Mariana Morales Alvarado, una de las afectadas de Lomas del Rubí cuestionó este viernes al gobernador Jaime Bonilla Valdez por la falta de “verdadera” justicia para las familias que lo perdieron todo en los derrumbes sucedidos en 2018 provocados por la constructora Grupo Melo.
“Siguen 120 familias como futuras afectadas de perder su casa y vemos un fraccionamiento que está habitado y no vemos a nuestras autoridades en cuanto a la clausura de ese fraccionamiento (Valle del Pedregal, de Grupo Melo). Por qué no, a esas investigaciones internas de ese fraccionamiento, de esa constructora, porque así como dicen de esas investigaciones que hicieron para exhibir la situación del (Club) Campestre, también lo pueden hacer con ese fraccionamiento, porque la zona en la que se construyó ese fraccionamiento era una zona de reserva para crear escuelas?”.
Este viernes 30 de abril de 2021, con todo y veda electoral, el gobierno estatal hizo un evento para entregar 130 viviendas a los damnificados de Lomas del Rubí al que asistieron Karen Postlethwaite Montijo titular de SIDURT y Karla Ruiz Macfarland, presidenta municipal de Tijuana.
En entrevista con ZETA, Morales Alvarado interrogó: “¿Cómo es posible que se anda enfocando tanto en expropiar el Club Campestre en cuestión de días y cómo nosotros pasamos tres años con el tema de que perdimos nuestra casa, estuvimos en la calle batallando, perdimos familiares y la autoridad no se ha enfocado en denuncias, demandas, clausuras, en suspensión a ese fraccionamiento de Valle del Pedregal, de Grupo Melo?”.
La exigencia al gobernador se debe a que “cuando él tomó el cargo se comprometió a atender y exhibir al responsable y hacer justicia real, no esa simulación como lo mencionan ellos que aquejan a otros gobiernos que no hicieron bien su trabajo. Y qué está pasando aquí. Quién es Grupo Melo, por qué se está viendo ese estancamiento?”.
Pidió al mandatario que así como se coordinó para que se lograra el proyecto de las 130 viviendas, también se coordine para que “se pongan a trabajar y estas familias obtengan esa justicia real, que el responsable pague por dejar a todas estas familias en la calle”
Ana María Muñoz, otra de las afectadas que firmó su título de propiedad y le fueron entregadas sus llaves de su casa, expresó a este Semanario que tenía sentimientos encontrados.
Por un lado estoy contenta “porque la verdad si estamos enfadados de estar viviendo en una zona de riesgo. Mi casa está por caerse y la verdad necesito una tranquilidad para mí y mis nietos”, pero por otro lado mostró desencanto porque la vivienda es “muy pequeña”.
“Mi casa es muy grande. Mi casa tenía 12 x 20 metros construidos (240 m2 de área) que hice en 35 años de sufrimiento”, y la que le entregaron tiene 90 m construidos, y por dentro está “rústica”, hay que ponerle piso, emplastarla, porque es puro bloque por dentro.
“No tenemos luz, ni agua, que hasta mañana van a venir los de la Cespt y los de la CFE para que nos hagan nuestros contratos”.