Hasta el 23 de marzo, la administración de Jaime Bonilla Valdez pagó 315 millones 883 mil 721.79 pesos a la empresa Romafam, SA de CV (conocida como Fisamex), cantidad 1.7 veces mayor al presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura en 2021.
El gobierno estatal aún debía 180 mil 958 pesos a la firma de Manuel García Soto, quien dejó de aparecer en la transmisión matutina de Bonilla Valdez en Facebook tras ser baleado en diciembre pasado y que saliera a la luz un escandaloso video en el cual se le ve consumiendo una sustancia parecida a la cocaína.
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En total, la administración bajacaliforniana aprobó pagar a la empresa del sonorense 322 millones 265 mil 716 de pesos, que representan el 20% del monto “recuperado” (mil 611 millones 328 mil 582 pesos) de auditorías hechas a usuarios industriales y comerciales.
Como se recordará, la empresa sonorense llegó en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, a la que primero vendió ahorradores de agua y posteriormente estableció un contrato para hacer auditorías, que al final el gobierno panista no validó.
Durante la gestión de la Cuarta Transformación en Baja California, Fisamex ha dictaminado a 3 mil 428 empresas, determinándoles adeudos por 6 mil 40 millones 631 mil 055 pesos en total, mientras que se habían interpuesto más de 170 amparos contra dichos cobros, calificados como ilegales por diversos empresarios y abogados.
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El 26 de marzo, el gobernador expuso un supuesto adeudo por 3.8 millones de pesos de Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, luego que este declarara a medios locales que el sector que representa, no estaba cobijado, “como los ataques del Gobierno del Estado al sector empresarial, pero es lo mismo, así como dicen que no son iguales de corruptos y ratas, tampoco nosotros en el sector empresarial”.
En la transmisión matutina del viernes 26 de marzo, Bonilla Valdez resaltó el supuesto adeudo del presidente del CCE, quien es “el que pone la pauta, el líder moral de ese organismo, entonces, terminaste con mucho huevo en la cara, estimado señor Rubio; primero paga y luego opinas”.
Juan Pablo Guerrero Mercado, subdirector de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), explicó que el adeudo de Rubio Rangel y su familia es por cinco dictámenes: tres de agua no contabilizada y dos por derechos de conexión, para un total de 3 millones 823 mil 467 pesos.
Uno de los adeudos por agua no contabilizada es de Industrias La Mesa, y otro por derechos de conexión al detectarse una serie de irregularidades en los últimos 10 años.
En entrevista con NEGOCIOZ, Rubio Rangel aseguró haber presentado toda la documentación sobre la memoria de consumo de agua y de conexión que le fue requerida, y estar a la espera de una respuesta por parte de la CESPT.
“De aquí que lo revisen, a ver cuándo terminan. Obviamente están cargadísimos de trabajo por todas las auditorías que están llevando a cabo, pero (mi empresa) está funcionando y operando todo normal”, argumentó el titular del CCE Tijuana.
En caso de ser necesario, se amparará como lo han hecho otros empresarios, y aunque lamenta las declaraciones del mandatario estatal, “eso no impedirá” que se siga trabajando para apoyar al sector empresarial y “crear esquemas inteligentes con el gobierno estatal y municipal”.
En ese sentido, Rubio Rangel reconoció que en trabajo conjunto se han sacado algunos temas con la administración estatal, como la reactivación de empresas ante la pandemia de coronavirus.
Consideró que las expresiones de Bonilla son similares a las que se escuchan a nivel nacional contra el empresariado desde que inició la 4T; sin embargo, “ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro, estamos para chambear y crear oportunidades, generar desarrollo económico; hay que tener la piel gruesa cuando salen ese tipo de declaraciones y no dejar que te afecten, para que no te impidan en el desempeño que tiene que desarrollar uno”.
No es la primera vez que el gobernador de Baja California reacciona descalificando a empresarios aun cuando no pueda atribuirles adeudos.
A principios de marzo, acusó a la Confederación Patronal de la República Mexicana de defender solo sus intereses sin importarle la comunidad, calificando a Roberto Rosas Jiménez, presidente de ese organismo en Tijuana, de “pseudo líder”, “tipejo” y de proteger “una doctrina de hipócritas y gandallas”, luego que criticara los excesivos e indebidos cobros que la CESPT hizo tanto a usuarios domésticos como empresarios, y de las largas filas de usuarios afuera de la paraestatal, quienes buscan aclarar esos altos cobros de agua.
