Justicia estancada por retraso en el Poder Judicial

Foto: Alejandro Gutiérrez
Ezenario lunes, 19 abril, 2021 12:00 PM

Hay miles de tijuanenses que necesitan que avancen sus procedimientos legales, como un divorcio, una petición de manutención para los hijos, o que se acredite que se necesitan otorgar una atención médica urgente; sin embargo, los juzgados encargados de ello siguen lentos debido a la pandemia del COVID-19, y los abogados acusan que la culpa es el abandono por parte de las autoridades. Hacen largas filas los abogados para ser atendidos, y el Tribunal Digital sigue sin funcionar

Isidro Fernández Velázquez es un hombre que no se puede valer por sí solo debido a un accidente que tuvo; necesita que de manera legal se acredite su incapacidad para que reciba asistencia médica y prestaciones en dinero del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss); sin embargo, el retraso que hay en los Juzgados Civiles y Familiares de Tijuana no se lo ha permitido.

Debido a la pandemia del COVID-19 los Juzgados Civiles y Familiares de Tijuana cerraron desde el 18 de marzo del 2020, quedando sin atenderse miles de casos, y hasta el momento la impartición de justicia se encuentra estancada.

A raíz de ese motivo se han realizado varias manifestaciones a las afueras de los juzgados, ubicados sobre la Vía Rápida Poniente, en la colonia 20 de noviembre; la más reciente ocurrió el viernes 9 de abril, la cual fue organizada por la Red de Abogados de Tijuana.

La manifestación fue encabezada por la abogada Teresita de Jesús López Angulo, quien tiene décadas litigando en dichos juzgados. Explicó que la principal inconformidad de los abogados es la tardanza que hay para poder hacer su trabajo.

Los abogados llegan hacer de dos a tres horas de fila para poder presentar una promoción, se tardan meses para que les agende un acuerdo y no se ha implementado el Tribunal Digital para agilizar los procesos, algo que han solicitado desde hace meses.

La abogada consideró que el problema no fue la pandemia del COVID-19, sino que por décadas el Poder Judicial de Baja California nunca ampliaron los juzgados y por ello actualmente la impartición de justicia sigue varada.

“Y por qué surgió todo esto, ya el Poder Judicial, como lo dicen, son 20 años de atraso; tenemos años pidiendo la creación de más juzgados familiares porque humanamente no es posible que los jueces sigan con esa carga de trabajo, de más de tres mil expedientes -al año- por juzgado”.

“Cada juzgado ve desde dos mil 500 a tres mil casos anuales, los que ingresan nuevos más los que ya tienes, ponle otros dos mil del año anterior; son nueve juzgados civiles, son dos juzgados mercantiles y son tres juzgados familiares”, dijo Teresita de Jesús López Angulo.

Otra manifestación se presentó el pasado 22 de marzo, empleados del Sindicato de Burócratas de Tijuana tomaron los Juzgados Civiles y Familiares, manifestando que estaban violando sus derechos laborales, al obligarlos a quedarse a trabajar fuera de su horario.

José Agustín Calderón, secretario general del Sindicato de Burócratas de Tijuana, informó que los agremiados querían regresar a sus jornadas laborales antiguas, que eran de ocho de la mañana a las tres de la tarde.

Explicó que con la pandemia se llegó a un acuerdo verbal para que los trabajadores apoyaran en horarios quebrados, por la tarde; pero estos fueron aumentando sin el consentimiento de los empleados.

“Pero después se fueron haciendo dos y luego tres, y se fue haciendo más extensos los turnos; esos turnos les afectan sobre todo a las mamás trabajadoras que tienen hijos”.

“Y el tema era que ya ahorita, aunque todavía no se acaba la pandemia, el Poder Judicial empezó ya a tener más litigantes, más trabajo, más audiencias, más todo… dejando a un lado las cuestiones de salud”, dijo José Agustín Calderón.

Pero los reclamos se vienen registrando desde el pasado: el 4 de noviembre del 2020, con un ataúd, simulando que la justicia había muerto, abogados se manifestaron a las afueras de los Juzgados Civiles y Familiares.

Desde esa fecha los litigantes advirtieron que se debía atender de manera extraordinaria porque si no se iba complicar el aparato de justicia.

Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en una entrevista exclusiva con ZETA explicó que ante la llegada de la pandemia del COVID-19 se tuvieron que cerrar los Juzgados Civiles y Familiares, al igual que otros.

Pero con el paso del tiempo se ha aprendido como abrir espacios poco a poco, aunque reconoció que hace falta más juzgados, pero actualmente no hay recursos, por lo que han tenido que utilizar la creatividad.

La semana pasada se realizó una modificación al protocolo de salud para que empiecen a celebrarse las audiencias contenciosas, sin embargo, mencionó que es necesario que los trabajadores continúen haciendo una labor extraordinaria para acelerar el proceso.

“Tenemos que ponernos bien la camiseta y sabemos que es una situación temporal -pandemia COVID-19-, confiemos que ahora que estemos todos vacunados; quizá el próximo año ya podamos regresar a la normalidad, pero sí, definitivamente es la única manera que podemos hacer que los procedimientos se agilicen”.

“Porque definitivamente si nos ponemos a esperar a que se no otorguen los recursos para crear más salas, para crear más juzgados, se nos van a ir dos, tres, cinco, siete años, y vamos a seguir igual. Sabemos que no hemos estado al 100, pero estamos haciendo -con los recursos que tenemos- lo mejor que se puede, por eso apelamos a la creatividad”, dijo Fragozo López.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, aseguró que se toman en consideración todos los reclamos de los abogados y por eso se está haciendo un esfuerzo extraordinario, y se empezaron a actualizar los procedimientos digitales.

Finalizó reconociendo que en materia de los juzgados civiles, mercantiles y familiares hay un rezago de alrededor de 25 a 30 por ciento en procedimientos legales.

Al cierre de la edición, Isidro Fernández Velázquez, quien no puede pararse de su cama y desde diciembre del 2020 se solicitó la audiencia, continuaba sin ser evaluado por tres médicos siquiatras que fueron designados por la juez, ya que dos de ellos son vulnerables a ser contagiados de COVID-19.

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