La remoción temporal de Luis Irineo Romero de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), es el último eslabón de la cadena de arbitrariedades y obstáculos emprendidos por la administración de Jaime Bonilla Valdez contra este organismo, diseñado para crear políticas públicas e investigar de forma independiente los delitos ligados al cohecho, a la corrupción. Restricciones financieras, sesiones “reventadas” y la violación constitucional al negarse a nombrar a un fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, demuestran que el gobierno de Morena no respalda el proyecto, e incluso busca desaparecerlo o alinearlo a sus intereses
La mañana del miércoles 14 de abril, personal de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHyFP), acudió a las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), ubicado en la colonia Guajardo, al Poniente de la ciudad, para remover temporalmente a su titular, Luis Irineo Romero, con el objetivo de dirigir una auditoría.
Para ello, los trabajadores se hicieron acompañar de ocho agentes de la Policía Municipal a bordo de cuatro patrullas, y una unidad de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que se retiró al poco tiempo.
La embestida emprendida por el Poder Ejecutivo contra un pequeño órgano autónomo que cuenta con presupuesto de 14 millones 200 mil pesos, no tuvo una respuesta inmediata para evitar el desalojo de Luis Irineo Romero, uno de los principales críticos de la administración de Jaime Bonilla Valdez, ante la falta de compromiso por generar mecanismos para inhibir la corrupción, y sobre todo, de combatirla.
En opinión de Luis Irineo Romero, la irrupción a las instalaciones del SEA carece de sustento jurídico e implica un ataque para cualquier organismo que no se encuentre alineado a las decisiones del mandatario estatal, quien desde 2020 intenta -acompañado del Congreso- desarticular el SEA, privándolo de recursos, cerrándole las puertas, negándose a designar a un fiscal Anticorrupción, a un magistrado y hasta “reventando” sesiones del Comité Coordinador de manera premeditada.
Además de ello, el Congreso del Estado no ha nombrado -pese a múltiples solicitudes- a un titular del órgano interno de control, ente que -en teoría- debe encargarse de la revisión de las cuentas del SEA.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina García, aseguró que nunca recibió alguna solicitud o reclamo por parte del SEA para la designación del representante del órgano interno de control, mismo que no ha sido designado ante la falta de información del engrose de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó dos artículos -16 y 17- en torno a la conformación y selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA.
Agregó que aún no reciben el engrose, el cual surtirá efecto hasta que el Poder Legislativo sea notificado y no establece específicamente que los actuales integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) dejen su cargo.
EL DESALOJO
La tarde del martes 13 de abril llegó a las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del SEA, un documento firmado por el jefe de Auditorías y Entidades Paraestatales, José Iván Valenzuela Rodríguez, indicando que la Secretaría de Honestidad y Función Pública tenía la intención de fiscalizar el uso de recursos durante el periodo enero 2020-abril 2021.
El documento precisaba que dicha auditoría se llevaría a cabo el mismo 13 de abril y pedía a Luis Irineo Romero girar instrucciones para que los auditores Emilia Lucía Ruiz Sánchez, Amparo Catalina Lizaola Larios, Karla Nereyda Esqueda Garibay y Armando Mendoza Vásquez, pudieran cumplir con el mandato.
Irineo Romero les indicó que la Secretaría Ejecutiva no era considerada una entidad paraestatal, sino un ente con autonomía técnica y de gestión, por lo que solo el Órgano Interno de Control, y en su defecto la Auditoría Superior del Estado, podrían revisarlos.
Su argumento radicó en el Artículo 27 de la Ley del SEA de Baja California, donde reconoce al Órgano Interno de Control como la entidad encargada de fiscalización.
Irineo Romero indicó que enviaría una respuesta a la SHyFP, donde fundamentaba lo arriba referido para el día siguiente. Mientras preparaba el documento, la encargada de despacho, Maricarmen Álvarez Herrera, firmaba otro documento en el que solicitó al director de la Policía Municipal, Alejandro Lora Torres, el auxilio de la fuerza pública para acudir a las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA, ante la negativa de someterse a una auditoría.
A la mañana siguiente, auditores y casi una decena de policías notificaron a Luis Irineo Romero su remoción del cargo de manera temporal, debido a que se negó a colaborar con el proceso de fiscalización del SEA; en caso de desobedecer sería detenido.
“El día de ayer nos notificaron el inicio de una auditoría administrativa, les comentamos que les daríamos respuesta por escrito, que eso ocurría el día de hoy para decirles que no tienen facultades para vigilar la SEA, sí lo tiene la Auditoría Superior, pero Honestidad justamente el diseño de la Ley fue evitar este tipo de intromisiones para que el Ejecutivo no pudiera meter sus narices en la Secretaría”, refirió Luis Irineo Romero, además de considerar que el acto arbitrario se dio en contra de un organismo que no se alinea a los intereses del gobierno de Bonilla.
Los documentos entregados por los auditores basan su sustento en que el SEA es considerado una entidad paraestatal, lo cual -a juicio de Irineo Romero- es totalmente falso.
