Congreso autoriza a gobernador hasta 3 mil millones de pesos para hacer obra y pagar 870 millones que dejó “Kiko” Vega. Durante la actual administración se refinanció la deuda, se crearon e incrementaron impuestos y se “justificaron” cobros de servicios como el agua en razón de sanear las finanzas. Manejo de la deuda ha sido “desastroso”, advierte economista
A seis meses de que concluya la administración de Jaime Bonilla Valdez, legisladores de Morena, así como de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) y sin partido, aprobaron el Dictamen 175 de la Comisión de Hacienda, con el que se faculta al gobierno estatal contratar uno o varios créditos por hasta 3 mil millones de pesos a un plazo de 20 años.
El Dictamen 175 contempla que el o los créditos tendrán una tasa variable (TIIE + 0.90%), con lo que el Estado terminaría pagando 4 mil 975.35 millones de pesos al término del plazo. Para sufragar la nueva deuda, el gobierno de Bonilla Valdez afectará “irrevocablemente” hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federales (FAFEF) por las próximas dos décadas. Merma que padecerán los gobiernos subsecuentes.
Según lo expuesto por la autoridad, con la nueva deuda se pagarán 870 millones de pesos que al 19 de febrero de 2021 sumaban las cuentas por pagar dejadas por el gobierno anterior. El resto del recurso será para financiar obras de infraestructura, aunque no hay un listado de cuáles se ejecutarán.
Enrique Manuel Rovirosa Miramontes, académico de la Universidad del Valle de México (UVM), alertó que con este aval del Congreso, la deuda directa (sin contar empréstitos de municipios) incrementará en 42% al término de la gestión de Bonilla Valdez.
“¿Dónde se ha visto que una administración aumente de esa manera desproporcionada la deuda pública en un periodo de dos años?”, inquirió el economista, además de considerar, “eso está fuera de toda lógica y debería ser motivo de protesta de todos, de un serio cuestionamiento que para nada menciona la Auditoría Superior del Estado” en la Opinión Técnica proporcionada al Congreso antes de que los legisladores avalaran el nuevo endeudamiento, el miércoles 21 de abril.
Para el especialista, el manejo de la deuda en la actual administración ha sido “desastroso”, ya que el gobierno refinanció la deuda de largo plazo y se crearon e incrementaron nuevos impuestos para supuestamente sanear las finanzas y proporcionar infraestructura a la ciudadanía. Incluso, dijo, se hicieron cobros indebidos por el servicio de agua que fueron justificados para hacer obra pública, los cuales son un problema latente, ya que a la postre el gobierno deberá que devolverlo.
En entrevista con ZETA, el catedrático explicó que los estados financieros que obran en el propio gobierno indican que al 31 de octubre de 2019 la deuda directa del gobierno estatal (sin considerar a municipios ni a paraestatales) ascendía a poco más de 10 mil 200 millones de pesos. Para el 30 de noviembre de 2020, la cifra se elevó a 11 mil 525 millones de pesos. Es decir, un incremento de mil 300 millones de pesos.
Con la reciente autorización del Congreso, la deuda atribuible a la administración de Jaime Bonilla Valdez sumará 4.3 mil millones de pesos en dos años, lo que significa un aumento del 42%.
“Van a decir que es producto de la pandemia de COVID-19, pero no hicieron nada extraordinario durante la crisis sanitaria que justifique tal incremento. Si hubieran apoyado a las empresas o a los municipios, si hubieran hecho algo extraordinario que ameritara este gasto extraordinario, pero no hubo nada. Al contrario, esta administración se ha caracterizado por la poca acción en fomento a la inversión y a la generación de empleo, manifestó.
“Ellos se ponen la medalla de que ha habido generación de empleo en el Estado, que estamos en primer lugar, pero el gobierno no genera empleos, son las empresas. Los gobiernos no generan nada más que problemas y cada vez tenemos más en términos de gasto corriente y de las necesidades que hay que atender”, agregó el académico de la UVM.
Por otro lado, resaltó la opacidad del gobierno de Bonilla Valdez, toda vez que desde hace cuatro meses no publica el reporte de deuda al que está obligado, pese a que la tecnología actual permite tener los estados financieros “prácticamente al día”.
