Petróleos Mexicanos (PEMEX) aceptó, este lunes 19 de abril, la oferta que hizo Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), de reparar un daño de 216 millones 664 mil 040 dólares, más intereses, por el caso Agronitrogenados, por lo que, de ratificar dicha postura, este mismo día, ante José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital de la República, el empresario quedaría libre en las próximas horas.
Apoderados de la compañía paraestatal, así como funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de los abogados defensores de Ancira Elizondo arribaron antes de las 09:30 horas que daba comienzo la audiencia donde se firmará el acuerdo de reparación del daño, teniendo como obligados solidarios a Jorge Alberto Ancira Elizondo, Xavier Autrey Maza y la propia AHMSA.
La propuesta es que AHMSA liquide los 216 millones 664 mil 040 dólares en cuatro pagos anuales (30 de noviembre del 2021, del 2022, y del 2023, así como el 15 de agosto del 2024), cada uno de 54 millones 166 mil 10 dólares, más los intereses que se generen del saldo insoluto del adeudo a la tasa de fondeo a corto plazo de PEMEX.
El pasado 3 de marzo, Ancira Elizondo presentó un nuevo amparo en el que reclamaba que el delito de lavado de dinero por el que está procesado, derivado de un supuesto soborno al ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya Ricardo Lozoya Austin, por 3.5 millones de dólares, debía ser declarado prescrito y obtener por consecuencia su libertad.
Antonio González García, Juez Segundo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, en un principio recibió la demanda del empresario, sin embargo, luego de analizarla, se declaró incompetente para tramitarla, por lo que turnó el recurso legal a Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo, con el argumento de que ella tenía el antecedente de haber tramitado juicios de garantías de Ancira Elizondo contra dicha imputación.
Ortega Tlapa fue la misma juez que a mediados de febrero, resolvió en primera instancia el amparo que desde el año pasado tramitó Ancira Elizondo contra la orden de aprehensión que tuvo como consecuencia que fuera detenido en España, el 28 de mayo del 2020, país del que fue extraditado el pasado 3 de febrero y vinculado a proceso el día 10 de ese mismo mes.
El amparo en el que Ancira Elizondo demandaba la prescripción del delito fue presentado por el dueño de AHMSA, dos días después de que el juez Zúñiga Mendoza vinculara al empresario coahuilense a proceso por lavado y le ratificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Zúñiga Mendoza consideró que eran fundados los argumentos de la FGR para mantener privado de la libertad al empresario coahuilense, por lo menos hasta el 9 de febrero, cuando se definiría su situación jurídica, lo que no sucedió.
Los abogados defensores de Ancira Elizondo habían ofrecido al juez federal pagar una garantía de 2 millones de dólares, para poder enfrentar su proceso sin estar privado de su libertad. Asimismo, la entrega de sus pasaportes mexicano y estadounidense, la presentación periódica del imputado e, incluso, el uso del brazalete electrónico, para garantizar que no va a huir.
Para obtener este beneficio, la defensa del empresario coahuilense argumentó que la capacidad económica del dueño de AHMSA no puede operar como un aspecto en su agravio, sobre todo porque sus recurso son producto del trabajo de toda su vida.
Si bien la FGR planteó que Ancira Elizondo tiene arraigo en una demarcación específica, dado que tiene dos domicilios en la Ciudad de México y uno en Monclova, Coahuila, sus abogados manifestaron que los primeros son de carácter particular y el otro es laboral.
Los litigantes también reviraron a la Fiscalía, manifestando que la prisión preventiva pondría en riesgo la salud del empresario coahuilense, no solo por su edad (65 años), sino también por sus enfermedades crónico degenerativas, entre ellas la diabetes e hipertensión arterial.
La FGR planteó tres argumentos al juez federal, para justificar que Ancira Elizondo que debe permanecer privado de la libertad, por lo menos mientras se define su situación jurídica, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El primero es la supuesta falta de arraigo. El segundo es su capacidad económica, que le puede facilitar salir del país. Mientras que el tercero es que el empresario coahuilense fue conducido al procedimiento penal mediante un juicio de extradición.
LA LLEGADA DE ANCIRA A MÉXICO
Ancira Elizondo llegó a las 17:11 horas del 4 de febrero, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un avión de la FGR, que voló desde España, para dar cumplimiento a su extradición, luego de abandonar la prisión en Palma de Mallorca, en la que se encontraba.
Una vez que se le realizó un chequeo médico dentro del hangar de la FGR, el empresario coahuilense fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital de la República.
Ancira Elizondo es requerido por José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, quien libró una orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismo que no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que que el empresario coahuilense podría enfrentar su proceso en libertad.
“Tendrá que enfrentar un proceso penal por supuesto, pero lo que ha dicho el presidente [Andrés Manuel López Obrador], que devuelvan lo que no les corresponde, lo que fue materia de corrupción y que enfrenten sí su proceso pero que tengamos la posibilidad que se devuelva al erario a la Nación lo que ilícitamente se llevaron y no les corresponde”, informó este mismo día, Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
A las 9:42 de ese mismo día, hora local (02:42 horas en el centro de México), salió el avión Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, de la FGR, de la base aérea de Son Sant Joan, en la isla de Mallorca, donde Ancira Elizondo se encontraba preso en espera de que se materializara su extradición.
La aeronave salió del Aeropuerto de Halifax-Stanfield, Canadá, en punto de las 13:46 horas tiempo local (11:46 horas tiempo del centro de México), después de que recargó combustible, y voló durante seis horas hasta la capital de la República mexicana.
LA DETENCIÓN DE ANCIRA EN ESPAÑA
El 28 de mayo del 2019, el ex presidente de AHMSA fue detenido en España por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). El empresario fue capturado en Mallorca, una de las Islas Baleares de España en el Mediterráneo, a solicitud de las autoridades mexicanas y con fines de extradición.
Ancira Elizondo gozó de libertad bajo fianza -para lo cual pagó un millón de euros- del 1 de julio al 6 de noviembre de 2020, cuando tuvo que volver a la cárcel de Mallorca, ante la desestimación de su último recurso de defensa.
La detención se produjo luego de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, José Artemio Zúñiga Mendoza, concediera la orden de aprehensión en su contra, en mayo del 2019. Esto como resultado de una denuncia presentada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) ante la FGR, en marzo de ese año.
El motivo es el pago en 2012, por parte de Altos Hornos de México, de 3 millones 400 mil dólares a la empresa Tochos Holding Limited, vinculada al ex director general de la paraestatal mexicana, Emilio Ricardo Lozoya Austin.
Con este dinero, supuestamente triangulado a través del banco suizo UBS AG, Lozoya Austin compró un inmueble ubicado en el fraccionamiento Residencial la Retama, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
Las autoridades mexicanas relacionan estas operaciones con la compra que PEMEX hizo en 2014, cuando Lozoya Austin era su titular, de la planta Agro Nitrogenados, propiedad de Ancira Elizondo, por 275 millones de dólares.
Este fue un sobreprecio injustificado, si se tiene en cuenta que la planta llevaba 14 años sin operar y sus equipos databan hace 30 años, por lo que el precio real de la planta “chatarra” no superaba los 58 millones de dólares.
