De los más de 160 millones de pesos que el Poder Judicial del Estado requiere para arrancar de manera eficiente el sistema de justicia oral en materia laboral, el Poder Ejecutivo y Legislativo le otorgaron cero pesos. Con la urgente necesidad de cumplir con la obligación constitucional prevista para octubre, el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López, considera que, de no recibir recursos suficientes, el sistema oral podría comenzar a colapsar en un periodo de 10 meses
Nuevamente, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo de Baja California, ignoraron las necesidades del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el Consejo de la Judicatura, dejando a su suerte la implementación del sistema de justicia oral laboral que debe entrar en vigor a partir del 1 de octubre de 2021, para lo cual -según un estudio de viabilidad hecho para el estudio de los magistrados- requerían 160 millones de pesos para un óptimo funcionamiento. En lugar de eso, los poderes Legislativo y Ejecutivo otorgaron cero pesos, pese a que se trata de una obligación constitucional.
A partir de la fecha anteriormente mencionada, las juntas de Conciliación y Arbitraje de Baja California dejarán de recibir quejas del sector obrero, para otorgar facultades a un Centro de Conciliación que buscará mediación entre las partes y, en caso de no llegar a un acuerdo, ser turnados ante un juez para definir las responsabilidades de los implicados.
Durante el tiempo que sea necesario, las Juntas de Conciliación continuarán operando, pero solo para desahogar trámites previos al próximo 1 de octubre, cuando entre en vigor el sistema oral laboral.
De los más de veinte jueces que aspira tener el Poder Judicial para sobrellevar la carga laboral que recibirán, estiman que podrán contratar a seis, lo que representaría una sobrecarga inmediata de trabajo para un sector que desconoce el funcionamiento de la justicia oral.
El presidente del TSJE, Alejandro Isaac Fragozo López, comentó en entrevista que esta situación representa un enorme reto, toda vez que el presupuesto del Poder Judicial continúa en poco más de mil millones de pesos, pese a que las exigencias cada vez son mayores y se cuenta con una nueva responsabilidad.
Para el abogado laboralista Luis Alfonso Vargas, en lo general, la reforma es una buena herramienta, pero de no lograr los recursos suficientes, la justicia oral laboral va a terminar igual que la vigente, debido a que la sobrecarga de trabajo y las tácticas dilatorias provocan que juicios se extiendan hasta por más de 10 años, lo que evidentemente representa grandes problemas para los trabajadores.
Tal es el abandono de los poderes, que ni siquiera se ha llevado a cabo la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para otorgarle facultades de selección y operación de los tribunales orales laborales, por lo que, en caso de no hacerlo, se enfrentarían a otro conflicto jurídico.
EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ORAL LABORAL
A raíz de la reforma constitucional publicada el 1 de mayo de 2019, en México se vuelve obligatorio modificar el paradigma de la resolución de conflictos de materia laboral, que históricamente ha sido tratado por medio de las juntas de conciliación y arbitraje, pero ahora recaerá en los poderes judiciales locales y federales.
En un comunicado de prensa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, publicado el 6 de octubre de 2010, se describió que el nuevo método tendrá como objetivo que juicios laborales que duran cuatro años en promedio, puedan resolverse en un máximo de seis meses.
Según la modificación al Artículo 123 Constitucional y sus reformas subsecuentes en las leyes secundarias, detalla varias fechas plazo para cumplir con el nuevo esquema de impartición de justicia laboral, donde destaca que las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejarán de recibir las denuncias y serán sustituidas por un Centro de Conciliación y Registro Laboral con sus respectivos homólogos locales, los cuales serán órganos descentralizados del Poder Ejecutivo y tendrán como objetivo un proceso de mediación entre patrón y obrero.
La reforma contempla que -obligadamente- todo inconforme deberá acudir directamente a dichos centros antes de interponer una demanda, y se impondrá un plazo de 45 días para que el empleador acuda a la cita de conciliación con el trabajador.
En caso de no concretarse una solución inmediata, el expediente será turnado directamente a un Juzgado local o federal -dependiendo sea el caso-, donde se llevará a cabo una audiencia de desahogo de pruebas, en la que la principal carga de prueba la lleva el patrón.
En teoría, el juzgador estaría emitiendo sentencias en un periodo de seis meses, reduciendo de manera sustancial el promedio de cuatro años para llegar a un acuerdo.
Para el abogado Vargas, uno de los principales problemas de esta reforma es que pretende juzgar los temas con certeza e imparcialidad, lo que resultaría positivo, pero en un escenario donde el patrón cuenta con mayores herramientas y condiciones económicas, el empleado se encontraría en evidente desventaja.
Y es que las Juntas de Conciliación tenían por obligación solventar las deficiencias de la inconformidad del quejoso, pero ahora esto desaparece y ubica al trabajador en un escenario de igualdad, que resulta desventajosa para él.
De igual manera, el nuevo esquema contempla procedimientos específicos para cada acto del patrón hacia el empleado, como un despido, donde el patrón se verá obligado -en primera instancia- a notificar de manera formal frente a dos testigos que firmarán el documento; en caso de negarse a firmar, el documento deberá ser turnado al Centro de Conciliación, el cual notificará formalmente la remoción del cargo. En caso de incumplir con el procedimiento, el empleador podría perder el caso.
