A un día de que entrara en vigor la Ley de la Industria Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, un juez federal otorgó dos suspensiones provisionales a Eoliatec del Pacífico y Zuma Energía, que la habían impugnado.
La determinación de Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, aplica no solo a las empresas que interpusieron las acciones legales, sino a todas las empresas participantes del sector, en aras de “no afectar la competencia y el desarrollo de la industria eléctrica”. Con ello se frenó momentáneamente la aplicación de la nueva norma.
La sentencia emitida el 11 de marzo de 2021, señala que luego de analizar las normas generales reclamadas por las empresas a la Ley de la Industria Eléctrica, se advierte que dichas modificaciones “podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico”.
Expuso que la anterior Ley (la llamada Reforma Energética que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto) tuvo como finalidad establecer un modelo que permitiera garantizar la competencia para que hubiera una mejor condición de generación y abasto de electricidad a precios competitivos, en beneficio de la población.
No obstante, las modificaciones y adiciones establecidas en el decreto promulgado por AMLO, “se alejan de los objetivos de la Reforma Energética, y por ende, son aparentemente contrarios a los artículos 25 y 28 constitucionales”.
“Se estima que las normas reclamadas también podrían producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomentan la producción y el uso de energías convencionales y que desincentivan la producción de energías limpias”, abundó.
El criterio del juez coincide con el que ha tenido (y comparte con su homólogo Rodrigo de la Peza) en contra de la política energética impulsadas por la 4T, ya que ambos han fallado en contra de los cambios a los Certificados de Energías Limpias y el incremento de las tarifas de transmisión que la CFE cobra a productores privados, al considerar que violan la Constitución.
El próximo 18 de marzo, el juez determinará si concede la suspensión definitiva. Entretanto, la autoridad federal podrá impugnar las suspensiones provisionales ante un tribunal colegiado.
