Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, se declaró inocente, este viernes 26 de marzo, del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Al principio de la audiencia intermedia -que inició en punto de las 10:16 horas de este día-, la ex funcionaria federal informó a Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que el pasado 8 de marzo retiró la propuesta de declararse culpable y pasar 6 años en prisión.
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Por su parte, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) formularon la acusación por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, solicitando al juez federal la pena máxima de prisión (de 21 años) y que Robles Berlanga más de 5 mil millones de pesos por reparación del daño a la hacienda pública.
“Ella verbalmente hizo manifestaciones, en el sentido de que se declara inocente de los hechos que le imputan el agente del Ministerio Público Federal”, dijo a la prensa, Epigmenio Mendieta Valdés, abogado de la ex titular de la SEDESOL y de la SEDATU, durante un receso autorizado poco antes de las 16:00 horas.
“Con eso empezó la audiencia, de la manifestación de la propia maestra María del Rosario, de que retira voluntariamente la solicitud de procedimiento y con ello damos la continuación del procedimiento ordinario”, según agregó el litigante.
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Según diversos medios nacionales, Robles Berlanga sólo estuvo presente menos dos horas presente en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, porque el juez federal autorizó que se retirara a las 12:00 horas, debido al padecimiento de algunas dolencias y al hecho de que el resto de la audiencia intermedia sería de carácter técnico.
Durante la audiencia intermedia serán depurados 300 datos de prueba de la FGR y 53 de la defensa de Robles Berlanga, encabezada por Mendieta Valdés. Del total de las 300 constan en la acusación contra la ex titular de la SEDESOL y SEDATU, 231 son documentos, entre ellos convenios, contratos y auditorías.
Mientras que 56 son testimonios de funcionarios de seis dependencias y 4 testigos colaboradores. Asimismo, 13 son discos compactos con presentaciones en Power Point, con tablas y datos relacionados con testimonios.
En contraste, Robles Berlanga ofreció 53 datos de prueba en su descargo, incluidos 8 documentales y 15 testimonios, entre ellos el de Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor en la SEDATU y la SEDESOL, así como los de Enrique González Tiburcio, Juan Carlos Lastiri Quirós y Javier Guerrero García, ex subsecretarios de dichas Instituciones.
ROSARIO ROBLES SE DESISTE A DECLARARSE CULPABLE Y PASAR 6 AÑOS EN PRISIÓN
El pasado 8 de marzo, la ex funcionaria federal argumentó en un escrito enviado a Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), que “derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso, como lo es un procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación al rubro citado”, procederá ir a juicio.
Según dijo Robles Berlanga en el escrito enviado a la FGR, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión bajo cualquier circunstancia, “negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”.
La ex titular de la SEDEDOL y SEDATU Federal también pidió que haya un trato procesal justo, durante la audiencia intermedia llevada a cabo el 26 de marzo, ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
“La justiciable exige bajo esta perspectiva que ante las actuales circunstancias tenga un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer, porque de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política”, indicó la defensa de la ex funcionaria federal, encabezada por el abogado Mendieta Valdés.
“De esta manera, María del Rosario Robles Berlanga, a través de esta defensa expresa su determinación de ir a juicio, para lo que será necesario desahogar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente la audiencia intermedia programada para el próximo 26 de marzo a las 10 horas”, agregaron los abogados de la ex titular de la SEDEDOL y SEDATU Federal.
AMLO ESTÁ MAL INFORMADO, RESPONDE ROBLES BERLANGA AL PRESIDENTE
El pasado 5 de marzo, Robles Berlanga afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado por suponer que ella está imputada de un delito de corrupción y señalar que debe resarcir el daño económico ocasionado por la llamada “Estafa Maestra” para alcanzar un beneficio legal.
A través de su cuenta de la red social Twitter -que maneja su hija Mariana Moguel Robles-, la ex funcionaria federal afirmó que el ilícito por el cual está procesada no contempla el pago de la reparación del daño, que asciende a 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
“Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo [FGR]. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, expresó Robles Berlanga.