DEUDA DE CORTO PLAZO “AHOGA” A GOBIERNO DE BC
En diciembre de 2019, el Congreso de Baja California aprobó al gobierno de Bonilla Valdez reestructurar la deuda de largo plazo por 12 mil 594 millones 900 mil 240 pesos, bajo el argumento de que se sanearían las finanzas al tener mayor flujo de recursos a corto plazo, pues se liberarían 970 millones de pesos durante el primer año de refinanciamiento.
El mismo mes, la mayoría de Morena le aprobó a Bonilla duplicar la sobretasa del Impuesto sobre Nómina (al 3%), aumentar el impuesto a hoteles y moteles, además de avalarle la creación de un impuesto a combustibles, así como a plataformas digitales, entre otros, para -justificaron- resarcir el quebranto financiero dejado por el ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid.
Sin embargo, el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que después del refinanciamiento, el gobierno de Bonilla Valdez contrató 13 créditos de corto plazo por 3 mil 730 millones de pesos, del 6 de agosto de 2020 al 9 de marzo de 2021.
En opinión de Rovirosa Miramontes, esto es reflejo de que el gobierno actual no hizo la tarea de reducir o ajustar el gasto corriente para evitar caer en un endeudamiento permanente. Por el contrario, el gobierno de Bonilla impulsó la municipalización de San Quintín, aun sabiendo que no hay recursos para ello.
“San Quintín requerirá 120 millones de pesos al año solo para tener una estructura burocrática. De municipalizarse, necesitará 80 millones de pesos, entonces estás hablando que se destinarán 200 millones de pesos anuales para nóminas y gastos corrientes de esos nuevos municipios, más otros 300 millones para dotarlos de infraestructura”, planteó el entrevistado.
Recursos que saldrán de una “bolsa que implica quitarle a Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada para financiar esa estructura burocrática”. En suma, la administración de la 4T está “pateando el bote” en materia de deuda pública, como lo hicieron los gobiernos anteriores del PAN y PRI y sigue haciendo de la administración pública “un botín” en el que mete a gente sin experiencia y sin tener el perfil necesario para un cargo.
“No se han puesto a hacer un planteamiento serio, de largo plazo, para reducir el gasto corriente, y por ende, vemos que cada vez se necesita recurrir a más deuda pública para poder hacer frente a ese gasto excesivo que se tiene, que es básicamente nómina y gasto asociado a esta”, y por lo mismo no se observa inversión en infraestructura.
Según el reporte de la Secretaría de Hacienda federal, los montos más grandes de los créditos a corto plazo corresponden a los contratados por el gobierno estatal en noviembre y diciembre de 2020.
Eliseo Díaz, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), comentó que todos los créditos a corto plazo fueron adquiridos para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal” y tienen diferentes tasas de interés.
Destaca el crédito suscrito el 26 de febrero de 2021 con Banco Azteca por 430 millones de pesos, con una tasa efectiva de 19.5%. La segunda mayor tasa efectiva (17.41%) corresponde al crédito contratado el 9 de marzo de 2021 con Financiera Local, SA de CV por 180 millones de pesos. En tercer lugar, se encuentra el crédito con Accendo Banco, SA de CV por 170 millones de pesos, con una tasa efectiva del 13.89%. Del total de empréstitos, la mayoría (nueve) tienen como fecha de vencimiento el 30 de julio del año en curso.
Ante esta situación, la agencia calificadora HR Ratings mantuvo la calificación crediticia de Baja California en BBB+, con perspectiva negativa, toda vez que Bonilla Valdez tendrá que liquidar la deuda de corto plazo por 3 mil 700 millones de pesos tres meses antes de que concluya su gestión, lo cual continuará presionando la liquidez del Estado.
Ricardo Gallegos, director ejecutivo de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings, dijo a Milenio que el reto para la próxima administración radica en hacer eficiente el ingreso y el gasto para reducir “el descalce que existe en las finanzas del Estado, y que ya es muy evidente”. El descalce ocurre cuando las fechas de pago de créditos llegan antes que las fechas de ingresos de recursos.
Además, previó que entre 2022 y 2025 el gobierno de Baja California deberá cubrir el pago de pensiones de por lo menos 5 mil 617 jubilados, que representarán aportaciones extraordinarias de mil 317 millones de pesos al año.
