Oficio de la autoridad penitenciaria al fiscal de Jalisco, asegura que se dejaría en libertad al narcotraficante Jesús Héctor Palma y solicitaba información de causas pendientes. El capo enfrenta dos procesos penales, uno por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud en Jalisco, y otro en un Juzgado de Nayarit por el homicidio de dos policías en 1995. En Estados Unidos estuvo preso entre 2007 y 2016 con una condena por narcotráfico. Antes de ser extraditado, entre 1995 y 2004, enfrentó 20 causas penales y solo en tres fue condenado; ninguna por narcotráfico
Un oficio firmado por el director del penal de máxima seguridad Altiplano y dirigido al fiscal general de Jalisco sobre la presunta libertad del narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar, causó revuelo a través de las redes sociales y valió la aclaración -más tarde- del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de que ningún juez ha ordenado la libertad del ex miembro del Cártel de Sinaloa.
Todo inició el jueves 24 de febrero, cuando en redes sociales se filtró la fotografía del oficio PRS/GCCF/CFET/DG001975/2021, signado por Marte Camarena Bahena, director general del Centro Federal de Readaptación Social (Cerefeso) Número 1 Altiplano en el Estado de México, y que a la letra le indica, con mayúsculas, al fiscal jalisciense Gerardo Octavio Solís Gómez:
“POR MEDIO DEL PRESENTE ME ES GRATO SALUDARLE Y A LA VEZ INFORMARLE SOBRE LA LIBERTAD DE LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD HÉCTOR PALMA SALAZAR Y/O HÉCTOR LUIS PALMA SALAZAR Y/O JESÚS HÉCTOR PALMA SALAZAR, QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA”.
El motivo del oficio de la autoridad penitenciaria, es con la finalidad de conocer si la Fiscalía de Jalisco cuenta con alguna orden de aprehensión o mandamiento ministerial pendiente de cumplimentar en contra del ex miembro del Cártel de Sinaloa, así como sus antecedentes penales, para que dicha información sea remitida a través de correo electrónico a la dependencia solicitante.
En el oficio se señala que Palma Salazar, nacido el 25 de agosto de 1962, en Mocorito, Sinaloa, enfrentaba el proceso penal 6/2018 ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Jalisco, por el delito de delincuencia organizada. Los datos del referido comunicado fueron interpretados en medios de comunicación como una posible libertad del “Güero Palma”, por lo menos por lo que ve a esa causa criminal.
El fiscal de Jalisco, confirmó la existencia de la comunicación oficial en rueda de prensa: “Llegó a un correo electrónico de esta dependencia un oficio de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Federal, haciendo referencia a que se había ordenado la libertad del individuo que responde al nombre de Héctor Palma Salazar y/o Héctor Luis Palma Salazar y/o Jesús Héctor Palma Salazar, quien se encuentra recluido en esa Unidad Administrativa, esto es, en ese reclusorio.
“El documento llegó ayer cerca del mediodía pidiendo información respecto de que tuviera alguna causa pendiente acá en este Estado y de inmediato todas las áreas se abocaron a dar puntual respuesta, misma que, en su oportunidad, por los mismos medios en que fue solicitada, en esa misma forma fueron dadas las respuestas. Desde luego es información reservada”, aseguró.
Más tarde, el mismo 24 de febrero, el Consejo de la Judicatura Federal aclaró a través de un comunicado que ningún juzgador ha ordenado la libertad de “Héctor P.” y que el oficio dirigido al fiscal general de Jalisco “que ha circulado públicamente, es ajeno al Poder Judicial de la Federación, y no existe resolución alguna que ordene la puesta en libertad de dicha persona”.
De similar forma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un boletín que refiere que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) no ha recibido orden judicial alguna sobre la posible liberación de la persona privada de la libertad de nombre Héctor “N”. “Dicha persona permanece en el Cefereso Altiplano.
Ambas dependencias aclaran que no se ha ordenado la libertad del narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar, sin embargo, no indican si efectivamente fue absuelto en el proceso penal por el delito de delincuencia organizada, como lo deja entrever el oficio -que sí existe- y por el que podría haberse decretado la libertad, única y exclusivamente, por dicha causa.
Investigaciones de ZETA advierten que “Güero Palma” enfrentaba dos procesos penales luego de ser deportado en junio de 2016 de Estados Unidos, donde compurgó una condena de 16 años de prisión por tráfico de hasta 50 kilos de cocaína, pena que fue disminuida tomando en cuenta los cinco años que estuvo preso en espera de ser extraditado en 2007.