Más temprano ese mismo día, López Obrador pidió a Robles Berlanga, resarza el daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Según lo reportaron diversos medios nacionales, la ex funcionaria federal ofreció declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público, además de asumir una condena de 6 años, mediante un juicio abreviado, pero pagando sólo una multa de 5 mil 377 pesos -30 Unidades de Medida y Actualización (UMA)-, lo que representa apenas el .0001 por ciento de los 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos que la FGR le exige como reparación del daño y pasar 21 años en la cárcel.
Lo anterior se advierte en el documento que la defensa de Robles Berlanga, entregó a Miguel Guillermo Aragón Lagunas, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y a Teresa Maldonado Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Federación, de la FGR, junto a su propuesta para concluir de manera anticipada el caso relacionado con el expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y la causa penal 314/2019.
“Eso lo ve la Fiscalía. Sí, como regla nosotros planteamos que en donde se demuestre que hubo corrupción, tiene que haber reparación del daño. Pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere si no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo, que se consiga lo más que se pueda”, señaló el mandatario nacional.
“Aclaro, con transparencia y legalidad, porque esto que quería hacer una empresa extranjera [Vitol] que denunció sobornos de funcionarios de [Petróleos Mexicanos] PEMEX, incluso de tiempos en que nosotros estamos en el Gobierno”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.
“Declaró esto en Estados Unidos y allá se arregló, pagó una multa y viene con nosotros y dice: ‘queremos reparar el daño, 30 millones de dólares, pero no podemos dar a conocer los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos’”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Pues así no se puede porque sería una complicidad, estaríamos nosotros de tapadera. Ahora si que te doy 30 millones de dólares y no te doy a conocer los funcionarios que recibieron el sobornos”, advirtió el presidente de la República.
“CADA DÍA QUE PASO EN LA CÁRCEL ME ESTOY MURIENDO”: ROBLES A JUEZ
El pasado 26 de febrero, Robles Berlanga pidió a Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, un trato igualitario para recibir el recurso del criterio de oportunidad por parte de la FGR.
En dicho audio, se escucha a la ex titular de la SEDESOL y la SEDATU Federal, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, reclamar al juez federal durante la audiencia intermedia, por no tener las mismas oportunidad que otros ex funcionarios que se han acogido al criterio de oportunidad.
“Por la afectación económica, familiar y de salud, porque cada día que paso en [el Centro Femenil de Reinserción Social] Santa Martha [Acatitla] yo me estoy muriendo. Quería abreviar el proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros. No quiero privilegio. Todo el tiempo han hablado de cancha pareja y no la he tenido”, insistió Robles Berlanga al juez federal.
“Sí quiero dejar muy claro este trato desigual, profundamente discriminatorio, [soy] la única mujer que está en la cárcel. Este sí es el pacto que no han podido romper, no pueden romper el pacto patriarcal, porque forman parte de este pacto y me da pena que mujeres puedan ser expresión de esa política patriarcal, de esta discriminación, porque soy la única, hoy por hoy, un año y medio después, que está en la cárcel, señor juez. Soy la única que ha tenido que padecer toda esta situación”, afirmó la ex funcionara federal.
“Entonces, sí quiero, perdóneme lo efusivo, pero cada día que se vive allí, yo de veras he llegado a la conclusión que si allí estuvieran los ministerios públicos una semana, no más, absolutamente su manera de tratar a todo mundo sería totalmente diferente”, agregó Robles Berlanga.
“La Auditoría Superior de la Federación, no entiendo por qué hablan de reparación de daño. Tiene facultades muy claras. Tiene facultades, señor juez, de pedir procedimientos resarcitorios, porque eso es lo que le interesa a la Auditoría Superior de la Federación”, aseveró la ex titular de la SEDESOL y la SEDATU.
“[La ASF] nunca pidió un procedimiento resarcitorio con relación a mi persona, son individualísimos, personalísimos, todos lo sabemos en la administración pública. Jamás, porque nunca encontró un elemento que implicara que yo tuviera que pagar un daño, nunca me demandó”, expuso Robles Berlanga.