“IRRESPONSABLE” ACTUAR DE LEGISLADORES
En la sesión del 21 de abril, en la que la mayoría de Morena, PT, PVEM y sin partido autorizó al Ejecutivo contratar uno o varios créditos por hasta 3 mil millones de pesos, legisladores de oposición acusaron que tal endeudamiento no se justifica, al no presentar en específico a qué obras de infraestructura se destinarán dichos empréstitos. Solo se hizo mención de rubros generales (infraestructura hídrica, de movilidad urbana como Anillos Periféricos, pavimentación de vialidades, construcción de espacios culturales y deportivos, mejoramiento de espacios administrativos, entre otros).
“No hay ningún proyecto de inversión aquí, no hay ni siquiera un anteproyecto, no sé si se va a construir un puente, una carretera, dónde se va a construir”, aseveró el priista Javier Robles, quien calificó de “irresponsable” el actuar de la mayoría de Morena y partidos afines.
La oposición advirtió que tampoco existe claridad sobre el manejo de los recursos destinados a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Territorial para obras en 2021(826 millones 961 mil 812 pesos en el Presupuesto de Egresos), y se desconocen a detalle los pasivos de la administración de Bonilla.
Al respecto, Julio César Vásquez, diputado por el PT (quien además busca reelegirse), aseguró a ZETA que la nueva deuda permitirá “suficiente liquidez para llevar a cabo algunas obras de suma importancia para Baja California”, aunque no precisó cuáles.
Cuestionado sobre los créditos de corto plazo, dijo “no traer ese dato”, pero que tanto el gobierno Federal como el del Estado vigilarán la ejecución de las obras.
Enrique Manuel Rovirosa Miramontes, de la UVM, criticó que si “realmente” se tiene la cartera de créditos, se haya presentado seis meses antes de que concluya la gestión y no en diciembre del año pasado, cuando se aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2021.
Consideró “absurdo” que se detalle qué obras se harán hasta que el gobierno haga la solicitud del o los créditos. “Así un país, un Estado, no puede progresar, eso es trabajar bajo ocurrencias”, más aún cuando esta administración “adolece” de capacidad para dar seguimiento a los proyectos.
Desde su perspectiva, la autorización del Congreso “es un cheque en blanco” para el gobierno de Bonilla Valdez, “la ignorancia absoluta nos está dirigiendo en este momento el Estado, y claro lo manifiestan muy claramente los legisladores que simplemente levantan el dedo y dicen ‘Aprobado’”, concluyó.
CON LA 4T, DEUDA DE BC LLEGA A 21 MIL MDP
Para Eliseo Díaz, investigador de El Colef, el nivel actual de la deuda de BC -que contempla los empréstitos del gobierno estatal, paraestatales y municipios- supera los 21 mil millones de pesos.
Refirió reportes del Congreso de la Unión que indican que, al cuarto trimestre de 2020, las obligaciones financieras alcanzaron los 20 mil 981.8 millones de pesos. Cantidad a la que se suman los mil 480 millones de pesos por los créditos de corto plazo contratados de enero a marzo de 2021 y asentados en el registro de Hacienda federal.
Hasta diciembre de 2020, el endeudamiento por persona (deuda per cápita) ascendía a 5 mil 617.4 pesos, considerando una población de 3 millones 735 mil 163 habitantes. Cifra superior a la de un año antes, cuando había 3 millones 688 mil 133 habitantes con una deuda por persona de 5 mil 497 pesos, refirió el investigador.
En el reporte del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, se observa que la deuda del gobierno estatal ha ido incrementando respecto a la de los municipios. En el cuarto trimestre de 2020, 78.6% del total de financiamiento correspondía al Gobierno del Estado y sus paraestatales. Un año antes, la cifra era de 77.4%.
Para concluir, Díaz advirtió que de concretarse el financiamiento por 3 mil millones de pesos autorizado por el Congreso, la deuda en BC podría llegar a los 25 mil millones de pesos.
ZETA solicitó una entrevista con el secretario estatal de Hacienda, Adalberto González Higuera, para conocer el monto de la deuda de Baja California al 15 de abril, en qué se utilizó el dinero de los créditos de corto plazo y para obtener información sobre los proyectos productivos a los que se destinará la nueva deuda autorizada por el Congreso.
Si bien no se otorgó entrevista, el Departamento de Comunicación Social entregaría a petición de este Semanario una ficha con información, sin embargo, al jueves 22 de abril no fue proporcionada.
