La entrega de alimentos, insuficiente y a destiempo, provocó durante dos días consecutivos que internos del Edificio 1 del Cereso Tijuana, que aloja a mil 713 hombres privados de la libertad, reclamaran a las autoridades penitenciarias el respeto a sus derechos. Primero gritaron y después salieron de sus celdas y tomaron el inmueble. En marzo, Congreso aprobó la propuesta del gobernador Jaime Bonilla para renovar por seis años el contrato a La Cosmopolitana, empresa encargada de dar el servicio de comida en las cárceles
Por recibir comida de mala calidad y en porciones pequeñas, de la empresa La Cosmopolitana, a la que el gobernador Jaime Bonilla Valdez entregó el 10 de marzo de 2021 un contrato por seis años que excede su gestión -los anteriores debían licitarse cada seis meses-, internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana, ubicado en la delegación La Mesa, se amotinaron los días 13 y 14 de abril.
La Cosmopolitana ha sido investigada y sancionada por Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública por tráfico de influencias, corrupción, manipulación de información privilegiada, entrega de productos con sobreprecios o en mal estado. Pero gracias la mayoría de Morena en el Congreso, que aprobó la propuesta de comprometer al siguiente gobierno, mantendrá en Baja California el monopolio de la alimentación de los Cereso y los Centros de Internamiento para Adolescentes (CIA) a cargo de la Comisión Estatal.
En la penitenciaría de Tijuana, el Edificio 1 tiene mayor hacinamiento, al albergar a mil 800 hombres privados de la libertad, en algunos casos, doce comparten una celda. Usualmente, en el primer nivel alojan a ex servidores públicos en el pasillo A, y en el B, a los recién llegados y puestos en cuarentena por COVID-19 y otras posibles enfermedades contagiosas; además de los presos por delitos de alto impacto. En el segundo y tercer nivel colocan a los delincuentes detenidos por narcomenudeo, robo de vehículo y homicidio.
La población general es de poco más de 4 mil 300 internos en La Mesa.
La cena no llegó a tiempo el 13 de abril, casi 2 mil presos se amotinaron, empezaron a manifestarse con gritos y golpeando objetos, jalando rejas para exponer su descontento y oposición ante la autoridad, a la que acusan de no respetar sus derechos humanos al alimento y la higiene.
Extraoficialmente, trabajadores al interior del penal informaron que debido a la pandemia, hay menos personal para entregar los alimentos y se estableció un sistema de “raciones personalizadas”. La comida se entrega en un pequeño refractario y no se sirve en un plato.
Los internos acusan “raciones limitadas” que no satisfacen su hambre, lo que ha provocado reclamos, fricciones y agresiones entre los presos y el personal de cocina.
Apenas en enero, las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en Mexicali se amotinaron reclamando que les daban “puros huesos”.
El 13 de abril, los reportes de gritos y reclamos se dieron a conocer a través de redes sociales pasadas las 21:00 horas. Vecinos inquietos hicieron públicos los videos, que recuerdan los motines del 14 y 17 de septiembre de 2008, que ante la ineficacia y reacción tardía de la autoridad, terminaron con 17 cadáveres autopsiados, otra decena de cuerpos incinerados y un penal destruido.
Pasadas las 21:00 horas del martes, la presencia de la Policía Municipal y el Ejército a los alrededores ya había provocado que los familiares de los internos alertados llamaran a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Los dejaron entrar y entrevistaron internos hasta las 01:00 horas. Reportaron que los presos habían sido alimentados, que la calma había regresado y estaban registrando las quejas por violaciones a derechos.
Al día siguiente la situación empeoró, y a las 14:00 horas, los reos decidieron salir de sus celdas, tomar los pasillos del Edificio 1 y a dos custodios como rehenes.
La Comisión Estatal Penitenciaria decidió describir el motín como “hechos, disturbios e incidentes”, sin embargo, en sus boletines refirieron “uso racional de la fuerza” y “recuperar el control del edificio”.
Los PPL mantuvieron el control del edificio durante prácticamente cinco horas. Afuera, un número que varió entre 300 y 250 familiares les gritaban para saber si estaban sanos y les pedían que se calmaran, para que pudieran llegar a un acuerdo con las autoridades.
Poco antes de las 19:00 horas del miércoles 14, decidieron organizar una Mesa de Diálogo, permitieron el ingreso de un grupo de seis representantes de las familias -elegidas de entre quienes habían permanecido horas frente a la puerta de acceso-, y junto a las autoridades penitenciarias y de la CEDH se acercaron al patio central del Cereso para ver salir del Edificio 1 a diez internos que hablarían en representación de sus compañeros -fueron más-, las madres y esposas querían ver que estaban sanos y salvos.