Luis Alfonso Vargas advirtió que esta nueva reforma complicaría el escenario para los sindicatos, pues limita el emplazamiento a huelga, a razón que el Centro de Conciliación deberá solicitar una lista con los integrantes del sindicato en cuestión y presentarla formalmente al empleador, lo que podría desencadenar sanciones previas al paro laboral indefinido.
Sin embargo, existen beneficios como la obligación semestral de hacer públicos los estados financieros de los sindicatos, donde defina claramente el ingreso y egreso, del periodo. También obliga a los líderes sindicales a consultar con sus agremiados las decisiones que se tomen con sus respectivos patrones en torno a las modificaciones de los contratos colectivos de trabajo, hecho que deberá ser velado por un inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Respecto a los procesos de selección de líderes sindicales, ahora el gremio se verá obligado a crear un organismo colegiado que se encargará de realizar las elecciones internas para otorgar mayor certeza en los sufragios, que -además- se efectuarán de forma libre y secreta.
Otro de los elementos que contempla, según el abogado, es que se sancione a los patrones que busquen coaccionar la inclusión o exclusión a un sindicato; o bien, que intenten apoderarse del mismo por medio de un líder electo.
PEDÍAN 130 MDP, PERO NO LES DIERON UN PESO
La indolencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo podría provocar el colapso del sistema de justicia oral laboral, en un periodo de 10 meses, si no se le dota de recursos suficientes para su operación.
Lo anterior fue referido por el magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, quien aseguró que previo a que terminara 2020, se llevó a cabo un estudio sobre las necesidades para implementar el nuevo sistema de justicia oral, concluyendo con la necesidad de destinarle 160 millones de pesos.
Partiendo de la premisa que solo en Mexicali, la Junta de Conciliación y Arbitraje acumula más de 10 mil expedientes, de los cuales 4 mil 144 asuntos se interpusieron en 2020, sin contar todos los juicios ya iniciados o en espera de alguna sentencia.
Para enfrentar este gran número, el Poder Judicial contempló la contratación de veinte jueces (diez en Tijuana, seis en Mexicali y cuatro en Ensenada), con sus respectivos cuatro secretarios cada uno y un actuario o notificador. Además, se consideró el equipamiento de cada sala -cuyo monto supera el millón de pesos-, la infraestructura y personal administrativo.
Ante el nulo apoyo de diputados y el propio gobernador, el titular del Consejo de la Judicatura declaró que se buscaron medidas alternativas, abriendo la posibilidad de competir por una bolsa a nivel nacional. Sin embargo, solo serviría para cubrir alrededor de 32 millones de pesos, lo cual resulta insuficiente para arrancar operaciones de manera óptima.
Lo peor es que dicha cantidad aún no se concreta y podrían recibir menos, incluso perder la partida, lo que sería catastrófico para el proyecto del sistema de justicia laboral.
Ante esta situación, Fragozo López indicó que se reestructuró la propuesta para que solo se contratara a seis jueces, de los cuales tres impartirán justicia en Tijuana, dos en Mexicali y uno en Ensenada; dichos escaños son buscados actualmente por 45 aspirantes con experiencia en abogacía, no así en impartición de justicia.
El recurso, indicó, los ayudará para sacar adelante los compromisos del mes de octubre a diciembre. Sin embargo, si no se le dota de suficiente recurso para 2021, el sistema de justicia laboral oral colapsará en un máximo de 10 meses.
El abogado laborista Luis Alfonso Vargas coincidió en que la Junta de Conciliación no era el problema como tal, sino las carencias económicas a las que se enfrentaban dentro de la institución, dada la saturación de trabajo que termina por saturar a los empleados, quienes ya son conscientes de que incumplen con la legislación vigente ante la excesiva carga de trabajo.
Por su parte, Fragozo López dijo desconocer los motivos específicos que motivan la reforma constitucional, pues a su juicio, la materia laboral se ejerce de una forma muy diferente a la del Poder Judicial.
“(Desconozco) Si lo que quieren es ponerles un traje bonito pero que siga funcionando igual, o si quieren una nueva justicia más cercana a la civil”, refirió el magistrado.
“Las labores de los presidentes de las Juntas son muy diferentes a las de un juez, un juez no interactúa, no se ve con las partes”, agregó.
Por ello, una parte del recurso será para pagar una capacitación de tres semanas que permita entender cómo funciona el sistema acusatorio oral laboral.
NO EXISTE NI BASE JURÍDICA EN BC
El Consejo de la Judicatura ya hizo públicas las intenciones de más de 45 abogados que pretenden ser jueces en materia laboral, lo que representa un gran reto, al no haber antecedentes directos sobre ello.
Sin embargo, el Poder Legislativo no ha tenido interés en modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para dotar de facultades a magistrados y jueces, de tomar las riendas de esta nueva figura.
Fragozo López indicó que le ofreció una iniciativa al diputado Víctor Morán Hernández, cuyo objetivo era homologar criterios con la legislación federal para así tener facultades de designación, de uso de recursos y demás, lo cual hasta el momento-está fuera de las atribuciones del Poder Judicial, por lo que, en caso de no arreglarlo, se generaría un conflicto dentro de alguna comisión.
ZETA buscó una entrevista con el diputado Juan Manuel Molina, pero este se negó a emitir una posición al respecto.