“En el único proceso en el que [la ASF] está como parte ofendida es en éste de omisión, en los que se están discutiendo los procesos de firma de convenios, que por cierto aquí mismo la Fiscalía dijo que no tuviera acceso a esas carpetas porque no estaba yo involucrada en ninguno de esos convenios, que tienen pesos y centavos, allí no está la Auditoria. Y, además, se utiliza la Auditoría cuando se le descalifica públicamente, como lo estamos viendo en estos días. Yo sí estaría ofendida, allí sí me sentiría parte ofendida”, agregó.
“Yo no tengo problema en seguir el proceso, estoy convencida de mi inocencia. Quiero dejar claro el trato desigual, discriminatoria, soy la única mujer en la cárcel, no han podido romper el pacto, soy la única que he tenido que padecer esto”, argumentó la ex funcionaria federal a Villar Ceballos.
Asimismo, la ex titular de la SEDESOL y SEDATU durante el Gobierno de Peña Nieto afirmó que ningún funcionario de la FGR “con poder de decisión” la ha visitado y hablado con ella respecto al juicio abreviado que pide se le lleve a cabo. “Me pregunto ¿me mandaron a Santa Martha por una licencia falsa? Me la inventaron, me han obstaculizado en todo momento el poder cambiar mi medida cautelar”, abundó.
Sin mencionarlos por sus nombres, Robles Berlanga cuestionó el trato de la FGR a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de la SEDESOL y de la SEDATU, durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, en el Gobierno de Peña Nieto-, con quienes ha negociado un criterio de oportunidad.
“Nadie me visitó en el penal, nadie me ha hecho a mí, Rosario Robles, una propuesta. Me extrañan las posturas no solo por los casos públicos, que todos conocemos, de gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital sin pisar la cárcel, y quien está en la misma causa conmigo y no ha pisado un minuto la cárcel, porque se le dio ese criterio de oportunidad”, recalcó la ex funcionaria al juez federal.
“Yo sigo insistiendo, su señoría, tiene que ser alguien con capacidad de decisión, definitivamente, pues aquí ya no hay una forma de llegar a un acuerdo, entonces, yo pienso que se trata de buscar la verdad y de hacer justicia, yo no voy a mentir, en aras de conseguir un procedimiento anticipado o un criterio de oportunidad,” manifestó.
“Yo voy a hablar con la verdad, a lo mejor el problema es que la verdad no es la que ellos [FGR] creen que van a obtener, ellos quisieran otra verdad, no sé, entonces, sí me gustaría muchísimo que fuera con alguien con capacidad de decisión, un superior jerárquico que pudiera platicar conmigo”, dijo.
FGR LE NIEGA A ROBLES EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
El pasado 26 de febrero, encabezados por Mónica Martell Olguín, fiscales de la FGR ratificaron ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que no otorgarán a Robles Berlanga, el beneficio del procedimiento abreviado.
En el que debe declararse culpable para obtener una pena mínima, debido a que, supuestamente, la ex funcionara federal no quiere reparar un daño a la hacienda pública por un total de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) -que en este caso tiene la calidad de ofendida-, secundó la postura de la FGR y manifestó que también estaba de acuerdo en llevar a cabo la audiencia intermedia contra la ex titular de SEDESOL y SEDATU), durante el Gobierno de Peña Nieto.
El pasado 17 de febrero, Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) informó al juez federal que la FGR no concedería a Robles Berlanga, ni el procedimiento abreviado, ni el criterio de oportunidad, beneficio este último que consiste en colaborar con información en las investigaciones del Ministerio Público a cambio de la cancelación de la acción penal.
En la audiencia del 26 de febrero, los fiscales federales ratificaron lo anterior ante el juez de control y expusieron que no hay condiciones para el procedimiento abreviado, porque en las negociaciones, la ex titular de la SEDEDOL y la SEDATU no aceptó reparar el daño. Por lo anterior, pidieron al juzgador llevar a cabo la audiencia intermedia. Sin embargo, esta fue diferida hasta el 26 de marzo.
