En sesión celebrada este sábado, miembros del CPC, además señalaron que Congreso no ha atendido llamado para hacer sustituciones en el Sistema Estatal Anticorrupción y nombrar fiscal especializado
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California presentaron este sábado 22 de mayo un proyecto destinado a que los servidores públicos se comprometan en su ámbito de responsabilidad y se apeguen a los mecanismos consistentes en transparentar todas aquellas decisiones o gestiones que tengan repercusiones en el ámbito público.
El presidente de Comité de Participación Ciudadana, Eduardo Arredondo, precisó que con el Proyecto de Política Estatal Anticorrupción se pretende que los gobernantes garanticen “el ejercicio pleno de derecho, se sujeten al principio de representatividad y en su ejercicio respeten los derechos humanos asegurándose que la ciudadanía participe en la toma de decisiones públicas”, además de aplicarse “el debido proceso, el acceso a la información pública, la transparencia, la máxima publicidad del ejercicio público y la rendición de cuentas oportuna”.
Agregó que “el proyecto se pone a consideración de los candidatos que aspiran a gobernar nuestro estado para que integren a sus plataformas primero y a los planes de desarrollo después las propuestas contenidas en este instrumento”.
Aclaró que próximamente, el proyecto se discutirá en el pleno del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de tal manera que se formule con base a la Ley y se le dé debido seguimiento.
Luis Alberto Campo, quien estuvo a cargo de la presentación del proyecto, en sesión celebrada vía remota, indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, “los bajacalifornianos consideran la corrupción como el segundo problema más importantes en Baja California”.
Definió como el problema principal en materia de corrupción, el aumento de acuerdos ilegales entre los servidores públicos o con actores políticos o particulares en un afán de obtener beneficios mutuos en materia de manejo de recursos públicos.
De acuerdo con el expositor, las principales causas de la corrupción son los “limitados y selectivos castigos por faltas (de esa índole)”, las lagunas legales, procesos y trámites opacos, una inexistente evaluación al desempeño de los servidores, la normalización de reglas informales en el servicio público, así como la baja influencia de la participación ciudadana.
Luis Alberto Campo advirtió que ello trae como efectos la impunidad, la discrecionalidad y el abuso de poder, igualmente la debilitación del estado de derecho y una ineficacia en la gestión de gobierno en términos de prestación de los servicios públicos y de recaudación de recursos.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana, estableció que el proyecto “tiene como propósito orientar y mejorar las capacidades de las instituciones para combatir la corrupción en el estado”.
Mencionó que en materia de combate a la problemática se deben focalizar esfuerzos en abatir la corrupción y la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, así como promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno y sociedad e involucrar a la ciudadanía y al sector privado en tales temas.
Luis Alberto Campos añadió que de los cuatro ejes principales para combatir la corrupción se desprenden 21 aspectos que habrán de convertirse en políticas públicas.
Finalmente, afirmó que algunas de las instancias que deben implementar la política estatal anticorrupción son el Comité Coordinador, el de Participación Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, en este caso la especializada en la materia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y las sindicaturas municipales, entre otras.
En la sesión se puso en claro que actualmente el Sistema Estatal Anticorrupción atraviesa por una situación complicada en razón de que el Comité de Selección no ha sustituido a miembros del Comité de Participación Ciudadana, de tal suerte que no está del todo integrado. A la fecha, el SEA sigue funcionando sin un encargado de Control Interno y sin titular de la Fiscalía Anticorrupción.
Con todo y que ya se hizo un llamado al Congreso del Estado y al Comité de Selección del sistema, tal como quedó establecido hoy en la sesión, se sigue a la espera que se atiendan esos pendientes.
