piensan planear el aspecto de recursos y de presupuesto”.
Afirmó que de acuerdo con 16 variables de riesgos que podrían presentarse en el segundo semestre de 2021 en términos de delincuencia, la mayor parte de los estados donde este año se renovará la gubernatura “ven amenazadas sus elecciones por este ejercicio de violencia, puesta en marcha por grupos de interés, puesta en marcha por grupos de delincuencia organizada, que ponen riesgo a los candidatos como a las comunidades”.
En ese tenor agregó: “Es preocupante lo extendido que se encuentran los conflictos de la delincuencia organizada en la mayoría (de las entidades) que tienen elecciones a gobernador”. Hizo “un llamado puntual a los candidatos a que quieran gobernar a que se preparen a detalle”.
Mencionó que la entidad del Noroeste con mayor número de riesgos para el segundo semestre de 2021 es Sonora, con 12 variables ubicadas en el cuadrante de monitoreo. En el Noreste, San Luis Potosí se ubica con mayores riesgos, en este caso 9. De la región Centro, Guerrero concentra 12 (trata de personas, narcomenudeo, robo de vehículos, violencia familiar, conflictos sociales, homicidios, robo con violencia, secuestro, extorsión, precisó Francisco Rivas). En Occidente, Zacatecas enfrenta 13, ubicándose como el estado con mayores variables de riesgo; y en el sureste, el único estado con proceso para renovar la gubernatura, Campeche, se perfila con 4.
En alusión a quienes “sí se sumaron a este ejercicio”, que “dan la cara a los ciudadanos y que están dispuestos a recibir críticas”, Rivas sostuvo que “conocen los antecedentes del tema de seguridad en su entidad, cuentan con algún grado de diagnóstico al menos general de la situación actual”.
Sin embargo, detalló que “ninguna de las estrategias (planteadas) cuenta con hilo conductor claro que parta de una lectura de amplio calado del fenómeno”; señaló que los candidatos tampoco proveyeron “datos específicos de sobre el presupuesto que podría(n) necesitar para implementar implementar la estrategia”.
Del mismo modo indicó que abundaron “los lugares comunes en las propuestas sobre reclusión y reinserción social” y observó que “en el tema del tráfico de armas, salvo en el caso de Sonora, que fue un tanto más específico, es la apuesta por la eficacia del canje de armas”. En este sentido, sostuvo que “ningún delincuente va a ir a entregar un arma para efectos de obtener una despensa”.
Cuestionó que los participantes hayan establecido un vínculo entre el consumo de drogas y el crimen. “Estas lecturas conservadoras son preocupantes, pues hacen eco de la estigmatización de grupos sociales vulnerables como origen de la delincuencia”. De la misma manera manifestó que de acuerdo con el ejercicio implementado, hay una “ausencia generalizada de temas complejos como la desaparición forzada e involuntaria de personas”.
En referencia a los contendientes en cuestión, sostuvo que por otra parte se evidenció la falta de “un diagnóstico localizado, actualizado y que identifique los aciertos y fallos de sus antecesores”.
Finalmente, “en el caso de (candidatos) los punteros (quienes no respondieron a la solicitud del ONC para remitir sus propuestas), es una omisión grave que puede ser indicativo de qué tipo de gobierno serían”, aseveró.