Como resultado de la mesa, a las 20:40 horas del miércoles, la Comisión Estatal Penitenciaria emitió un boletín, informando que “entre los acuerdos tomados se encuentra el mejoramiento de las condiciones de higiene, alimentación e internamiento” de los privados de la libertad.
También reportaron que dos custodios resultaron lesionados, uno de los cuales fue sacado en una ambulancia alrededor de las 18:30 horas del 14 de abril, generando movimientos entre las familias al exterior que creyeron se trataba de un interno; lo que no dijeron desde la penitenciaría fue que también hubo más de dos reos lesionados.
Personal de la CEDH advirtió que tanto las lesiones de los guardias como las de los internos, no eran de consideración. Sin embargo, en la Fiscalía General del Estado se inició solo una carpeta, por las lesiones del custodio que salió en la ambulancia de la Cruz Roja.
Respecto a los muertos que según los familiares pudo haber durante la revuelta, la CEDH, en voz del secretario ejecutivo Jorge Ochoa Garduño, reveló: “Vimos algunas personas lesionadas, pero no sangre, hasta ahorita no hemos tenido conocimiento de alguna persona que haya perdido la vida, ninguna persona privada de la libertad (en las entrevistas) nos ha mencionado tal situación”.
Al momento de esa declaración, la CEDH había entrevistado a mil 400 de los mil 713 residentes del edificio donde sucedieron las manifestaciones; los 313 restantes rechazaron ser entrevistados.
En medio de los “disturbios”, por parte de las autoridades solo se emitieron dos boletines, ambos asegurando que el Cereso estaba bajo control.
Ante la opinión pública, ningún funcionario ha salido a dar la cara, ni el director del penal, Álvaro Acosta, ni Jesús Núñez Camacho, designado el 2 de abril, comisionado estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Este último ni siquiera participó en la Mesa de Acuerdos realizada el miércoles, la cual fue encabezada por Armando López, director de Centros Penitenciarios en BC.
“Los directivos de comprometieron a aumentar las raciones de comida, mejorar las condiciones de higiene y hacer que los ingresos de las visitas sean más ágiles”, expuso la madre de uno de los internos que participó en la reunión.
LA COSMOPOLITANA, BONILLA, LOS MOCHES Y LOS ALIMENTOS
Jesús Núñez regresó al gobierno bonillista quince meses después de haber renunciado para ser investigado por moches, denuncia que implicó a Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria de Integración y Bienestar Social; Jesús Núñez Camacho, ex oficial mayor; y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
La denuncia fue por el presunto cobro de sobornos por alrededor de 20 millones de pesos a cambio de comprometer la entrega de contratos gubernamentales con sus futuros proveedores, incluido justamente el servicio de los alimentos de los Cereso, que no se concretó, después que los arreglos irregulares fueron expuestos públicamente.
La indagatoria fue oficializada por la Fiscalía General del Estado en diciembre de 2019 y congelada en abril de 2020 por “insuficiencia probatoria”.
Como parte de la campaña anticorrupción, Bonilla rompió el monopolio de La Cosmopolitana y, al licitar, dividió, les dejó los centros de El Hongo y Mexicali y entregó Tijuana y Ensenada a la empresa Alimentos con Ideas, que ofreció un mejor servicio, pero no fue suficiente.
En abril de 2020, el gobernador cambio de idea, y justificándose en la deuda de 60 millones de pesos que dejó el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid -en ese sexenio le dieron contratos por mil 400 millones de pesos- que Bonilla no pudo pagar, decidieron regresarle todo a La Cosmopolitana en adjudicación directa.
De acuerdo con lo asegurado por el entonces comisionado estatal penitenciario, Salvador Morales, ya no había sobreprecio, porque los platillos de comida que costaban 70 pesos habían bajado su precio a 55 pesos, y que el objetivo era llegar a 50 pesos. En junio de 2002, comentó que los 350 millones de pesos por la comida, era el mayor gasto del Sistema Estatal Penitenciario.
En febrero de 2021, la administración de Jaime Bonilla presentó ante el Congreso la propuesta del contrato plurianual que favorece a La Cosmopolitana por los siguientes seis años, comprometiendo el ejercicio del próximo gobernador. La mayoría morenista se lo aprobó “por precio”.
Con quince votos, la mayoría de Morena aprobó el “suministro de insumos, víveres y productos para el procesamiento de alimentos” para mil 154 custodios y un promedio de 12 mil 500 internos durante seis años, en el que la empresa garantiza un contrato por 2 mil millones de pesos.
Aseguraron que, de 70 pesos por ración, lograron una reducción a 50 pesos que garantizan “una alimentación higiénica, de buena calidad y valor nutricional suficiente para el mantenimiento de su salud, servida en ración diaria”.