El diputado Juan Manuel Molina rechazó por completo las aseveraciones de Irineo y refirió que el mismo Artículo 27 de la Ley del SEA otorga facultades a Contraloría estatal para revisar las cuentas de la Secretaría Ejecutiva.
El apartado referido por Molina indica:
“La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo Estatal y el órgano interno de control, como excepción a lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, no podrán realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este artículo”.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN NO ES DE SU INTERÉS: FIORENTINI
Además de denunciar que la SHyFP carece de sustento jurídico para remover a Luis Irineo Romero, el consejero del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Francisco Fiorentini Cañedo, comentó que no existe un interés real en el combate a la corrupción por parte de Jaime Bonilla Valdez.
En el primer punto, definió que el secretario ejecutivo solo puede ser removido por faltas graves y por la decisión de dos terceras partes del Comité Coordinador del SEA, lo cual no ocurrió.
Sin embargo, este no es el único desdén de Bonilla hacia el SEA, pues desde hace más de un año se encuentra incompleto ante el hecho que no ha nombrado un fiscal especializado en el Combate a la Corrupción.
El secretario ejecutivo aseveró que el mandatario estatal está violando la Ley e imposibilitando que casos de corrupción sean investigados, máxime porque solo la Fiscalía Especializada cuenta con sustento jurídico para investigar hechos relativos a la corrupción en el servicio público. Esto quiere decir que todos los casos denunciados después que entrara en vigor la reforma, no pueden ser investigados por el SEA; tendrán que esperar hasta el nuevo nombramiento.
Analizan la posibilidad de presentar una demanda de amparo para exigir a los poderes Ejecutivo y Legislativo, presentar la terna y elegir a un fiscal Anticorrupción del Estado, al igual que el magistrado especializado en la materia, el cual permanece acéfalo.
Pese a ello, Bonilla Valdez ha dejado claro en entrevistas que no hay prisa para designar fiscal Anticorrupción, y que probablemente no lo elija durante su administración.
Cabe recordar que la ex fiscal Anticorrupción, Olga Ojeda -la cual abandonó el cargo tras denunciar que no hubo interés en apoyarla económica ni materialmente con su trabajo-, se incrustó en la nómina estatal como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
A este desinterés, se suma la falta de recursos para operar. Y es que para el ejercicio 2020-2021, el SEA presentó ante la Secretaría de Hacienda un proyecto de presupuesto donde les referían los gastos operativos del ejercicio fiscal. El Poder Legislativo no desglosó los montos y autorizó 14.2 millones de pesos para todo el año, instruyendo que solo podrían disponer del recurso cuando definieran los gastos específicos.
Desde marzo de 2020, el SEA no ha sesionado debido al “reventón” de la titular de la SHyFP, quien fue descubierta haciendo circular acordeones para el resto de sus compañeros, con la intención de que tanto consejeros como funcionarios brindaran una opinión contra algunos consejeros del CPC e impedir la sesión del SEA donde se verían temas importantes como el de los moches, cuando tres funcionarios bonillistas se vieron involucrados en el cobro de supuestos sobornos de empresarios a cambio de entregar contratos para la alimentación de internos de los Centro de Reinserción Social (Cereso); y para aclarar el “regalo” de Bonilla a familiares de su padrino político, Xicoténcatl Leyva Mortera, con un “imperio notarial”.
La secretaria de Honestidad, Vicenta Espinosa, así como el consejero Humberto Zurita, encabezaron una rebelión contra Fiorentini, Jorge Topete y el propio Luis Irineo Romero, la cual fue seguida por otros consejeros, funcionarios estatales y municipales.
El acuerdo final fue que no se sesionara en tanto no se tuviera acceso al engrose de la SCJN, pues se desconocía la situación jurídica de los actuales consejeros del CPC.
A la fecha, nadie puede avanzar en torno al funcionamiento del SEA, pues el diputado Juan Manuel Molina, asegura que no elegirán a integrantes del órgano interno de control, en tanto no se tenga conocimiento de la sentencia de la SCJN.
Cabe recordar que desde agosto de 2020, la Suprema Corte definió la acción de inconstitucionalidad 119/2017, derogando los artículos 16 y 17 de la Ley del SEA, por considerarlos violatorios a los derechos humanos; además de omitir el principio de la igualdad, donde se establece claramente que no puede haber consejeros “honorarios” y con sueldo, pues es inhumano e inequitativo.
HAREMOS UN SEA COMO EL NACIONAL: MOLINA
El diputado Juan Manuel Molina dio a conocer que en cuanto llegue el engrose iniciarán los trabajos para rediseñar el proceso de selección y la conformación del SEA, por lo que -a su juicio- tendrán que remover a los actuales consejeros y reformar toda la conformación del Sistema Anticorrupción en la entidad.
Adelantó que analizan la posibilidad de reducir el número de integrantes del CPC, de quince a solo cinco, amén de otorgarles un sueldo sin excepción.
Respecto al tema financiero, Molina García aseveró que nunca fue notificado por el Poder Ejecutivo sobre la exposición de motivos del SEA y la necesidad de llevar a cabo ciertos gastos.
