Pocas administraciones han tenido a un gobernador tan desacreditado como el que se tiene actualmente, Jaime Bonilla Valdez, a menos de dos años de gobierno y con meses para finalizar el mismo. Su frenética caída en torno a su popularidad ha provocado que incluso se le falte al respeto, como abiertamente lo ha hecho el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, quien sin preocupación lo acusa de “loco”.
Bonilla ha dedicado su administración a jugar, a generar conflictos políticos innecesarios y hasta cometer violencia política en razón de género, lo que indirectamente ha convertido al jefe del Poder Ejecutivo estatal en el principal operador del ex inquilino de “El Hongo”, pues sin tener una sola propuesta e incluso hacer campaña la mayor parte de su día sentado encima de dos sillas, le permite opinar y evidenciar el desastre gubernamental del primer mandatario morenista de Baja California. Sus asesores no requieren pensar mucho para armar los discursos.
Los últimos dos actos autoritarios de Bonilla, como la expropiación del Club Campestre en Tijuana y la irrupción en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se unen a la larga lista de arbitrariedades cometidas por el jefe del Ejecutivo estatal a lo largo de año y medio de mandato, lo que deja en evidencia el tipo de legado que pretende dejar en la historia de la entidad, pero también son actos que ocasionan consecuencias políticas para la candidata morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, principal opción para evitar un posible proceso judicial en su contra, ya sea por abuso de autoridad e incluso por corrupción.
Quien pensaba que silenciar a Bonilla en sus mañaneras sería suficiente para dejar de perder adeptos, subestimó el poder autodestructivo del mandatario estatal.
IMPOSICIONES Y CONSECUENCIAS
La única dependencia o institución en la que no deberían hacerse efectivas las “monedas de cambio” o “cuotas políticas”, es en las áreas de seguridad, pero durante esta administración, tanto estatal como municipal, ha sido más que claro que los negocios, acuerdos y distribución de espacios ha sido una constante, dejando como consecuencia una severa crisis de seguridad en todos los municipios.
Mexicali es quizá la localidad donde menor intervención tuvieron los directores de la Policía Municipal para definir su cuadro de mando, pues tanto María Elena Andrade Ramírez como Alejandro Lora Torres, han tenido que sobrellevar las “recomendaciones” en las diversas zonas del municipio.
Y es que para combatir un problema de seguridad tan grave como el que se tiene, principalmente en el Valle de Mexicali, se necesita de gran presencia y coordinación, sobre todo un grupo que no responda a otros intereses.
Desde el arribo de la presidenta municipal Marina del Pilar Ávila Olmeda, la cuota en el cuadro de mando fue abaratada, pues hubo personajes como el ex alcalde Francisco Pérez Tejada, el diputado Juan Meléndrez y amigos personales de la alcaldesa, quienes definieron posiciones dentro de las jefaturas, lo que arrinconó a los jefes policíacos, a los que se dificulta emitir órdenes, pues la tropa termina sirviendo a otros “amos”.
El último movimiento fue el impuesto por la actual alcaldesa, Lupita Mora, quien ordenó a Alejandro Lora Torres nombrar como subdirector a Juan de Dios Angulo, un personaje que como comandante en la zona valle tuvo varios tropiezos, como señalamientos de involucramiento con agrupaciones delictivas y hasta un dudoso robo de armas de fuego dentro de una subcomandancia en el Valle de Mexicali durante la administración de Francisco Pérez Tejada, entre otras cuestiones.
Sin embargo, este no es un caso aislado, pues durante el marinismo, el diputado Juan Meléndrez y la delegada de Los Algodones gestionaron en su momento las subcomandancias para el agente Florentino Méndez y José Antonio Luciano, respectivamente; además de Gustavo Quintana Crespo como jefe de grupo en la misma zona rural.
La regidora Luz Pérez Rosas también tuvo oportunidad de imponer cuotas como la subdirectora Alma Blanco; la agente María Ibáñez Payán, comandante de la zona noroeste; la subdirectora de Prevención del Delito Amelia Ahumada y la jefa de turno de Fuerza Rosa.
También se generó la intervención de Francisco Pérez Tejada, uno de los principales asesores de Ávila Olmeda, para imponer a su ex escolta y amigo Vicente Robles como comandante de Tránsito Municipal, cargo en el que ya lleva varios años.
Muchos de estos agentes se encuentran más enfocados en tener una intervención política y apoyar en campañas políticas, que en una verdadera atención de las crisis dentro de la corporación municipal.
Mientras los sectores no se tomen en serio la seguridad de los mexicalenses, los resultados en materia de incidencia delictiva serán los mismos, que, por un lado, presumen disminución de los delitos; y por otro, esconden que 2020 fue el año más violento de la historia en materia de homicidios, al superar la barrera de los 200 crímenes.
