Morena aprobó en la Comisión de Justicia la reforma judicial para que se prolongue la duración del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dos años más en el cargo. Diputados de oposición reiteraron que se trata de un atraco a la Constitución y de la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. Las desavenencias entre ambos poderes, que inició con el sueldo de los ministros -que ganan más que el Presidente de México- se han ido suavizando. Persisten asuntos pendientes de resolver, como los amparos contra la reforma eléctrica y el padrón de usuarios de telefonía celular
El camino se allanó para que la Cámara de Diputados apruebe la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, por dos años más de lo que señala la Constitución mexicana, dentro de las reformas realizadas al Poder Judicial.
El dictamen con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se aprobó en la Comisión de Justicia por los legisladores de Morena.
En una acción calificada como dilatoria por el grupo parlamentario de Morena, el asunto fue remitido a votación al pleno hasta el jueves 22 de abril, donde hasta altas horas de la noche se esperaba su aprobación.
La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y la modificación de 65 ordenamientos legales relacionados, se llevaron prácticamente toda la sesión de la fecha.
La reforma judicial, tiene como finalidad consolidar un entramado normativo para combatir el nepotismo, la corrupción y la discrecionalidad en juzgados y tribunales mexicanos. También se menciona entre sus objetivos la creación de un sistema que pueda atender las demandas de justicia de la sociedad y estipular las predisposiciones mediante las cuales se garantizará el servicio de asesoría pública federal y actualizará las facultades de los Tribunales Colegiados de Apelación.
Pese a que el Artículo Decimotercero Transitorio prevé la extensión de mandato del ministro presidente en funciones en la SCJN hasta 2024, el documento asegura que la reforma en la materia garantizará la independencia, imparcialidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos.
La diputada Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad, comentó a título personal que dicho transitorio es plenamente anticonstitucional, al violar la independencia judicial y transgredir la prohibición para expedir leyes privativas.
En el mismo sentido se pronunció la diputada panista Mariana Dunyaska García Rojas, quien refirió que tal dictamen viola el Artículo 97 de la Constitución, que establece que el periodo máximo del presidente de la SCJN será de cuatro años, y no de seis.
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, coincidió en que la aprobación “compromete la independencia de poderes y supedita al Poder Judicial a los mandatos del Ejecutivo”. En tanto que, para Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, no hay ningún jurista en el país que esté a favor de la reforma, al ir en contra de la Constitución y de la razón.
Pese a lo anterior, el fraude a la Constitución podría consumarse por la mayoría morenista, cuyos legisladores se mostraron complacidos por el hecho, que presuntamente garantizará, como lo afirma el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la transformación del Poder Judicial, al empatar el periodo del ministro presidente con la duración del sexenio del Ejecutivo.
LOS ANTECEDENTES
Desde que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue electo presidente de la SCJN, el 2 de enero de 2019, Andrés Manuel López Obrador se congratuló y expresó su satisfacción por el proceso democrático realizado entre los ministros. El mandatario llenó de elogios al elegido, al proferir: “Según la información del dominio público, es un abogado honesto, recto”. Además, le manifestó su compromiso de ser respetuoso de la independencia y la autonomía del Poder Judicial.
Para el 4 de abril de ese año, López Obrador y Zaldívar se reunieron en Palacio Nacional para plantear la reforma judicial, coincidiendo en la necesidad de combatir la corrupción en el máximo órgano de justicia del país e investigar las denuncias que se presenten en contra de jueces, magistrados y ministros. Cuatro días después, la reunión del ministro presidente fue con la fracción del partido Morena en el Senado de la República, para analizar los términos de la reforma.
Los ejes centrales de la reestructuración jurídica del Poder Judicial de la Federación para combatir la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual, impulsar la paridad de género y que los jueces sean más capacitados y sensibles, fueron firmados por López Obrador y Zaldívar el 12 de febrero de 2020. El jurisconsulto señaló que “se requiere un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado, de tal suerte que la reforma que se presenta, es una reforma funcional, de gran calado, profunda”. La iniciativa fue presentada al Senado en esa fecha.
El 15 de abril de 2021, cuando en un auténtico albazo, ya votada y aprobada la reforma en lo general por Morena y sus aliados, el senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una reserva a manera de Artículo Transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para ampliar el periodo de la presidencia de la SCJN hasta 2024, en contravención al Artículo 97 constitucional.
A pesar de los votos de la oposición, la reserva pasó para quedar de la siguiente forma: “La persona que a su entrada en vigor (de la nueva Ley Orgánica), ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, quedará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, en lo que algunos senadores calificaron un “golpe de Estado” al Poder Judicial. También se modificó por dos años más, el periodo para los integrantes del Consejo de la Judicatura.
