Hace unos días “El Papaya”, conocido como Roberto Gallego Gil, por ser empresario y haber sido diputado por el Partido Verde Ecologista de México, tuvo una buena puntada.
A propósito de la pretendida expropiación del Club Campestre de Tijuana por parte del secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano y su jefe, Jaime Bonilla Valdez, sugirió que para recuperar algo de tierra y dedicarla al esparcimiento de la sociedad, se expropiara el rancho que en Rosarito tiene Amador.
Todo prendió en redes sociales cuando el propio Rodríguez publicó en su cuenta de Facebook cinco fotografías de una potranca y redactó: “Nacio (así, sin acento) una bella potranca española hija de Destinada y Malibu (también sin acento) IV. Bellisima (otra vez sin acento). Sera (sin acento) muy alta. Saludos a todos!! #potraespañola Baja Malibu (sí, sin acento), Tijuana, B.C. Mexico (¡Sin acento!)”.
Obviando la pésima ortografía del secretario general de Gobierno, que gusta se refieran a él como “Doctor”, por uno entregado honoris causa, lo mejor de la publicación fue el primer comentario, precisamente de “El Papaya”, y se lee:
“Estimado amigo, nos deberías de permitir visitar tu rancho, conocerlo, creo que el pueblo lo debe disfrutar también.
“Creo que la mayoría de la gente debe de disfrutar de tan bonitos y majestuosos animales que tienes.
“Tantas hectáreas no pueden estar en manos de un solo hombre tan acaudalado como tú”.
Por supuesto, “El Papaya” recibió muchísimos comentarios de solidaridad y apoyo a su moción para expropiar el rancho del secretario general de Gobierno, y hacerlo de utilidad pública con todo y caballitos, para disfrute y goce de la sociedad. Y pues ya entrado en gastos, también propuso expropiar la casa de Rodríguez Lozano en una comunidad privada en Playas de Tijuana, que dice, incluso cuenta con una alberca que seguramente disfrutarían mucho los tijuanenses.
Apoyado por sus seguidores y otros espontáneos en Facebook, el ex diputado hizo pública la dirección, con todo y coordenadas, de la residencia del secretario en la sección Terrazas de Mendoza. Es obvio pensar que esas publicaciones no fueron del agrado de Rodríguez Lozano, quien esta semana denunció a Roberto Gallego Gil por amenazas, pues lo acusa de proponer expropiar su casa y además publicar su ubicación, en el número 151 de la calle Privada Isla.
Entre aquellos muchos que comentaron las publicaciones de “El Papaya”, algunos se preguntan de dónde obtuvo Amador Rodríguez Lozano el recurso para hacerse de una residencia en una zona privada, con alberca, y además comprar un rancho en Baja Malibú, donde cría caballos pura sangre, españoles y portugueses -como lo presume él mismo en su red social-, que tienen un valor inicial de 500 mil pesos.
Toda su vida laboral, Rodríguez la ha realizado en el servicio público. Como diputado, como senador, como procurador en Chiapas, y ahora secretario de Gobierno en Baja California. Ni sumando todos sus sueldos, le alcanza para pagar lo que presume que tiene, destaca Gallego Gil. Y ciertamente, nos dijo el candidato a gobernador, Alcibíades García Lizardi: “Nadie se hace rico en el gobierno”.
Por supuesto la declaración patrimonial de Rodríguez Lozano no es pública, si acaso la presentó cuando asumió el cargo que actualmente ostenta, y no se le ha conocido por la transparencia de una 3de3, aunque sería importante -en honor a la honestidad que pregona la Cuarta Transformación que encabeza su jefe Bonilla en Baja California- conocer el origen lícito de la fortuna del secretario general y el de sus propiedades.
Amador Rodríguez Lozano fue señalado por un testigo de haber sido partícipe de los moches que embarraron de corrupción el incipiente gobierno de Jaime Bonilla Valdez en noviembre de 2019, al mes de haber tomado posesión. El testigo refirió que los dineros que pidieron a empresarios a cambio de la promesa de entregarles contratos del gobierno, se repartían entre tres funcionarios de primera línea de la administración bonillista: la entonces secretaria de Bienestar, Cynthia Giselle García; el entonces oficial mayor, Jesús Núñez; y Rodríguez Lozano.
Pese a que una de las frases favoritas de Bonilla es que en su gobierno “no hay vacas sagradas”, y de haberle solicitado -por el escándalo de los moches– la renuncia a la secretaria de bienestar y al oficial mayor, Amador sí se convirtió en vaca sagrada, pues ni renunció, ni fue investigado. La Fiscalía General del Estado tiene el caso en la congeladora.
Roberto Gallego, un defensor de la propiedad privada y del Club Campestre de Tijuana, siguió informando sobre el pasado y las propiedades de Rodríguez. Recordó, por ejemplo, aquella ocasión cuando siendo ministro de Justicia de Chiapas, presumió el aseguramiento de cocaína, que después convirtió en talco; a la vez que lo señaló de alterar las partidas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio para facilitar la expropiación del club social y deportivo.
Pero vaya, lo que más molestó al secretario general y que fue motivo de su denuncia contra “El Papaya”, fue sugerir que tanto su casa como su rancho, deberían expropiarse, tal cual él intenta hacerlo con el Club Campestre. Ahí sí ya le caló al funcionario, pues se trata de su propiedad privada que, bajo sus mismos alegatos en contra del Campestre, es tan grande que debería ser para todos. Vaya ironía.