La ASF también expuso estar de acuerdo con la Fiscalía General de la República y pidió al juez federal pasar a la etapa intermedia, ya que no hay interés de la imputada en reparar el daño, que asciende en este proceso a 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
En el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021, enviado el pasado 17 de febrero al juez Villar Ceballos, el subprocurador Ramos López explicó que los beneficios del procedimiento abreviado y el criterio de oportunidad son inviables, porque la ex funcionaria federal quiere una pena de tres años sin pagar la reparación del daño, además de que no aportó a la FGR información sobre delitos más graves a los que le imputan, ni se comprometió a ratificar dichos informes.
“Su defensa particular en la audiencia del 10 de febrero de 2021 señaló como propuesta para un procedimiento abreviado que se le impusiera a María del Rosario Robles Berlanga una pena de 3 años de prisión y que no procediera pagar la reparación del daño”, dijo el subprocurador Ramos López en el documento también suscrito por Teresa Maldonado Rodríguez, una de las fiscales que litiga el caso.
Días antes, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, suspendió en forma indefinida la apertura de un juicio contra Robles Berlanga, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El juzgador federal concedió a la ex titular de la SEDESOL y la SEDATU una suspensión definitiva que, por un lado, autorizaba llevar a cabo el pasado 26 de febrero, la audiencia intermedia en la que los fiscales federales formularían en forma verbal la acusación contra Robles Berlanga por el citado ilícito.
“Es una obligación legal del juez responsable suspender el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la sentencia ejecutoriada que recaiga en el juicio principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo de la Ley de Amparo”, según dictó Vargas Alarcón.
Según Reforma, la norma citada por el juez federal precisa que la autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia, y esa circunstancia prevalecerá hasta que sea notificada de la resolución de última instancia en el amparo.
El pasado 2 de noviembre, Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de la SEDESOL y de la SEDATU, durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, en el Gobierno de Peña Nieto- ofreció convertirse en testigo protegido de la FGR.
Para así “revelar el papel del ex presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del [Partido Revolucionario Institucional] PRI”, en la llamada “Estafa Maestra”, según lo informó el diario Reforma, basado en fuentes del Gobierno Federal.
Mismas que “confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”.
“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos”, señaló el rotativo.
“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex presidente Peña Nieto con la ‘Estafa Maestra’, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.
“Zebadúa González también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la SEDATU y la SEDESOL fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado”, abundó el Reforma.
Asimismo, el ex oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL Federal también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, las instituciones antes mencionadas, suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos.
Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos, recordó el Reforma.
“El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado”, detalló el rotativo.
El 4 de agosto del 2020 se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Robles Berlanga y de Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de la SEDESOL y SEDATU, durante el Gobierno de Peña Nieto.
Una semana antes, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la ASF, mismo que podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.
El 26 de octubre del 2019, la ex titular de SEDESOL y SEDATU, acusó a la FGR, mantenerla como rehén debido a que, según aseguró, no ha aceptado colaborar. A través de una carta escrita a mano, la ex funcionaria federal señaló que no optará por recurrir a lo que llamó la “falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.
“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén -porque no he querido colaborar- para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, afirmó Robles Berlanga.
La ex titular de la SEDESOL y la SEDATU Federal agregó que tiene información de la misma Fiscalía General de la República, que ofrecen impunidad a otros implicado en la llamada “Estafa Maestra”, a cambio de declarar “lo que ellos necesitan”.
Asimismo, Robles Berlanga destacó que la FGR pretende darle su libertad a cambio de que “señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad”.
El 23 de septiembre del 2019, Robles Berlanga se declaró formalmente inocente del presunto delito que le imputó la FGR, institución a la que acusó de presionarla para que repare las presuntas omisiones por haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 025 centavos, en la llamada “Estafa Maestra”.
