En cinco años, más de 64 mil desplazados por violencia

Edición Impresa lunes, 31 mayo, 2021 12:00 PM

Jalisco se suma a Michoacán y otros siete estados que viven el fenómeno de la migración interna por causas de violencia o inseguridad. Un análisis de la Secretaría de Gobernación estima que entre 2013 y 2018, más de 64 mil 474 personas huyeron de sus comunidades por este motivo en cinco entidades. En los territorios donde hay desplazamientos forzados de familias enteras, convergen diversos cárteles u organizaciones criminales. En Aguililla, Michoacán, este año abandonaron sus hogares unas mil 500 personas; y en Teocaltiche, Jalisco, durante mayo salieron 700 personas, entre ellas 230 niñas y niños

Miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y sus comunidades en México ante la amenazante presencia del narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado. Pese a la no aceptación del fenómeno por parte de sus autoridades locales, Jalisco se incorpora de manera reciente a un nefasto grupo de estados donde se registra la migración interna por causas de violencia o inseguridad en el país, sobre todo ante la presencia de los cárteles de Sinaloa (CS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque no existen cifras confiables para establecer la movilidad de los fenómenos del desplazamiento forzado o la migración interna por causa de violencia, una investigación de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, estima que entre 2013 y 2018, en por lo menos cinco entidades federativas salieron de esos territorios 64 mil 474 habitantes para mudarse a otro sitio menos inseguro.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) calculó que durante 2019, unas 8 mil 664 personas fueron desplazadas forzosamente en ocho entidades federativas, principalmente por la violencia generada por grupos armados de cárteles del narcotráfico u otras células de la delincuencia organizada. El problema se registró en 27 municipios y 61 delegaciones o rancherías.

Sin determinar el periodo, con el dato de “cifras históricas”, la CMDPDH destaca que en México existe un acumulado de 346 mil 945 personas desplazadas internamente por la fuerza en México. El fenómeno se concentra en Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Michoacán. La Secretaría de Gobernación (Segob) agrega al Estado de México en su investigación publicada en marzo de 2020 y no menciona a Chihuahua, Durango ni Sinaloa.

En los meses de abril y mayo de 2021, visos de este problema humano se advirtieron en Michoacán y Jalisco, respectivamente. Primero en el municipio de Aguililla, en Tierra Caliente, donde unos mil 500 habitantes fueron desplazados por la intimidación del CJNG; después, en el municipio de Teocaltiche, en la Región Altos Norte de Jalisco, 700 personas dejaron sus casas en un instinto de sobrevivencia ante las batallas del CJNG y el Cártel de Sinaloa.

En ambos casos, medios de comunicación revelaron las crisis de inseguridad, con base en datos que aportaron parroquias y los propios afectados, ante un vacío de autoridad y de información gubernamental que horas y días después salieron a decir que no se trata de desplazamientos forzados, pues las personas salieron de sus comunidades “por su propia voluntad”.

Iglesias, casas de familiares y hasta de desconocidos fueron y son, en algunos casos todavía, el refugio de los desplazados, ante la nula asistencia gubernamental.

LAS CAUSAS

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas realizó un análisis, aunque no pudo distinguir con claridad entre la migración interna por causa de violencia o inseguridad y el desplazamiento forzado interno provocado por las mismas causas, debido a que no existen criterios adecuados en las entidades y en la Federación para clasificar estos problemas. Sin embargo, sea uno u otro el fenómeno identificado, se tienen algunas nociones de las causas detonantes.

El estudio de la Segob refiere los casos del Estado de México, Guerrero y Michoacán, en los cuales se registra el crecimiento sostenido del secuestro entre 2011 y 2013, además de presentar la misma tendencia al alza en la comisión de otros delitos como el homicidio (Edomex), la extorsión (Guerrero) y la desaparición de personas (Michoacán y Guerrero).

