Las cuatro alcaldesas y el alcalde en funciones en Baja California, todos de Morena, decidieron apegarse y sacar provecho de la Ley Gandalla, aquella que promovió Jaime Bonilla para que quienes ostentan un cargo de elección popular y estén en capacidad de buscar la reelección, no tengan que solicitar licencia y realicen campaña en caso de ser electos candidatos de nueva cuenta, ejerciendo el cargo. Y eso es precisamente lo que harán, si son elegidos, Armando Ayala en Ensenada, Aracely Brown en Rosarito, Zulema Adams en Tecate y hasta las dos alcaldesas suplentes, Karla Ruiz de Tijuana y Guadalupe Mora de Mexicali. Ambas se registraron como aspirantes al cargo que ostentan y podrán, pese a no ser las alcaldesas propietarias, consideran la reelección al encontrarse en funciones. Ninguno de los cinco solicitó licencia el 7 de marzo, 90 días antes de la elección, lo que significa que en caso de ser nominados, harán campaña mientras gobiernan. Por supuesto deberán cumplir con una serie de requisitos, por ejemplo, no recibir sueldo durante los 60 días de la campaña, no asistir a actos públicos de programas de gobierno asistencialistas y tampoco no podrán entregar recursos, productos o servicios de esos programas a los ciudadanos beneficiados, con lo que se espera, no utilicen los recursos de los ayuntamientos para sacar provecho propio o ventaja electoral. Además, tendrán un horario para “trabajar” en la administración pública municipal, y otro para hacer campaña. El gandallismo, pues, a todo lo que da, pues fue notorio cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, líder de todos ellos, solicitó que tales reformas no fuesen aprobadas, y en caso de hacerlo de cualquier forma, pidió a los suyos separarse del cargo. Ideología que por el momento, en Baja California los cinco morenistas en las alcaldías no piensan seguir.
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