La Auditoría Superior del Estado reportó 96 irregularidades: pagos sin aclarar, inconsistencias en saldos, gastos mayores que ingresos, contratos sin resultados ni evidencias en archivo, así como supuesto material aplicado en bacheo sin especificar dónde, o la calidad del mismo. Alcalde se compromete a interponer las demandas correspondientes
Sindicatura Municipal de Ensenada prepara las denuncias penales que resulten de las más de 96 irregularidades que la Auditoría Superior del Estado de Baja California ha detectado al XXII Ayuntamiento del ex alcalde Marco Novelo Osuna.
Armando Ayala Robles, actual presidente municipal, afirmó que las administraciones anteriores “hicieron todo mal”, al referirse a los resultados negativos de las cuentas públicas de los ejercicios 2017 y 2018.
Recientemente la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado sometió a escrutinio los dictámenes 187 y 188, donde se señalan las irregularidades, desde inconsistencias en el inventario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), omisión en pagos de cuotas al Issstecali, gastos por comprobar y contrataciones para beneficiar a ciertas empresas.
Aunque no reveló detalles, Ayala Robles adelantó que su Jurídico está en proceso de presentar una denuncia penal en contra de 22 fraccionamientos considerados por él como “monumentos a la corrupción”, así como contra funcionarios que entregaron las autorizaciones.
El lunes 29 de marzo, el funcionario se limitó a informar que entregará personalmente la demanda ante la Fiscalía General de Estado (FGE) para que lleve a cabo la investigación.
Mientras que, en las cuentas públicas, la mayoría de las observaciones hechas por la Auditoría involucran a la ex oficial mayor, Mónica Vargas Núñez, quien fue contratada por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Ensenada y recientemente solicitó permiso para participar en la campaña política de la candidata a la gubernatura por Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Tanto el ex alcalde Marco Novelo Osuna como la ex tesorera Guadalupe Méndez, se declaran dispuestos a responder cualquier llamado que les extienda la autoridad.
SUELDOS PAGADOS Y NO COMPROBARON
De las 96 observaciones, 41 corresponden al ejercicio 2017, las cuales fueron detalladas por ZETA en su edición del viernes 26 de marzo.
Respecto al Dictamen 188, correspondiente al 31 de diciembre de 2018, hay inconsistencias en los rubros de “Gastos a Comprobar, Otros Deudores y Préstamos a Funcionarios y Empleados” por 68 millones 381 mil 615 pesos.
Tesorería no comprobó el saldo de dos servidores públicos por 130 mil 294 pesos, con lo que incumplen con la Norma Administrativa Número 8, que establece un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de recepción del cheque para su comprobación. También hay un registro duplicado por comprobación de gastos por 30 mil 160 pesos.
Adicionalmente, existen 47 saldos de servidores públicos y ex servidores públicos no comprobados de ejercicios anteriores por un millón 623 mil 546 pesos y otros ex servidores públicos encargados de la realización del Carnaval correspondiente a los años 2012 y 2013, por un monto de un millón 105 mil 070 pesos.
GASTARON MÁS DE LO QUE COBRARON
El ingreso recaudado del ejercicio 2018 fue insuficiente para mantener el equilibrio presupuestal autorizado, toda vez que la entidad obtuvo mil 721 millones 538 mil 383 pesos contra mil 900 millones 606 pesos 569 de egresos devengados, dejando un déficit presupuestal 179 millones 068 mil 186.
La institución proporcionó una relación de bajas de personal del ejercicio 2018 de 124 empleados, de los cuales 39 ascienden a 8 millones 789 mil 283 pesos y no efectuó registro contable en las cuentas de gastos o cuentas por pagar.
En 2018, Oficialía Mayor hizo pagos por 47 millones 333 mil 102 pesos a un grupo de personas que trabajaban bajo la modalidad de Honorarios Asimilables. Sin embargo, en la revisión efectuada a un importe de 4 millones 066 mil 248 pesos correspondientes a supuestos 23 servidores públicos, en 2 millones 700 mil no encontraron soporte documental en la póliza de egresos; tampoco los contratos por un millón 295 mil 610 pesos.
Sobre los perfiles profesionales para ocupar el cargo, en 47 expedientes de personal contratados como Honorarios Asimilables a Salarios, no existe documentación referente a antecedentes educacionales, profesionales, constancia de no inhabilitación y autorización del contrato.