En la respuesta oficial a la acusación formal que realizó en su contra la FGR el 26 de agosto del 2019, Robles Berlanga indicó que la petición de parte de la Fiscalía que se le condene el pago de la reparación del daño por dicha cantidad “es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso”.
“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, agregó Robles Berlanga.
La respuesta fue entregada a Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a quien la ex funcionaria federal solicitó cite a declarar a 15 testigos, entre ellos, al ex oficial mayor de la SEDESOL, Zebadúa González, además de Juan Carlos Lastiri Quiroz, ex Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, y, a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la ASF.
Asimismo, dentro de la carpeta judicial 314/2019, Robles Berlanga pidió al juez federal citar a declarar a Alberto Javier Sánchez Rojas, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Vicente Agustín Mercado Zúñiga, Jaime Aranda Castillo, Javier Ortiz Moreno, Emilio Zebadúa, Javier Guerrero García, Víctor Manuel Tapia Castañeda, Armando Saldaña Flores, José Antonio Orozco Martínez, y a Marcos Salvador Ibarra Infante.
La ex funcionaria federal ofreció como medio de prueba las testimoniales de Juan Francisco Martínez Lavín, quien se desempeñó como enlace entre la Sedesol y la ASF; así como los de Aldo Pavón Segura, quien prestaba sus servicios para la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), un órgano descentralizado de la SEDATU, y quien fuera designado de manera provisional para atender las determinaciones y los pliegos de observaciones indicados por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2016.
Por otra parte, la ex titular de la SEDATU y SEDESOL Federal negó de manera categórica las acusaciones de la FGR, porque dijo que se apartan de la verdad y pretenden atribuirle la responsabilidad de hechos en los que nunca ha participado, ante lo que ofreció dictámenes periciales en materia de administración pública y contable tratar de desvirtuar la acusación de la Fiscalía.
“Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal”, afirmó Robles Berlanga en su respuesta
“[…] como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las auditorías forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los pliegos de observaciones a la cuenta pública, ni al momento de presentar los dictámenes técnicos”, detalló la ex funcionaria federal.
Robles Berlanga destacó que la acusación de la FGR es meramente de carácter político, y no jurídico, “lo cual consideró completamente injusto, pues los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos ni tampoco para cobrar afrentas del pasado, tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades”.
“Hacerlo de esta forma ciudadano juez de enjuiciamiento, se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional, pues en palabras del propio Fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero], se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el estado, dejando entrever que para obtener mi libertad ´debo delatar a otros funcionarios”, puntualizó.
El 25 de agosto del 2019, la FGR presentó al Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, por escrito, su acusación contra Robles Berlanga, en la que solicita imponerle una pena de 21 años de prisión por el delito imputado.
Según el documento presentado por la FGR al juez Villar Ceballos, citado por el diario Reforma, 7 años corresponden por la comisión del ilícito en la SEDATU, 7 años en la SEDESOL y otros 7 años por tratarse de un delito continuado, que constituye un característica que agrava la pena privativa de libertad.
Por otra parte, el diario El Universal informó que en la acusación que presentó la FGR, la institución subrayó que la ex funcionaria federal cometió con “dolo” el ejercicio indebido del servicio público, y por ello, la Fiscalía solicitó que Robles Berlanga pague el total del dinero que fue desviado en la llamada “Estafa Maestra”, a manera de reparación del daño.
La FGR también solicitó que se le imponga una multa por 3 millones 561 mil 300 pesos. Además, para respaldar estas acusaciones, la Fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y ex servidores públicos para que rindan declaración en contra Robles Berlanga, por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Dichos testimonios provienen de actuales trabajadores, o quienes estuvieron durante la gestión de Robles Berlanga; así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de la SEDESOL, de la SEDATU; además de policías federales y ministeriales. Los fiscales ofrecen, además, una prueba pericial en materia de contabilidad, para respaldar los dos hechos en los que la FGR basa todo el proceso contra la ex funcionaria del Gobierno de Peña Nieto.