De los 350 millones anuales mencionado por Morales en 2020, “Cosmo” recibirá a partir de agosto de 2021 y por los próximos seis años, un promedio de 325 millones anuales.
En marzo, solo dos diputados votaron en contra: Rodrigo Aníbal Otáñez, del Partido de Baja California, y Loreto Quintero, panista y ex oficial mayor del gobierno que dejó la deuda con la empresa.
DOS MOTINES: LA TENSIÓN
Información proporcionada por personal del Cereso La Mesa, indica que darían las 21:00 horas del martes 13 de abril cuando un grupo de internos del Edificio 1, donde se encuentran “Los Paisas” comenzaron gritar porque no les llegaba la cena.
“Los Paisas” son una delictiva dedicada al tráfico de droga homicidio y secuestros que tiene presencia al interior del penal. Es integrada por delincuentes procedentes del interior de la República, principalmente de Sinaloa.
“Lo que pasó es, bueno, además que había menos personas trabajando en la cocina, como ya cambió la entrega de la comida, ya no pasan con la charola, ahora se les da su plato individual y por eso se tardó”, comentó un custodio que mantuvo el anonimato.
Fue en ese momento que un grupo de internos comenzaron a ser más enérgicos con su reclamo, contagiando a otros compañeros y las autoridades de la penitenciaría aplicaron los protocolos de seguridad.
“Hubo que hacer unas maniobras, pero la verdad no pasó nada grave, el problema es que las personas se alteraron, ‘Los Paisas’ siempre son los más alebrestados, pero la verdad y gracias a Dios no pasó a mayores”, aseguraron el martes.
“El problema más grande se dio acá afuera con sus familiares, que empiezan a gritarles y se ponen nerviosos, se alteran, alteran a estos (los presos)”, agregaron.
En redes sociales comenzaron a circular videos de un presunto motín en la penitenciaría, incluso hubo personas que dijeron haber escuchado detonaciones de arma de fuego y cientos de familiares de internos trataron de llegar al penal.
“Hay un video que ha estado circulando -redes sociales-, donde se escucha una balacera, es un video cuando empezó todo, pues estoy muy nerviosa porque le hagan algo a mi esposo, a mí nunca me dijo que algo estuviera mal (dentro del penal)”, declaró la señora Martha Cornejo.
Unidades de la Policía cerraron desde la calle Tecoripa, por el lado Norte, por la parte Oeste hasta la calle Baburías del Mar y hasta la Avenita Sexta Vientos Alisos por la zona Sur.
“Por favor tranquilícense, todo está bien, no es un motín, no hay heridos, lo único que sabemos es que fue por un reclamo que hicieron por la comida, pero todo está bien, estamos aquí para brindar protección, por favor relájense”, exclamó una oficial, al ver que un grupo de mujeres preocupadas llegaban por sus familiares.
“Para ellos -policías- es fácil decir que nos tranquilicemos, pero yo no sé cómo está mi hijo, no sé qué le hicieron, ya ve lo que pasó aquí hace años, mataron a un motón (de internos)”, recordó una madre.
La mayoría de las personas comenzaron a reunirse en calle Baburías del Mar, ya que de ahí se podía observar mejor la penitenciaría, aunque algunas pudieron colarse prácticamente hasta la entrada.
Los familiares fueron testigos del ingreso de funcionarios al penal, vieron que entró una ambulancia, así como agentes de otras corporaciones, incluyendo elementos del Ejército Mexicano.
Alrededor de las 22:00 horas del mismo martes, las autoridades penitenciarias permitieron el acceso a un grupo de diez personas para que vieran cómo estaba la situación adentro y lo pudieran compartir con las personas afuera.
Poco a poco las madres de los internos, salían del Cereso. Fue alrededor de las 23:45 horas que Heriberto García, visitador especializado de la CEDH, les aseguró:
“El problema fue en cuatro pasillos del Edificio 1, todos los demás edificios están bien, nosotros nos acercamos a los pasillos y hablamos con algunas de las personas que están ahí, y todos está bien”.
Las palabras del visitador provocaron que muchas de las personas comenzaran a retirarse y, para las 02:00 horas del miércoles 14 de abril, ya no había nadie a las afueras de la peni, ni los oficiales que habían bloqueado las calles.
La CEDH colocó un módulo de información a las afueras de la penitenciaría, en Avenida de los Charros, donde daban a conocer a las personas cómo se encontraban los internos.
La revuelta de personas privadas de la libertad en el Cereso continuó hasta la tarde del miércoles. La exigencia desde el día previo fue un mejor trato y mejores alimentos.