También se advierte la notoria presencia de grupos del narcotráfico con carácter de permanente:

Estado de México.  CJNG, CS, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Los Zetas.

Guerrero. Cártel Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Rojos, La Familia Michoacana, Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y CJNG.

Michoacán. Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, CJNG y Los Viagra.

Por lo que ve al Estado de Tamaulipas, el estudio expresa que, aun cuando en 2012 se observó una disminución de los delitos de alto impacto (con excepción del homicidio doloso), contrasta que para 2013 se registró un fuerte aumento en la incidencia del secuestro y la extorsión.

Asimismo, se percibió una baja continua en los delitos de desaparición de personas y violencia sexual. No obstante, entre 2012 y2013, aumentó drásticamente la incidencia de feminicidios.

Al igual que en los otros estados, en Tamaulipas hay presencia de más de un grupo del crimen organizado, en este caso el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste, entre los mayores generadores de violencia cuyas formas o modalidades no necesariamente están contenidas o reflejadas en los datos de incidencia delictiva. Se estima que de 2013 a 2018 habrían salido de la entidad unas 16 mil 944 personas a causa de la violencia o inseguridad.

Las causas de la migración interna o desplazamiento forzado en Chiapas son diferentes, ya que, aunque en apariencia existe una baja incidencia delictiva en comparación con otros estados, presentó una mayor ocurrencia de conflictos territoriales y religiosos, los cuales acontecen entre facciones de organización autónoma y grupos étnicos, o entre comunidades y fuerzas del Estado.

En Chiapas, más que la presencia de los cárteles del narcotráfico -que también operan-, se tiene como antecedente la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la aparición de grupos paramilitares como Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos, Los Gómez o Los Petules, que han repuntado en su actividad “sobre todo al estar estrechamente asociada a temas de crimen organizado, narcotráfico o trata de personas”, indica el estudio.

 

MICHOACÁN

La visita de Franco Coppola -nuncio apostólico en México- a las regiones de Tierra Caliente y Sierra en la segunda quincena de abril, no marcó un antes y un después en Michoacán. La vida sigue tan violenta como antes del arribo del diplomático religioso. Miembros del crimen organizado respetaron su paso por territorio purépecha, a donde el italiano acudió por carreteras y caminos sin seguridad personal, aunque con el acompañamiento de tropas oficiales a la distancia.

Los caminos bloqueados y las zanjas abiertas para interrumpir las vías de comunicación, que fueron reparados para el paso del religioso, volvieron a aparecer. Tan solo en este año, se reporta el desplazamiento forzado de unas mil 500 personas que tuvieron que abandonar diversas comunidades de Aguililla para trasladarse a Apatzingán, donde encontraron refugio en el albergue El Buen Samaritano, del cura Gregorio López Gerónimo.

La constante amenaza y el avance territorial del CJNG, obligaron a los habitantes de por lo menos cuatro comunidades en Aguililla a huir, dejar sus casas y sus animales. Entre ellos se cuenta a quienes vivían en El Limoncito, La Bocanada, Los Mojos, El Charapo y El Aguaje, donde en octubre de 2019 emboscaron y mataron a 14 policías estatales. También

vecinos de El Colomo en Tepalcatepec, prefirieron migrar antes de verse copados por los narcotraficantes que se apoderan de casas, ranchos, ganado y bienes muebles.

Balaceras continuas, muertes y cobro de derecho de piso, sobre todo la explotación y reclutamiento forzado de nuevos miembros del cártel, fueron razones suficientes para que las familias optaran por dejarlo todo y llegar hasta Apatzingán, donde a través del Arzobispado y las donaciones de feligreses, tuvieron acceso a posada, alimento y ropa. Entre los mil 500 desplazados iban 96 infantes de ambos sexos. Las autoridades desestimaron el fenómeno y aseguraron que se trataba de un problema en Jalisco.

Solo cuando se aproximaba la fecha de la visita oficial y eucarística del embajador del Vaticano, incrementó la presencia de militares, marinos y Guardia Nacional.

