Setentaiún candidatos, 18 para una diputación y 53 para regidurías, son los que los partidos registraron como representantes de los pueblos indígenas, entre ellos supuestos miembros de las etnias Cucapah, Triqui, Kumiai, Kiliwa, Pai-Pai, Purépecha, Mixteca y Zapoteca.
Sin embargo, a pesar que este hecho representa un avance en materia de derechos políticos a grupos vulnerables, en el proceso de registro quedaron al descubierto el influyentismo y la falta de compromiso por parte de algunos partidos políticos. Como el caso de Morena, Partido Encuentro Solidario (PES) y la alianza “Va por Baja California”, conformada por PRI, PAN y PRD.
Asimismo, el Departamento de Atención a Grupos Indígenas en el Ayuntamiento de Ensenada, a cargo de Salomón Luis Alvarado Juárez y personal del Instituto de Pueblos Indígenas (INPI) en Baja California, fueron señalados de entregar cartas a diversos candidatos para que usurparan la posición que correspondía a integrantes de pueblos indígenas.
Tales acusaciones no han quedado solo en quejas, ya que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE) ha recibido cinco recursos de impugnación contra candidatos que aparentemente se hicieron pasar por integrantes de la comunidad indígena sin serlo.
Ellos son:
* Rigoberto Campos González, candidato del PES al Distrito 1, se registró como Cucapah.
* Miriam Elizabeth Cano Núñez, candidata a reelegirse por el Distrito 17 por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, se inscribió como Triqui.
* Jorge Vega Zamora y María de Lourdes Ostos Aquiles, en la primera y cuarta posición para regidurías en Ensenada, se registraron como Kumiai por “Juntos Haremos Historia en Baja California”.
* María Isabel Villarreal Camarena, de la planilla de la alianza “Va por Baja California” en Ensenada, registrada como Kumiai.
* Alejandrina Bautista Reyes, autonombrada Mixteca, también en Ensenada.
* Blanca Alejandra Nieto Álvarez, supuesta representante Náhuatl, en la cuarta posición de regiduría de “Va por Baja California” en la planilla de Tijuana.
Pero estos no son los únicos casos que se han dado, así lo confirmaron Antonia Torres González, promotora cultural e integrante de la comunidad Cucapah del Valle de Mexicali; y Ocario Vázquez García, ex presidente del Parlamento Indígena Supremo de Baja California.
Torres González señaló los casos de Rigoberto Campos y su suplente Adrián Camargo Borbón, así como de la candidata independiente a regidora en Ensenada, Damaris Leyva Gil -no es reconocida como parte de la comunidad-, y enfatizó que no solo en su comunidad ocurrió; también con la comunidad Kumiai, Triqui y Pai-Pai. Como Luis Alfonso Vildósola, empresario y coordinador de Fomento y Desarrollo Económico Municipal en Mexicali, quien se registró en la segunda regiduría del Partido Verde Ecologista como integrante de la comunidad Kumiai.
Como un robo de identidad, fue calificado por Antonia Torres el acto respaldado por los partidos políticos involucrados y hasta el IEE, que permitió el registro sin poner mayor atención a los requisitos.
Para Ocario Vázquez, este hecho demuestra la discriminación que siguen viviendo los integrantes de pueblos originarios. Ambos reconocieron que varios políticos se estuvieron acercando a sus comunidades para solicitar cartas avales, las cuales les fueron negadas; sin embargo, lamentaron que otros de sus integrantes sí cedieron, como Salomón Alvarado en Ensenada.
La acción afirmativa indica que se debe registrar una posición en regidurías en Tijuana, Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, y dos posiciones en Ensenada; para diputaciones locales, por lo menos dos candidatos, un hombre y una mujer.
En entrevista con Edgar Montiel, activista indígena e impulsor del proyecto ante el IEE para que se dieran acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas, reconoció que queda mucho por hacer en el tema. Lamentó que los partidos políticos no aprovecharon atraer a los integrantes de estas comunidades, así como el acreditar a personas que no son parte de los pueblos indígenas.
“Y está el otro tema, la falsificación, la malversación de la información para acceder a esas cartas aval, el tráfico de influencias de estos líderes y perfiles, a los que yo les llamé la atención por haber dado información de la comunidad o un aval de ellos para que terceras personas puedan decir que son de la comunidad. Se me hizo deshonesto, y no es ético ni sano para el proceso, y más para el cumplimiento de las acciones afirmativas”, destacó Montiel.
Por parte del IEE, la consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, Graciela Amezola Canseco, compartió que el registro de las candidaturas fue con base a los lineamientos que se habían establecido a partir de la aprobación de las acciones afirmativas, en específico al tema de la auto adscripción calificada.
“No es solamente acreditar la condición de indígena, tienen que acreditar un vínculo con la comunidad de la cual se dicen representantes. Este lineamiento te da una serie de opciones que no son limitativas, y es una serie de documentos que se pueden presentar para acreditar esta auto adscripción calificada, como son constancias donde se acredite un servicio a la comunidad, que hayan sido designados para ser partes de las autoridades indígenas y que trabajan a través de asociaciones civiles en pro y en beneficio de la comunidad indígena”, indicó a ZOOM POLÍTICO.
“Lo que revisamos cuando nos presentaron las constancias, en primera instancia que fueran constancias originales, y que quienes las firmen sean autoridades indígenas. Hubo algunas constancias que se expidieron por parte del Ayuntamiento de Ensenada, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y en algunos casos, para reforzar este vínculo, se presentaron fotografías de lo que realizaban estas personas”, detalló Amezola Canseco.
A raíz de la controversia, la consejera electoral, estuvo de acuerdo en analizar qué tipo de constancias son las más adecuadas de recibir, a fin de evitar las inconformidades que se presentaron durante este proceso electoral; de igual manera, recordó que no es competencia del IEE un padrón de las autoridades indígenas que hay en el Estado, por lo que se tendrán que celebrar convenios con los pueblos indígenas y ayuntamientos para corroborar quiénes están registrados y quiénes son los que firman las cartas y constancias que acrediten a una persona ser parte de una comunidad indígena.
