Desde mayo de 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la reforma al Artículo Octavo Transitorio Constitucional, que pretendía modificar el periodo de la gubernatura en Baja California de dos a cinco años y que los ministros la catalogaran como un “fraude constitucional”, el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha sido un lastre para Morena en la entidad. Aunque presume ser uno de los amigos más cercanos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que Bonilla solo ha perdido batalla tras batalla por intentar imponer una política de “berrinches” y arrebatos que podría funcionar dentro de su empresa, pero sin duda es insuficiente para dirigir un Estado. Hoy en día, quien está pagando los platos rotos es la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, particularmente sus asesores políticos y financieros en la campaña. Y es que algunos ya se encuentran operando y buscando acercamiento con sectores económicos, para ser concretos, empresarios, líderes del transporte público y demás, pero se han topado con un rechazo. Resulta que cada vez que buscan un acercamiento y plantean el respaldo para la virtual candidata a la gubernatura de Morena, los empresarios les recuerdan los actos de extorsión cometidos por Fisamex, compañía utilizada como brazo armado de Bonilla para agenciarse dinero privado, incluso de enemigos políticos. Cuando se acercan con representantes del sector transportista pasa algo similar, pues las medidas de Bonilla complicaron la situación de los transportistas que llevaban años trabajando, sobre todo porque a algunos de ellos les retiraron concesiones. Aunque Marina sigue respaldando las acciones del mandatario, sus colaboradores no ven la fecha en que el titular del Poder Ejecutivo estatal se retire a coordinar la circunscripción número uno para la elección y deje de hacer un gobierno que les representa un lastre.
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