A pocas semanas de que se entreguen las primeras casas de lo que será el fraccionamiento Lomas de la Esperanza, el total de afectados por los derrumbes en Lomas del Rubí siguen en la espera de que las autoridades les hagan justicia
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La noche del 2 de febrero del 2018 se marcó en la memoria de más de 100 familias, que perdieron el patrimonio que por años habían construido en la colonia Lomas del Rubí, como consecuencia de los movimientos de tierra que realizó la constructora Grupo Melo al crear su nuevo fraccionamiento Valle del Pedregal.
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A diez kilómetros de ahí se ubica lo que será el nuevo hogar de al menos 130 familias afectadas, en un nuevo complejo habitacional que desde el pasado 27 de septiembre construyen en conjunto los tres órdenes de gobierno y que tendrá por nombre “Lomas de la Esperanza”.
“Es una ayuda del gobierno, (pero) no es la indemnización que queremos y que hemos buscados desde hace tres años, lo que nos corresponde recibir por parte de las autoridades”, comentó a este Semanario uno de los reubicados a este nuevo fraccionamiento, el señor Álvaro Delgado.
El pasado 30 de enero cuatro familias, entre las que se incluye el señor Álvaro, recibieron por parte de autoridades una llave simbólica de lo que será su nuevo hogar. Las nuevas viviendas miden en promedio 52 metros cuadrados y serán de un solo nivel, el cual contará con dos recamaras, espacio para sala y comedor, un baño, jardín delantero y un espacio en la parte de atrás para el área de lavado.
Les prometieron que antes de que concluyera este mes podrían comenzar a habitarlas, pero por grupos. También les explicaron que las entregarán con piso de cemento, sin emplaste, y las protecciones o rejas deberán correr por la cuenta de cada familia. “Nos dijeron que se hizo lo que se pudo con el recurso que les dieron, que lo alargaron lo más que pudieron para que nuestra inversión fuera menor”, expresó.
Antes de concluir las administraciones de los panistas Juan Manuel Gastélum Buenrostro (exalcalde) y Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid (exgobernador), funcionarios de gobierno se acercaron a los afectados para ofertarles una opción de reubicación, en terrenos ubicados a más de 20 kilómetros de su hogar original, en el cual tendrían que pagar más de 150 mil pesos, pero recibirán una indemnización simbólica con material de construcción por parte de Grupo Melo.
“No aceptamos. Con eso estábamos como ‘perdonando’ a Grupo Melo, porque también querían que firmáramos algo donde aceptábamos liberarlos de su responsabilidad”, añadió.
Las administraciones morenistas de Arturo González Cruz y de Jaime Bonilla Valdez, en conjunto con el delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe, acordaron reubicarlos sin que a los afectados les costará un peso.
En diciembre de 2019 al menos 15 familias recibieron una casa adjudicada en distintas áreas de la ciudad, como el fraccionamiento Urbi Villa del Prado. Otras 130 quedarán en Lomas de la Esperanza; aun así, queda otro grupo de familias que todavía no tienen la certeza de su reubicación.
Síndica de Tijuana pide licencia sin presentar avances
El 26 de febrero un grupo de afectados por los derrumbes en Lomas del Rubí se presentó a las oficinas de la Sindicatura Procuradora, para aportar evidencias a la investigación que la dependencia apenas reabrió el pasado 17 de enero, también llevaron la notificación que la federación les entregó en la cual señalan que autoridades estatales y municipales son las que tienen la facultad para hacerse cargo del tema.
Luego de año y medio en el puesto, María del Carmen Espinoza Ochoa solicitó licencia este 4 de marzo para participar en la contienda interna de su partido como aspirante a una candidatura para las siguientes elecciones, dejando pendiente resolver la necesidad de justicia de los afectados.
De acuerdo con la relatoría de los vecinos, a mediados de 2020 la Sindicatura Procuradora les notificó que la anterior titular dio por concluida la investigación por las posibles omisiones de los funcionarios municipales relacionados al caso, sin retomar de inmediato la labor e iniciar una carpeta propia.
“Vimos ese estancamiento en cuanto a la investigación. Como afectados y víctimas directas, lo que hemos estado exigiendo es justicia para todas las familias que perdieron sus casas y que se finque responsabilidad a todas las autoridades que omitieron sus facultades y a la constructora Grupo Melo, que hasta la fecha no ha sido denunciada por ninguna autoridad”, expresó Mariana Morales, una de las afectadas.
“Como víctimas nos preocupa mucho lo que está pasando, como nuestras autoridades no se organizan para hacer algo. Ya va un año y medio de esta administración y no se ha castigado a nadie”, añadió.
Cuando en 2020 se les notificó de que estaba cerrada la investigación, acudieron ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mismo que resolvió que Espinoza Ochoa tenía la facultad para identificar las omisiones cometidas por parte de los funcionarios de la anterior administración, y también de los que forman la actual.
“Creemos que están dilatando el proceso para que la siguiente administración lo resuelva”, puntualizó la afectada. Además, comentó, si las autoridades no avanzan en la investigación, no pueden acceder a exigirle una indemnización a la empresa que señalan como responsable de la pérdida de su patrimonio.
Después de que el Cabildo le aprobara su licencia, ZETA abordó a Espinoza Ochoa para cuestionarle sobre los avances en el tema y aseguró ser la más interesada en que se resolviera el tema, por lo que no han escatimado en las atenciones hacia los afectados.
Modelo a nivel nacional
El delegado único Alejandro Ruiz Uribe aseguró que el modelo de colaboración que se dio para la reubicación de las 130 familias a Lomas de la Esperanza ya es un ejemplo a nivel nacional.
“Esto lo pudimos resolver más rápido porque los vecinos se movieron y en cuanto les presentamos las opciones de reubicación, eligieron las que mejor les convenía. Algunas familias, por la gravedad de su situación, optaron por una casa adjudicada y esas ya se entregaron”, explicó el funcionario federal.
Las 130 familias que eligieron la construcción de sus nuevas viviendas, fueron beneficiados con un apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales para que rentaran un inmueble en lo que queda listo el proyecto. Sin embargo, hay un grupo de afectado que tampoco pudieron acceder a este tipo de apoyo.
“Como en el caso de Sánchez Taboada, les pedimos a los afectados que presenten un documento que los acredite como propietarios de la vivienda afectada. Es un requisito que se les pide a todos”, añadió.