Antes, el hombre que fue detenido en junio de 1995 en Nayarit, cuando cayó la aeronave en la que se dirigía a Guadalajara, libró con éxito 20 procesos en México y solo recibió sentencia condenatoria en otros tres, el último de ellos por los hechos colaterales a la fuga de su compadre Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, el 19 de enero de 2001 del Cefereso Número 2 Occidente en Jalisco.
Palma pudo haber salido del penal de máxima seguridad de Puente Grande en junio de 2002, al cumplir las dos penas con que contaba en esa fecha, pero -para retenerlo- las autoridades federales le fincaron una nueva causa criminal bajo el argumento de dirigía actividades de narcotráfico desde dicho reclusorio.
En 2004 fue exonerado de la imputación, pero para entonces ya le habían dictado y cumplimentado la orden de detención con fines de extradición internacional, procedimiento contra el que luchó jurídicamente los siguientes tres años, hasta que fue remitido a la unión americana, donde se declaró culpable y recibió la condena antes referida.
Al ser deportado, en México le aguardaban dos procesos penales que fueron instruidos en 2012 y 2016, por delincuencia organizada y por un doble homicidio calificado cometido el 18 de mayo de 1995 en el municipio de Xalisco, Nayarit, en agravio del subdirector de la Policía Estatal, Antonio Contreras, y su escolta José Cruz Guerrero. Los hechos ocurrieron sobre la brecha que conduce al poblado de Trigomil, cuando un comando armado emboscó y acribilló a los oficiales.
En el caso de delincuencia organizada, seguido en la causa penal 6/2018 del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco (antes 370/2012 del Juzgado Cuarto del mismo ramo), se acusó a Jesús Héctor Palma de diversos delitos que en procesos separados ya habían sido sentenciados en forma absolutoria entre 1995 y 2004.
Entre otros de los asuntos en los que no se había podido probar la responsabilidad del narcotraficante sinaloense y que le volvieron a ser acumulados en una sola acusación, en 2012, destacan:
- El aseguramiento de 3 mil 288 kilogramos de cocaína, armas y vehículos camuflados con distintivos del Ejército Mexicano el 19 de julio de 1999 en Tecomán, Colima.
- El homicidio de Antonio Contreras, subdirector de la Policía Estatal de Nayarit, perpetrado el 18 de mayo de 1995 en Xalisco, Nayarit.
- El aseguramiento de una avioneta con 12 millones de dólares, en la Sierra de Nayarit, procedente de San Luis Río Colorado, Sonora, el 12 de octubre de 1995.
- El robo de droga en la Subsede de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en San Luis Río Colorado, Sonora, el 21 de mayo de 1997.
- Desde la prisión de Puente Grande, durante el tiempo de encarcelamiento, siguió dirigiendo la organización criminal denominada Cártel de Sinaloa.
Aunque Palma Salazar había sido absuelto de todos estos cargos, un agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), volvió a la carga en 2012, cuando el capo se hallaba preso en Estados Unidos y ofreció diversos medios de prueba (documentales), solicitando se librara orden de aprehensión en contra del “Güero Palma” por la comisión del delito de delincuencia organizada, en la modalidad de cometer delitos contra la salud.
A unos días de que Palma fue liberado en la Unión Americana, el 22 de junio de 2016 el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, libró la orden de aprehensión pedida por la SEIDO, misma que se cumplimentó en el penal Altiplano en Almoloya de Juárez dos días después, y el 1 de julio siguiente le fue dictado el auto de formal prisión.
Jesús Héctor negó los hechos, porque al respecto, dijo, que no conocía a ninguno de los testigos protegidos que depusieron en su contra, ni tampoco a todos los que se involucraron en dichas actuaciones; que estuvo preso desde el 23 de junio de 1995, al año 2007 en el Cefereso 2 en Jalisco, “entonces, era imposible que hubiese participado de alguna manera en algún delito desde dentro de ese penal, ya que las medidas de seguridad existentes en el mismo eran totalmente extremas”. Que antes de que lo extraditaran a Estados Unidos ya había pagado las sentencias que le habían dado condenatoriamente los tribunales, lo extraditaron a aquella nación, lo sentenciaron a 192 meses y “terminé mi sentencia de allá completa, y regreso al país, encontrándome con miles de injusticias”.