La organización no gubernamental Artículo 19 y Lydia Cacho Ribeiro denunciaron que el empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge, fue detenido en Líbano desde octubre del 2020, como parte de las acusaciones de tortura en contra de la periodista mexicana, sin embargo ni ella ni su equipo de abogados fueron notificados.
Según la ONG internacional, que lleva el caso de tortura contra Cacho Ribeiro, la Fiscalía General de la República (FGR) les avisó el pasado 16 de febrero que Nacif Borge fue detenido desde el 12 de octubre de 2020, presentado ante un juez y dejado en libertad bajo fianza.
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“Lo anterior redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso”, reprochó la ONG internacional, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Lydia Cacho y ARTICLE 19 encuentran preocupante que el proceso contra José Kamel Nacif en Líbano no cuente con las garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes. La garantía de audiencia y el derecho a la defensa, son derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”, señalaron.
Artículo 19 también criticó la coordinación entre la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Ya que, según consta en el expediente ministerial, la FEADLE fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año”, según explicó.
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“No hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por FGR por conducto de SRE”, agregó la ONG internacional, que detalló que debido a la pandemia, los procesos judiciales en el país de Medio Oriente se encuentran suspendidos.
DICTAN AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA MARIO MARÍN
El pasado 10 de febrero, El Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra de a Mario Plutarco Marín Torres, ex gobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista, Lydia Cacho Ribeiro.
Así lo informó la Organización por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Artículo 19, misma que celebró la resolución del juez, en su cuenta de la red social Twitter.
“ARTICLE 19 y @lydiacachosi celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista”, tuiteó la ONG.
Asimismo, detalló que “la justicia no será plena hasta que el ex gobernador sea condenado y, junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. Además debe ser garantizada la reparación integral de los daños para Lydia Cacho y su familia”.
El pasado 4 de febrero, elementos de la FGR, trasladaron a Marín Torres a Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, donde ingresó, aproximadamente a las 00:00, al Centro de Readaptación Social (CERESO), donde fue puesto a disposición de un juez de control federal, acusado por el delito de tortura en agravio de la periodista Cacho Ribeiro, ocurrido en 2005.
Alrededor de las 14:30 horas del 3 de febrero, el llamado “Góber precioso” fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, durante un cateo a un inmueble, que resultó ser el domicilio particular de Alicia Marín Torres, hermana del ex mandatario estatal, ubicada en la calle Zitlaltepece, colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco, Guerrero, a menos de un kilómetro de la avenida Costera Miguel Alemán.
Tras rendir su declaración y ser revisado por un médico legista en la Subdelegación de Procedimientos Penales de la FGR de dicha entidad -ubicada en la avenida Mediterráneo, en el fraccionamiento Hornos Insurgentes-, el ex gobernador de Puebla fue llevado al hangar de la Fiscalía, escoltado por elementos federales, donde abordó la aeronave oficial que lo llevó a Quintana Roo.
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, actual gobernador de Puebla y militante del partido Morena, reconoció la labor de la Fiscalía General de la República a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
El 11 de abril del 2019, la magistrada María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito Tribunal Federal, ordenó la aprehensión del ex gobernador, del empresario de origen libanés Kamel Naci Borge -“El rey de la mezclilla”-, así como del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Bernal, y del ex subdirector de Mandamientos Judiciales de la misma institución, Juan Sánchez Moreno.
La resolución revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien en 2018 negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, en noviembre pasado, el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo concedió a Marín Torres y a Nacif Borge, un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión.
Asimismo, dicho Tribunal ordenó a la magistrada Suárez Préstamo reponer el procedimiento, es decir, valorar nuevamente si debían girarse otra vez las capturas contra Marín Torres y el empresario Nacif Borge.
En cumplimiento a ese fallo, en la primera semana del pasado mes de diciembre, la magistrada libró de nueva cuenta las órdenes de captura, por lo que el ex gobernador y el empresario mantendrían su calidad de prófugos de la justicia.
El 6 de mayo del 2019, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, aseguró que desde el 16 de abril de ese mismo año, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para lograr la captura del ex mandatario poblano.
“El mismo día que tuvimos la orden de aprehensión que nosotros pedimos, se emitió la ficha roja […] Quien haya dicho lo contrario no esta diciendo la verdad”, afirmó Gertz Manero en rueda de prensa.
