En el primer trimestre de 2021, 1.6 millones de personas dejaron el mercado laboral, con lo que la Población Económica Activa pasó de 57 a 55.4 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A ese número se agregan los 2.4 millones de personas que están dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) pero no han encontrado trabajo.
Además, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, detalla que la tasa de desocupación aumentó 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 3.4 a 4.4% a nivel nacional.
En el mismo lapso, las personas ocupadas en actividades terciarias descendieron 1.9 millones. Al interior de este, el sector comercio tuvo una reducción de 712 mil y el de restaurantes y servicios de alojamiento 656 mil.
En cuanto a la informalidad, el Inegi reportó una disminución de 1.6 millones. Pese a ello, en el país aún laboran en esa condición 29.2 millones de personas. Chihuahua (34.3%), Nuevo León (34.9%) y Baja California (35.8%) registraron los menores niveles en el lapso referido. En contraste, Oaxaca (79.7%), Guerrero (76.1%) y Chiapas (74.2%) reportaron los porcentajes más altos.
En cuanto a ocupación, Tijuana se ubicó dentro de las ciudades con menos tasas de desocupación, con 2%, en contraste con Cancún (10.9%).
Para Diego Naveda Pliego, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), los resultados dados a conocer por el Inegi el 17 de mayo de 2021, comienzan a reflejar que la eliminación en materia de outsourcing está contribuyendo a que la generación de empleo sea menor, y que la mayor parte del generado sea eventual.
“Veníamos arrancando bien el año con recuperación de empleo y después vienen estos cambios en materia laboral que generan una parálisis de alguna manera en la transición que
tendrán que hacer muchas empresas hacia los nuevos modelos de contratación laboral, que no incluyen la subcontratación de personal”, expresó Naveda en entrevista con NEGOCIOZ.
El director de la AMECH considera “muy difícil” que ante la incertidumbre que persiste por la COVID-19, una empresa contrate personal con carácter de base o permanente, por lo que ya comienzan a resentir los efectos de no contar con una herramienta como era la subcontratación de personal, pues ahora las empresas lo tendrán que hacer de manera directa.
Por otro lado, observó que los cambios sobre Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), hechos con la eliminación del outsourcing, harán que las empresas trasladen a los trabajadores a la empresa que efectivamente genera las ganancias o la utilidad. Entonces, “van a recibir el reparto de utilidades, pero ya no bonos de productividad; podemos advertir que podría venir una disminución o un impacto en los ingresos de las familias ante estos cambios”, remató.
Daniel Naveda expuso que los cambios laborales plantean una reestructuración para las empresas en cómo han manejado a su personal, lo cual conllevará “un costo realmente importante” que no todas las empresas podrán solventar, por lo que, si bien conservarán al trabajador, se contratará con esquemas donde estos no tengan seguridad social. Lo cual también impactará a las arcas, ya que se calcula que el Instituto Mexicano del Seguro Social podría dejar de recaudar al menos 800 millones de pesos al año.