El Cereso se reportó bajo control hasta las 14:15 del miércoles, las familias -alrededor de 250 personas- seguían afuera y los representantes de la CEDH habían salido porque estaban en cambio de turno, cuando personal de la penitenciaria solicitó de nuevo el apoyo a las corporaciones a través del C4 porque los internos del Edificio 1 se habían salido de las celdas, estaban en los pasallos, habían tomado el inmueble y a un custodio como rehén. Situación que no mejoró hasta cerca de las 19:00 horas, cuando se instaló la mesa que concluyó con el acuerdo de respetar los derechos humanos de los PPL.
“NO VIMOS MUERTOS”: CEDH; INICIARON INVESTIGACIONES
En entrevista, Jorge Ochoa Garduño, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicó que a partir de las entrevistas hechas a cientos de internos en el Edificio 1 del Cereso La Mesa en Tijuana, las quejas por violaciones a derechos humanos a investigar, son variadas.
Confirmó que, de acuerdo con las encuestas, todo empezó por “la comida, calidad y cantidad”, pero al realizar la entrevistas, surgieron otras denuncias, el acceso a medicamentos fue mayoría, así como el derecho a visita, “tiene dos semanas, si no me equivoco, que empezaron las visitas, los altos costos, cobijas, son una serie de situaciones que serán revisadas”, indicó el funcionario.
Los expedientes pueden tardar de cinco meses hasta un año en integrarse, por la cantidad de información que se solicita y analiza.
Ochoa recordó que personal de la Comisión ingresó a las 23:00 horas del martes 13 y salieron a las 01:00 horas del miércoles 14 de abril para hacer saber a las familias que todo estaba tranquilo y no había lesionados, “pero a las cuatro de la mañana -del miércoles- hubo más ruidos, y en consecuencia ahí vamos otra vez, entrevistamos a más personas, los mismos señalamientos; obviamente se están haciendo las constancias correspondientes, las certificaciones por parte de los visitadores”, expuso.
“A las nueve de la mañana del miércoles, ingresó otro grupo de aproximadamente diez visitadores y visitadoras a continuar con las entrevistas del Edificio 1. Ahí, aparte del personal al interior del Cereso, pusimos un módulo de información afuera para atender – 200 servicios- a las familias sobre cómo está su persona”, complementó.
Salieron a las 14:00 horas para hacer cambio de turno e inició el segundo motín, volvieron a ingresar hasta 17:00 horas, acompañando a las familias para la Mesa de Acuerdos.
— ¿Ustedes vieron a los internos, están bien?, cuestionó ZETA.
“Hay algunas personas lesionadas, no vimos a nadie de gravedad”.
Respecto a lo dicho por la autoridad en el reporte al C4, que rompieron paredes para salir de las celdas, el funcionario de la CEDH manifestó: “No te puedo decir si las rompieron, no salieron del Edificio 1… había persona en el pasillo”.
— ¿Ustedes entraron al edificio?
“Sí, todo estaba bien”.
De la Mesa de Acuerdos explicó: “Entramos como a las cinco de la tarde, seis representantes de las familias, para que se dieran cuenta que ya estaba controlada la situación. Junto con personal de la CEDH ingresamos al área común, hacia el exterior del edificio.
“Observamos, hubo conversación con las personas privadas de la libertad, fueron saliendo uno por uno, los vimos que salían por su pie y sanos, los que andaban en pasillo y se sentaban para dialogar. En la Comisión estamos haciendo el trabajo correspondiente de investigar las situaciones, antes de emitir un pronunciamiento”.
— ¿Se le informó que a la entrada del Cereso, una señora mostró un casquillo de bala, muy enojada, reclamando la posible agresión contra los internos?
“Al estar en un Cereso hay protocolos, y la Comisión tiene que investigar el uso de la fuerza que se haya dado, si estuvo equilibrado o no”.
—¿Sí dispararon los custodios?
“No tenemos prueba, ni nos han dicho que se hayan utilizado armas letales, no”.
— ¿Y balas de goma? Cómo los controlaron, qué dijeron los internos.
“Sí han manifestado que de hecho se escuchaban detonaciones, presumimos que hubo balas de goma, pero se está investigando el uso de la fuerza. La Ley permite a los cuerpos de seguridad pública el uso de la fuerza sin excederse, para tener el control y evitar mayor daño”.
—¿Tienen antecedentes de las quejas por los alimentos en el Cereso de La Mesa?
“Sí”, respondió Ochoa Garduño, evocando el reclamo de los internos en el penal de Mexicali en enero pasado.
“Tenemos una serie de expedientes abiertos en los que se está solicitando información, analizando. Es importante decir que cada una de las quejas lleva una secuencia, investigación, puede llevar de seis meses a un año”, concluyó el secretario ejecutivo de la CEDH.
