A casi una semana de la elección de 6 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) resolvió impugnaciones contra candidatos que se ostentaron como representantes de comunidades indígenas cuando no lo eran. La consecuencia fue el retiro de la candidatura al Distrito 17, Miriam Cano Núñez y su suplente, Cecilia García Ovalles, de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, por no ser parte de la comunidad Triqui.
Mismo destino podrían tener Rigoberto Campos y Adrián Camargo, fórmula de candidatos al Distrito 1 por el Partido Encuentro Solidario (PES), quienes aparentemente falsificaron documentos que los hicieran pasar por integrantes de la comunidad Cucapah. Se les dio un plazo de 72 horas para demostrar lo contrario.
El viernes 21 de mayo, el TJEBC dio sentencia al expediente RI-104/2021, con el que solicitó al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE) que en un plazo de 24 horas recabara la documentación correspondiente de las candidatas Miriam Cano Núñez y Cecilia García Ovalles, con las que se comprobara su adscripción calificada, es decir, su pertenencia y vinculación a la comunidad Triqui.
A partir de esta sentencia, el Consejo Distrital 17 se trasladó a la comunidad Triqui en San Quintín para entrevistarse con sus representantes, quienes ya habían desconocido a ambas candidatas. La noche del miércoles 26 de mayo, sesionó el Consejo Distrital 17 y, al no contar con la evidencia, quitó la candidatura a Cano Núñez y García Ovalles, dando 48 horas a Morena para que las restituya.
La magistrada del TJEBC, Elva Regina Jiménez, explicó: “Lo que hicimos fue mostrar que los documentales no demuestran que la candidata era una indígena Triqui, que ha sido parte de los cargos tradicionales, ni que las autoridades han entregado o han reconocido que fuera Triqui. Como no se discutía la candidatura, sino la adscripción calificada, lo que el tribunal determinó fue que con las constancias que presentó, no acreditó la adscripción calificada y por lo tanto no podía ser la cuota indígena”.
Agregó que era obligación del IEE verificar que los documentos entregados eran suficientes para comprobar la adscripción calificada, lo cual no ocurrió.
Francisco Javier Tenorio, representante de Morena ante el IEE, acusó que el Consejo Distrital no respetó el reglamento al emitir la convocatoria con menos de 24 horas de anticipación y no proporcionar todos los documentos contenidos en el dictamen, es decir, los consejeros y representantes no lo conocían.
También, denunció que el Consejo no quiso atender a la autoridad tradicional Triqui, lo que consideró como opacidad y mal trabajo. Tras conocer la resolución del Instituto, dijo que esperaría la notificación y valorar las pruebas exhibidas para analizar el siguiente paso, aunque se mostró confiado en que resolverán a favor esta situación.
Hasta el momento, no se ha analizado la posibilidad de modificar la candidatura en otro distrito, ya que, para Morena, Miriam Cano representa a la comunidad Triqui por su vínculo e identificación con ella.
Cabe recordar que la también diputada Cano Núñez, se registró entregando un diploma, además de 32 fotografías como integrante de la comunidad Triqui San Juan Copala.
En el caso de Rigoberto Campos, candidato al Distrito 1 por el PES y su suplente, Adrián Camargo, el TJEBC concluyó que el Consejo Distrital 1 debe revisar en un plazo de 72 horas, las pruebas documentales entregadas por ambos candidatos, ya que desecharon el acta de asamblea de la comunidad Cucapah de Pozo de Arvizu, porque consideraron que no era prueba suficiente para determinar que pertenecen a esta comunidad.
Durante la sesión, el TJEBC determinó que el acta presentada habla de una comunidad ubicada en San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. Además, que la gobernadora de dicha comunidad acudió a señalar que a base de engaños se le hizo firmar el acta de asamblea y que en ningún momento respalda a ambos candidatos.
El TJEBC decidió dar vista a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de Baja California por posibles delitos electorales.
Rigoberto Campos dijo que el jueves 27 de mayo, acudió a las instalaciones del Consejo Distrital 1 en compañía de ocho integrantes de la comunidad Cucapah que le habían dado su firma, para ratificar su apoyo, además de 20 integrantes que se sumaron a su proyecto.
Aparte de las sentencias con los expedientes de los dos diputados, el TJEBC solicitó al Consejo General del IEE, emitir un nuevo acuerdo respecto a las regidurías de Tijuana y Ensenada de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” y la alianza “Va por Baja California”, por considerar que no cuentan con los documentos suficientes para comprobar que cumplan con la acción afirmativa indígena. Tema que podría quedar resuelto a partir de la primera semana de junio, según informó la consejera electoral Graciela Amezola Canseco.
En el caso de Eduardo Vega, presentó ante el IEE certificado expedido por Martha Soto Ulloa, “en su calidad de líder vecinal de la Delegación de El Porvenir y representante de las comunidades indígenas de San José de la Zorra y San Antonio Necua”, como parte de la acción afirmativa para comunidades indígenas.
Malú Ostos y su suplente María del Rocío Serna, presentaron “constancia expedida por el representante de la comunidad indígena San José de la Zorra” para acreditarse como indígenas. También, constancia expedida por Fidel Crescencio Sánchez en su calidad de miembro de la comunidad indígena mixtecos, triquis y zapotecos, perteneciente al movimiento de conciencia y transformación de pueblos originarios asentadas y nativos de Baja California.
María de los Ángeles Carrillo Silva, jefa tribal de San José de la Zorra, rechazó el supuesto respaldo de la comunidad Kumiai a Eduardo Vega Zamora, candidato a primer regidor en la planilla de Armando Ayala Robles.