Franco Coppola sabía que, así como días antes de su arribo redes sociales censuraron fotografías del conflicto en Aguililla, días después de su partida todo volvería a la “normalidad”. El diplomático advirtió de una crisis humanitaria y abandono que padecen los pobladores de esta región mexicana, a la que llevó un mensaje de esperanza y dijo estar dispuesto a regresar.

 

JALISCO

En el municipio de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ocurrió un fenómeno similar al michoacano, detrás del cual también se encuentra el CJNG, que desde hace unos cuatro años le ganó el territorio al Cártel de Sinaloa, que por décadas tuvo el control de la localidad.

Primero a través de Mario González padre, y después, de Mario González hijo, presuntos agricultores dedicados al cultivo y exportación de chile. El último relacionado con “Los Chapitos” Guzmán por sus amoríos con una prima de estos, de apellidos Elenes Salazar.

El desplazamiento forzado de por lo menos 700 personas ocurrió luego que la mañana del viernes 7 de mayo se registraron diversas balaceras, la más feroz a unos once kilómetros de la comunidad El Rosario, donde presuntamente se enfrentaron fuerzas de los cárteles en conflicto.

Como si fuese una escena de guerra, en el sitio quedaron vehículos abandonados llenos de agujeros de proyectiles e incendiados, algunos de estos blindados y acondicionados para artillería. También el cadáver esposado de un hombre y centenares de casquillos calibres .223, 7.62 y .50.

Pobladores aseguran que el estruendo de la refriega era perceptible a kilómetros de distancia y que se enteraron que hubo más víctimas mortales de la balacera, pero fueron recogidas del lugar por sus compañeros de célula criminal. El temor de que los narcotraficantes regresaran y llegaran hasta sus casas, movió a los habitantes de los poblados Rancho Santo, Los Pocitos, El Rosario, Rancho Mayor, Aguatinta y El Saucito, a huir hacia la delegación de Mechoacanejo, donde hallaron refugio en la parroquia El Divino Salvador, donde vecinos generosos les llevaron víveres y ropa. Otros se fueron a ranchos de familiares en otros municipios alteños o en Zacatecas, limítrofe con Teocaltiche.

Las autoridades estatales guardaron un silencio que espantaba más. Ni viernes, ni sábado ni domingo, algún funcionario se pronunció respecto al tema. Más de 72 horas tardó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en trasladarse a la zona para pedir a las personas, en pleno 10 de mayo, regresar a sus hogares con la promesa de establecer un puesto de seguridad permanente en coordinación con el Ejército. Hasta entonces la parroquia del Padre Manuel Sandate Ortiz albergaba a 476 personas.

A pesar de que desde ese día, convoyes integrados por militares y policías estatales escoltaban vehículos civiles que llevaban alimentos a los habitantes que no quisieron salir de sus comunidades, el 12 de mayo la cifra de desplazados incrementó a 698 personas de 197 familias, entre los que la iglesia local contó a 230 niñas y niños. Desde luego, existe una cifra negra de personas que huyeron, pero se desconoce su paradero o con quién se refugiaron en alguna otra población.

Las semanas transcurren y al gobernador Alfaro lo que le sigue preocupando es que se utilice la palabra “desplazados”. El 18 de mayo, insistió en su discurso: “No es porque lo exprese yo, ahí estuvo Derechos Humanos con nosotros. No hubo ningún tipo de desplazamiento como se dijo en algunos medios, lo que hubo fueron amenazas que hicieron que la gente por precaución tomara esa decisión, pero ya están por supuesto tomadas las medidas y la presencia permanente de la Policía Estatal, de la Guardia, del Ejército y se ha ido restableciendo el orden en esta región”.

Cuestionando la diferencia entre un desplazamiento y salir de casa por amenazas, precisó: “Desplazamiento es cuando te quitan tu casa para apropiársela ellos. Esa es la definición formal”.

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