Mabely Solano Espinoza, jefa del Departamento de Licitación y Obras de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), acusada de haber otorgado un contrato a su cuñado José Miguel Rodríguez Chicuate por un monto superior a 13 millones de pesos, fue separada del cargo debido a la investigación publicada por ZETA.
El reportaje publicado en la edición 2460, correspondiente al 21 de mayo, la señala como autora de un supuesto conflicto de interés dentro de la dependencia, luego de participar en un proceso de licitación y seleccionar a la pareja de su hermana como ganador de la obra Adecuación Paisajista en Calzada de los Presidentes en Río Nuevo, a través de la empresa Fidhercon, SA de CV.
Pues resulta que el lunes 23 de mayo, Ana Karen Postlethwaite, titular de la SIDURT, ordenó separar del cargo a su subordinada y revisar el proceso de entrega de contrato para determinar probables responsabilidades. En un escueto texto, la dependencia anunció que coadyuvará con la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Si bien es algo positivo que la dependencia determine abrir una investigación a raíz de una indagatoria periodística sobre un posible caso de corrupción, la realidad es que el actual gobierno bonillista ha tomado este tipo de acciones reaccionarias y mediáticas, pero en realidad ninguna ha culminado en sanción.
No basta con remover del cargo a la funcionaria, sino que además debería promoverse su inhabilitación del ejercicio público, al igual que a la propia empresa, además de retirarle el contrato, pues en el mejor de los casos, Postlethwaite pecó de omisa, y en aras de demostrar que no tenía conocimiento, debe proceder con rigor en la investigación, sobre todo porque su firma está junto a la de Mabely Solano en el otorgamiento del contrato.
Lamentablemente, la voz de la experiencia ha demostrado que el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha premiado a aquellos que se han visto envueltos en temas de corrupción, como el ex oficial mayor Jesús Núñez Camacho y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ya que al primero lo removió por verse involucrado en un presunto señalamiento de cobro de sobornos y ahora fue reinstalado como titular del Sistema Penitenciario de Baja California.
En tanto, Rodríguez Lozano sigue gozando de un cargo y vasto poder dentro de la administración pública vinotinto, pese a que su oscuro pasado obra en los episodios más negros de la historia reciente.
Así podríamos mencionar otros casos, en los que funcionarios se ven involucrados en sospechas de corrupción, los cuales son exhibidos y removidos de sus puestos, pero al momento de la verdad, cuando las palabras se tornan realidad, el equipo de Bonilla ha optado por contraerse y protegerse, tal como lo hicieran las administraciones blanquiazules.
Al final, el gobierno de Baja California, en prácticamente todos los niveles, recurre a un combate a la corrupción selectivo y, por ende, no puede ser considerado un compromiso real contra la impunidad.
La gestión por dos años de Jaime Bonilla Valdez está en su última etapa y ahora hasta se duda si culminará el cargo -ante el rumor, provocado por ellos mismos, de que podría dejar la gubernatura para formar parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México-, de manera que se iría sin procesar a su antecesor Francisco Vega de Lamadrid y a sus funcionarios más cercanos, como Carlo Bonfante Olache, quienes ni siquiera se encuentran bajo investigación.
En fin, las esperanzas de un verdadero combate a la corrupción por parte de la Cuarta Transformación quedaron en palabras, como prácticamente todo lo que ha hecho Bonilla en año y medio.