Al día siguiente, en la conferencia mañanera, el Presidente López Obrador aplaudió la reforma, incluida la ampliación del cargo de Arturo Zaldívar al frente de la Corte:
“Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios; hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros. Y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Sobre la ampliación del periodo de dos años, eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a haber la reforma, estoy de acuerdo”.
Tras las críticas de los opositores, el lunes 21 de abril, López Obrador fue muy claro al decir que solo con Zaldívar se logrará la pretendida transformación: “Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen. No olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual. Han hecho los conservadores un escándalo, una bulla con este asunto porque saben de lo que se trata. Se trata de que los jueces sigan estando al servicio de las mafias del poder económico y del poder político”.
DISCURSO DE AUTONOMÍA
Al rendir protesta como presidente de la Corte, el 2 de enero de 2019, Arturo Zaldívar hizo un llamado a sus compañeros a la unidad y aseguró a jueces, magistrados y ministros: “Defenderemos su autonomía y su independencia, defenderemos la independencia judicial de todos y cada uno de los jueces federales, porque defender la independencia judicial es defender los derechos humanos de todos”.
Zaldívar siempre reconoció los problemas al interior del Poder Judicial, con los que se adornaba y prometió combatir: el nepotismo, corrupción, acoso sexual, corporativismo judicial, impunidad, un servicio de carrera judicial ineficaz, inconsistencias financieras en patrimonio de jueces y magistrados, falta de acceso de los pobres a una defensa adecuada e inefectivo acceso de la sociedad a la justicia.
El 11 de julio de ese año, Zaldívar aseguró que, con los asuntos resueltos durante el primer periodo de sesiones de la SCJN en 2019, el alto tribunal “reafirma su papel en la defensa y protección de los derechos humanos, en la preservación de los equilibrios institucionales y contribuye a la vigencia efectiva de la Constitución, haciendo realidad sus postulados con hechos que no son otros que nuestras sentencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma su independencia y autonomía, en este tribunal pleno, nuestro único compromiso es, ha sido con la Constitución y con el pueblo de México”.
Este discurso habría de acompañar al ministro presidente en cada ocasión que tuvo oportunidad de expresarse, haciendo eco de los reclamos de AMLO, al reconocer vicios y prácticas enquistadas en el poder que representa, lo que ha motivado una relación de desconfianza de los ciudadanos hacia los jueces, como lo dijo al rendir su primer informe al frente de la SCJN, enarbolando la bandera de la transformación del Poder Judicial a través de un diálogo institucional con los otros poderes.
ASUNTOS ESPINOSOS
La relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial pareció no iniciar bien. Los diputados aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que estableció que ningún funcionario podría percibir más sueldo que el Presidente de la República. A la fecha, muchos son los que ganan más que López Obrador, entre ellos los ministros de la SCJN.
Luego vendrían las suspensiones provisionales en más de 140 juicios de amparo promovidos por colectivos que frenaron el arranque de las obras del aeropuerto internacional en la base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Hubo descontento del mandatario federal. Sin embargo, hacia finales de 2019, en los recursos de revisión y quejas, ante Tribunales Colegiados, se lograron revertir las medidas cautelares que cuestionaban trámites administrativos pendientes.
Arturo Zaldívar fue cuestionado respecto a si existían presiones por parte del Poder Ejecutivo para resolver sobre la construcción de la terminal aérea. La respuesta fue en sentido negativo, argumentando que López Obrador “ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial”. En cambio, reveló que el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa sí ejercía presión a los ministros para resolver algunos asuntos en determinado sentido durante el sexenio 2006-2012.
En mayo de 2020, el pleno de la SCJN, por unanimidad de votos, aprobó el proyecto que echó abajo por inconstitucionalidad la Ley Bonilla, con la que se pretendía que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, emanado del partido Morena, ampliara su periodo de gobierno de dos a cinco años.
En aquella ocasión, Zaldívar opinó: “La respuesta es a todas luces negativa, con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la Legislatura local fraguó en realidad un fraude a la Constitución”.
La relación con el Ejecutivo mejoró para Zaldívar después que el 1 de octubre de 2020, la Corte aprobó la Consulta Popular que permite juzgar a los ex presidentes, aun modificando la pregunta original de dicha consulta. Aunque en marzo de 2021 hubo nuevas desavenencias por el otorgamiento de suspensiones provisionales a empresas para frenar los efectos de la reforma eléctrica aprobada por Morena en el Congreso de la Unión.
Recientemente, jueces concedieron una serie de suspensiones provisionales en juicios de amparo promovidos por compañías de comunicación y ciudadanos en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos, aprobado también por legisladores de Morena en un ambicioso programa del Gobierno Federal para contar con toda la información y datos personales de los mexicanos.