El titular de la FGR agregó que la ficha roja para la búsqueda en 194 países, también se emitió para las otras personas involucradas en el caso de la tortura a Cacho Ribeiro, entre ellos el empresario de origen libanés, Kamel Nacif Borge.
En diciembre de 2018, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendieron en Puebla al policía en funciones, Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito, ya que supuestamente participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Cacho Ribeiro, en 2005.
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el 11 de abril del 2019, a uno meses de que se cumplieran 14 años de la tortura que sufrió la periodista, quien utilizó su cuenta en la red social Twitter para señalar que en el caso ha habido corrupción, y recordar el hostigamiento que sufrió, por lo que tuvo que dejar el país.
La periodista fue detenida en 2005 por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Nacif Borge, a causa de la publicación del libro, ‘Los Demonios del Edén’, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.
En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Marín Torres, en las que el entonces gobernador manifestó su apoyo al empresario para imponerle un “correctivo” a la periodista.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), donde se conformó una Comisión Investigadora. Sin embargo, el Pleno se abstuvo de señalar al ex gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.
Ello debido a que supuestamente no se demostró la existencia de una falta grave a los derechos de Cacho Ribeiro, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual, a decir de la SCJN, no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que Suprema Corte concluyó el asunto.
El Pleno de la SCJN indicó que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la periodista, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho Ribeiro.
Sin embargo, el ministro Juan N. Silva Meza, encargado de la Comisión, defendió el dictamen presentado y declaró: “Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.
LA INVESTIGACIÓN DE LYDIA CACHO
La investigación realizada por la periodista retrata una red de trata de personas, prostitución infantil y pederastia, que involucra a empresarios y políticos, lo que que derivó en una denuncia, por calumnias y difamación en contra de la periodista por parte del empresario de origen libanés, primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos ex gobernadores de Quintana Roo.
Cacho Ribeiro fue detenida el 16 de diciembre de 2005, por la entonces Policía Judicial de Puebla, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.
Durante el trayecto de más de 23 horas, la periodista fue sometida a tortura, además de que luego quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado. A pesar de ser la víctima, el 23 de diciembre de 2005 la juez Quinto de lo Penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro, por los delitos de difamación y calumnia.
Sin embargo, tras el pago de una fianza, la periodista consiguió su libertad, pero fue obligada a firmar cada mes. Después, el 17 de enero de 2006, Cacho Ribeiro fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
El 13 de marzo de 2006, la periodista interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).
Meses después de se difundió un audio entre el entonces gobernador de Puebla y Nacif Borge, mismo que mostró su complicidad en la detención de la periodista, tal como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas(ONU-DH), que el pasado 2 de agosto falló a favor de Cacho Ribeiro y exigió al Estado Mexicano reparar integralmente a la comunicadora.
“Ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, aquí en Puebla se respeta la ley, aquí no hay impunidad, no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacer publicidad”, expresó en aquel entonces Marín Torres a Nacif Borge.
UIF DESBLOQUEA 800 MDP DE KAMEL NACIF
El 22 de septiembre del 2020 se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongeló 800 millones de pesos en cuentas congeladas del empresario Kamel Nacif Borge, acusado de corrupción y trata de personas.
Durante la conferencia para presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aseguró que las cuentas millonarias fueron liberadas gracias a una jurisprudencia propuesta por Eduardo Medina Mora Icaza, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicha jurisprudencia, según explicó Nieto Castillo, establece que el boqueo de cuentas por parte de la UIF solo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional y no de una investigación local, aunque ya están tratando de revertir este criterio.
“Hemos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la Suprema Corte, a efecto de que pueda volver a revisarse el criterio. Cabe señalar que Medina Mora en 2016 tenía un criterio completamente opuesto, en donde señalaba la constitucionalidad absoluta del precepto. Para 2018, que cambia el gobierno, cambia su criterio, y tenemos el resultado que ustedes conocen”, indicó el titular de la UIF.
Nieto Castillo explicó que, pese a la existencia de una solicitud internacional contra Nacif Borge, esta especifica: “valore la posibilidad de bloquear cuentas”, por lo que no conceden la suspensión, y en términos fácticos permiten la liberación de las cuentas, además de la posibilidad de que se mueva el recurso a otro país.
“Creo que hay que llamar la atención poderosamente en este hecho, porque esa interpretación de que la solicitud internacional diga expresamente que se bloqueen las cuentas, sería tanto como supeditar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a una instancia internacional o a una instancia extranjera”, refirió el funcionario federal.