CONTRATACIONES SIMULADAS
La entidad efectuó erogaciones por 7 millones 192 mil 634 pesos, de los cuales 6 millones 952 mil 634 pesos corresponden al pago efectuado a un proveedor prestador de servicios con el cual celebró convenio de colaboración de fecha 25 de junio de 2018, para la realización del Programa de Prevención del Delito denominado “Violencia Escolar”, aplicable a 30 escuelas.
El proyecto se integró de tres etapas: Elaboración del Diagnóstico, Difusión de los Resultados e Intervención para Prevenir Violencia Escolar, observándose que no se proporcionó documentación que compruebe dos de estos.
Lo mismo con erogaciones por 240 mil pesos a favor de proveedor de servicio, consistente en consultoría administrativa de procesos para la elaboración de manuales de organización y procedimientos en diferentes dependencias del municipio, de los cuales no proporcionaron evidencia. No existen en el archivo.
DENUNCIAS HEREDADAS
Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad presenta saldos por pagar a favor de cinco empresas financieras por 60 millones 571 mil 298 pesos por descuentos nominales de empleados municipales que contrataron un financiamiento con las empresas; dicha cifra se integra de pasivos a favor de tres empresas del ejercicio 2018 por 10 millones 462 mil 239 pesos, y de cinco empresas de ejercicios anteriores a 2018 por 50 millones 109 mil 059 pesos.
Los pasivos corresponden a las retenciones vía nómina efectuadas con base a préstamos otorgados de las diversas empresas, de conformidad con los convenios celebrados, los cuales no han sido liquidados. Aunque debieron depositarlos en los tercer y quinto días siguientes a la fecha en el cual se realicen los respectivos descuentos.
Una de las empresas interpuso ante el Juzgado Décimo Primero de lo Civil, de fecha 29 de junio de 2016 en vía jurisdicción voluntaria (interpelación judicial, mediante expediente 0911/2016-C), la reclamación de las cantidades descontadas.
Otra empresa también interpuso ante el Juzgado Primero de lo Civil, juicio ordinario de incidentes de ejecución de convenios, ambos con fecha 24 de enero de 2017 (expedientes 0252/2016-A y 0252/2016-A), la reclamación de las cantidades descontadas.
BACHES DE “INEFICIENCIA”
Uno de los periodos más complicados en materia de bacheo, fue el de los gobiernos de Gilberto Hirata Chico y Marco Novelo Osuna. De acuerdo con el documento de la auditoría, con Novelo hubo un inexistente control sobre los procedimientos de adquisición de mezcla asfáltica.
En 2018 concluyeron que la mezcla asfáltica era insuficiente para realizar la reparación de vialidades, al comprar mil 035.5 metros cúbicos (78.43% menos de la cantidad proyectada de 4 mil 800 metros cúbicos). Dentro del contrato con una empresa constructora, se establece que fueron suministrados 450 metros cúbicos de mezcla asfáltica en los meses de junio y julio, sin embargo, no existe registro de la compra de la mezcla.
En el Informe Anual del Departamento de Vialidades Ejercicio Fiscal 2018, donde se establece una adquisición total de mil 829 metros cúbicos de mezcla, solo hay evidencia de mil 035 metros.
La mezcla asfáltica adquirida en enero, febrero, septiembre, octubre y diciembre por 557.5 metros cúbicos, se compró en 2019, pero fue registrada en 2018.
Adicionalmente, no supervisaron ni controlaron los trabajos de bacheo que realizó el contratista como el Departamento de Vialidades, al no haber pruebas de ubicación de zonas reparadas ni resultados de la vigilancia.
En un documento sin título, empleados de Novelo escribieron que la Entidad reparó un total de 21 mil 225.96 metros de vialidades, pero en el “Resumen de Bacheo” difieren 17 millones 635.53 metros cuadrados de vialidades.
La Auditoría refiere que no se realizaron las pruebas de laboratorio de Control de Calidad a la mezcla asfáltica instalada por una constructora, en tanto de la prueba de laboratorio realizada a la mezcla asfáltica suministrada por no presentar firma de proveedor, no existe evidencia del cumplimiento a las normas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
