El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez dio el primer paso para iniciar el proceso de expropiación del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, con la publicación de la Declaratoria de Utilidad Pública en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 13 de abril.
De acuerdo con el documento firmado por el titular del ejecutivo Estatal y por el secretario de gobierno Amador Rodríguez Lozano, se exponen las razones por las que el gobierno promoverá la expropiación de este bien inmueble para la creación de un espacio al cual llamaron Complejo Interactivo Campestre.
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De acuerdo con abogados consultados por este semanario explican que dicha publicación es el primer paso contundente de la administración de Jaime Bonilla para la expropiación del Club Campestre de Tijuana en el cual justifican la utilidad pública y las razones para poder realizar dicha acción.
Sin embargo esta acción se puede impugnar aún ante el Tribunal de lo Contencioso por parte de los socios y el mismo Club Social, los cuales podrán presentar una serie de amparos como parte de su defensa sumados a los que ya se habían presentado previos a esta publicación.
VER: Periódico Oficial del Estado de Baja California
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Cabe destacar que esta publicación no representa la acción jurídica sobre el inmueble ya que esto podría llevarse más tiempo en el proceso legal, cuestión de un par de meses en lo que se resuelven las impugnaciones y se avala la expropiación.
Expropiar el Club Campestre de Tijuana, es una acción para la que se requieren dos elementos por parte del gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez: tiempo y dinero.
Aun cuando su gestión estatal está a punto de concluir (el 6 de junio próximo se elige a su sucesor) Bonilla insiste en llevar a cabo el plan desproporción y heredar un litigio más a la siguiente administración.
El proceso legal podría tomar más de un año, entre amparos y diversas diligencias legales en las que tendrán que intervenir más dependencias de gobierno, de acuerdo con el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco.
Respecto al recurso, la Ley de Expropiación para el Estado de Baja California establece que se debe pagar una indemnización equivalente al valor comercial fijado por las autoridades y no podrá ser inferior a su valor fiscal.
Lo que resulta en aproximadamente 970 millones de pesos que deberá pagar el gobierno de Bonilla Valdez a los actuales dueños del club, lo equivalente al 52% del presupuesto de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para 2021, como ejemplo comparativo.
Fue el 25 de enero de 2021 cuando Bonilla declaró que giró la instrucción al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para que analice las formas de “recuperar los pulmones de Tijuana”.
Posteriormente, el 26 de enero, Amador Rodríguez Lozano apareció en un video difundido en medios electrónicos, asegurando que “la expropiación del Club Campestre de Tijuana será perfectamente legal y sí va a proceder”.
Argumentó que la necesidad de dicho espacio es para sanar.
El siguiente paso, fue la publicación este 13 de abril de 2021, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, donde declaran la utilidad pública de las instalaciones del Club Campestre.
